Quizá por eso asistimos en los últimos días a un escandaloso intento de censura de cualquier imagen sobre los malos tratos que algunos inmigrantes están recibiendo al intentar entrar en España. Algo no estará haciendo bien el Ministerio del Interior cuando tiene miedo de que los ciudadanos lo veamos.Mientras el mundo entero asiste con preocupación y vergüenza a las imágenes, más propias del blanco y negro que de la televisión digital, de los abusos que la policía comete contra los individuos de raza negra en el anquilosado sur de Estados Unidos, en España toda la obsesión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evitar que en nuestras pantallas podamos ver cómo a veces ellos, y otras veces la Gendarmería marroquí (pero en suelo español), se ensañaba con seres que, con independencia del mencionado derecho a la defensa de las fronteras, no merecen ser tratados de esa forma cuando llegan exhaustos tras viajes que en ocasiones duran años, fruto de la desesperación que provoca la miseria y de la instintiva esperanza de gozar de una vida mejor en la rica Europa.

Repito, cada país tiene derecho de proteger y vigilar sus fronteras, y aprueba leyes para ello. El problema es cuando ni siquiera respeta sus propias normas a la hora de impedir la entrada de inmigrantes, como ocurre con las denominadas ‘devoluciones en caliente’. La legislación española, que ni mucho menos es perfecta, otorga algunos derechos al inmigrante clandestino que los mandos de Interior (quede claro que los agentes cumplen órdenes en la práctica totalidad de los casos) violan sistemáticamente, aprovechándose muchas veces del desconocimiento que tienen los propios inmigrantes.

Sólo, entonces, la labor de las ONG y de algunos periodistas (a pesar de lo denostada que está esta profesión por la mala praxis de unos pocos) se interpone a este atropello, un gran inconveniente para el Estado que parece decidido a silenciar testimonios y tapar objetivos.

Es bochornoso ver cómo un cámara apela a la Constitución para poder grabar la deleznable actuación de un grupo de guardias civiles mientras uno de ellos le responde con toda su cara dura que a él le da igual lo que diga la Carta Magna. Pues no debería, señor agente.

Ya el ominoso proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana preveía sanciones para el que fuera testigo con su cámara de la actuación policial, algo que genera impunidad y que los propios agentes deberían rechazar, pues supone arrojar sospechas a su trabajo, correcto en la mayoría de los casos.

La presión contra los periodistas gráficos se ceba estos días en las fronteras meridionales de España, y es deber de la opinión pública y, en especial de los que nos dedicamos a esto de la información, denunciar abiertamente este abuso y tornar la presión hacia el Gobierno, para que deje de perseguir la libertad de prensa (es lo que hace en este asunto) y se avenga al ordenamiento jurídico emanado de las Cortes Generales que la soberanía popular ha elegido.