El cedro sudamericano, el cebil y hasta el duro quebracho… Ninguna de las especies autóctonas resiste la mordedura de las herramientas traídas de Suecia o Canadá.

Y los resultados están a la vista; donde antes crecía el bosque nativo ahora prosperan el maíz, el algodón y sobre todo la soja, la reina de los cultivos industriales.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SA y DS) en los dos últimos años la zona septentrional ha perdido más de un millón de hectáreas de bosque nativo, pese a las normas que se han promulgado para su protección.

En vez de disuadirlos, la Ley de Bosques, aprobada en 2007, ha surtido el efecto contrario en quienes la transgreden. Entre 2006 y 2011 la deforestación superó en un 50% a la del período comprendido entre 1998 y 2001, cuando no existían reglas para sancionar la tala y la quema indiscriminada de bosques.

El gobierno no puede alegar desconocimiento de los hechos, ya que el citado informe –un expediente de 200 páginas con profusión de mapas y estadísticas- llegó al despacho de Cristina Kirchner en junio de 2007, según fuentes oficiales.

Hasta ahora la presidenta y ninguno de sus funcionarios han dado respuesta a este problema que atenta contra la biodiversidad, la atmósfera (por el aumento de los gases de efecto invernadero), la conservación de los suelos frente a la erosión y hasta contra la supervivencia de los habitantes.

La tasa de deforestación es directamente proporcional a la distancia entre los bosques y la capital, de modo que los ecosistemas más afectados son los bosques de la provincia de Chaco, la selva de Misiones y la selva tucumano-boliviana, reducida a ciertos núcleos de la provincia de Salta.

La deforestación y la extensión de la frontera agrícola han tenido un efecto devastador en los pueblos originarios.

Juan Carlos Villalonga, presidente de la organización ecológica de Los Verdes, sostiene que el avance de la soja sobre los bosques trajo consigo el desalojo creciente de las comunidades originarias y de los pequeños campesinos.

“Los que no aceptan el soborno de las empresas agropecuarias, los que elevan petitciones o se encadenan a los árboles centenarios, juegan con sus vidas”, señala el activista.

 

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