A pesar de varios decepcionantes retrocesos en 2012, continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte; es la conclusión a la que llega Amnistía Internacional en su examen anual de las condenas a muerte y ejecuciones.
Hoy, los gobiernos representados en las Naciones Unidas (ONU) han aprobado prácticamente por unanimidad un Tratado sobre el Comercio de Armas que prohibirá a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.
Amnistía Internacional denuncia reformas legislativas, prácticas y políticas discriminatorias de las autoridades hacia personas extranjeras porque pueden vulnerar derechos humanos y suponen un paso atrás en la lucha contra el racismo.
Amnistía Internacional presenta dos nuevos informes sobre la situación en Siria; uno de ellos centrado en las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales y otro en los abusos cometidos por los grupos armados de oposición.
Diez años después de la invasión encabezada por Estados Unidos que derrocó al brutal régimen de Sadam Husein, Irak continúa enredado en un sombrío círculo de abusos contra los derechos humanos, que incluyen ataques contra civiles, tortura de detenidos y juicios injustos.
A punto de cumplirse cien días de su mandato, las pocas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de derechos humanos simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México.
Siete saudíes de veintitantos años serán ejecutados mañana 5 de marzo; el rey ratificó sus condenas de muerte en febrero.
Los legisladores indios deben enmendar sustancialmente o sustituir la nueva legislación penal sobre violencia contra las mujeres en la próxima sesión presupuestaria del Parlamento, han dicho hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El 3 de febrero de 2013, el presidente de India, Pranab Mukherjee, firmó la Ordenanza de 2013 de Enmienda de la Legislación Penal, que modifica las leyes penales vigentes, a raíz de las protestas generalizadas en todo el país por parte de grupos de derechos humanos y derechos de las mujeres.
La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, hace un llamamiento a realizar una mejora integral al proyecto de ley de transparencia ya que, de aprobarse como está, perpetuará la opacidad que rige la vida pública española. También exige que no se excluya del debate a una sociedad civil que lleva desde 2006 divulgando sus planteamientos de manera estructurada.
La lucha contra la pobreza, el fin de las violaciones de derechos humanos y el respeto al medio ambiente deben ser una prioridad del Gobierno.
