La Responsabilidad Social implica ante todo eso, compromiso y con su incidencia en múltiples frentes se puede provocar su efecto multiplicador.

Recientemente hemos tenido conocimiento por diversas vías, de las retribuciones de los Consejeros de algunas entidades bancarias y de la negativa de otros a que se hicieran públicas.

Por un lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó el pasado día 29 de diciembre el Informe de gobierno corporativo de las empresas cotizadas correspondiente al ejercicio 2010. Previamente COMFIA  había hecho lo propio con su informe sobre retribuciones en el sector bancario y su misiva al Banco de España.

“Las recomendaciones con las que menos cumplen son las relativas al régimen de aprobación y transparencia de las retribuciones de los consejos”, decía el primero; esto es, la Recomendación 40 que establece que el Consejo someta a la junta un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros y la 41 que establece que se detallen las retribuciones de forma individualizada en la memoria.

Otras de sus conclusiones eran éstas:

  • Los consejeros y los miembros de la alta dirección cobraron en 2010 de media 33 veces y 59 veces más respectivamente, que lo que gana al año una persona con el salario mínimo interprofesional.
  • Los consejeros ejecutivos cobran 132 veces más que los trabajadores con Salario mínimo Interprofesional.
  • La retribución media por miembros de la alta dirección fue de 454.713 euros, un 9,1% más respecto a 2009.
  • En las Cajas de Ahorro la remuneración de la cúpula directiva superó en un 6,6% más la retribución respecto a 2009 –año y medio después de la crisis-, alcanzando una media de 2,8 millones de euros por entidad.

Junto a ello,  el BOE publicaba el viernes 4 de diciembre la Circular 4/2011, de 30 de noviembre, del Banco de España, referente a la determinación y control de los recursos propios mínimos, según la cual imponía a las entidades que hubieran recibido ayudas públicas para su restructuración o saneamiento la publicación de los sueldos de sus consejeros y alta dirección.

La circular suponía un extraño ejercicio de transparencia pues no sólo quedaban fuera de ella las cajas de ahorros que recibieron dinero público a raíz de su intervención, sino que además, se amparaba bajo la Ley de Protección de Datos a todos los que se negaran a facilitar sus retribuciones. Al final 55 consejeros no las hicieron públicas (El Economista, 3 de enero 2012).

Finalmente, el pasado 5 de enero el Gobierno acordó solicitar al Banco de España información relativa a la “adecuación” de las retribuciones de la cúpula de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas. Con todo, los directivos que gestionan los siete grupos de cajas que recibieron dinero público -un total de 17.000 millones- percibieron por su trabajo cerca de 80 millones de euros en 2011.

Aunque veremos en breve los resultados de este requerimiento, y dejando al margen valoraciones políticas, tres apuntes para los acuciantes propósitos de nuestra RSE en medio de la crisis:

1) El sector bancario, debe empezar a construir la RSE por los cimientos del compromiso de sus consejeros.

Cuando parece que se nos están agotando las opciones para equilibrar los balances y mermar costes y la “racionalización del gasto”, los “ajustes presupuestarios” y los “recortes salariales” se han convertido en el pan nuestro de cada día, el buen gobierno de estas entidades ha de ser prioritario y la cúspide de su pirámide de la RSE. El hecho de que la crisis haya nacido en el sector bancario añade agravio a la dureza de los ajustes que está padeciendo el ciudadano de a pie.

Un ejercicio de transparencia bien entendida con políticas salariales ligadas a la sostenibilidad iría sin duda en la buena dirección.

2) Pero al mismo tiempo, los procesos de restructuración y de exigencia de mayor solvencia que se están llevando a cabo a nivel mundial constituyen una oportunidad para promover incentivos a la responsabilidad social.

La estructura y la normativa del sector bancario han propiciado una posición de desequilibrio estructural para el consumidor, mucho más aguda que en otros ámbitos. Sin embargo, la mínima competencia, los tecnicismos de la contratación, y una sociedad bancarizada, aseguraban una posición de dominio, reforzada por la política de fusiones que garantizaba la inmunidad bancaria de un lado, y unos clientes “cautivos”, de otro.

No obstante este panorama, se atisban algunos vientos de cambio.  Junto al activismo accionarial, se están llevando a cabo medidas en ámbitos distintos que van a contribuir a imponer más disciplina a los bancos de cara a sus clientes (en especial pymes y personas físicas). El banco que sepa adelantarse a ellas, innovando socialmente, ganará sin duda ventajas competitivas en el mercado de la RSE.

No me refiero ya a las mayores exigencias de capitalización, o de saneamiento de activos tóxicos, sino a medidas con mayor incidencia directa en los clientes minoristas que siempre son los más vulnerables.

  • En el Reino Unido la reforma del sector bancario propuesta por el informe Vickers en septiembre pasado, recomienda entre otras medidas, una mayor protección de los clientes minoristas, separando las actividades bancarias de inversión y comerciales. Con la separación propuesta, los negocios de la banca minorista, quedarían aislados de las consecuencias de las operaciones de alto riesgo de la banca de inversión. Los bancos minoristas operarían entonces como entidades jurídicas independientes y en el marco de un sistema de regulación diferente. Otra recomendación, en este caso para mejorar la competencia en el sector, será introducir medidas para facilitar a los consumidores el traslado de sus cuentas de una entidad a otra, la portabilidad de la cuenta bancaria.
  • También en el Reino Unido, el epicentro del mundo financiero, David Cameron tiene intención de otorgar a los accionistas derecho de veto efectivo sobre los salarios de los ejecutivos. Así en el informe elaborado por la High Pay Commission se establecen 12 recomendaciones para hacer frente a la espiral de crecimiento de los salarios de este colectivo,  entre ellas: un mayor transparencia en el cálculo para poner fin al “coto cerrado” de las decisiones salariales; la participación de los empleados y otros grupos de interés en los comités de remuneración y la obligación de que las empresas publiquen una relación entre los salarios de los altos ejecutivos y el trabajador medio.

3) Pero hay más. Este desfase puede hacer mella en sus depósitos. En una noticia aparecida hoy mismo en el diario CincoDías las cajas de ahorros que se beneficiaron de ayudas del FROB han sufrido una fuerte salida de ahorro de sus clientes, perdiendo tres de los seis grupos que han tenido préstamos del FROB, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 10.892 millones de euros en depósitos en 10 meses. Entre las causas, junto a la guerra del pasivo, se apuntan tanto la pérdida de confianza de su clientela por su frágil situación como “el escándalo de las retribuciones de sus directivos”.

4) Si bien las recomendaciones anteriores tienen distinto calado y tardarán, si lo logran, en imponerse, pueden surgir también otros incentivos a la sostenibilidad. El mayor activismo de los grupos de interés se está manifestando en las Acciones legales colectivas. Estas acciones comienzan a ser mas frecuentes en España y son siempre muy atractivas para los despachos de abogados bien por su notoriedad bien por el montante económico asociado.

Tal es el caso de la demanda interpuesta por la Agencia Federal de la Vivienda en EEUU contra Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Citigroup, Nomura y hasta 17 grupos financieros, por provocar pérdidas de 41.000 millones de dólares al considerar que estos bancos mintieron sobre la calidad de los paquetes de deuda hipotecaria que vendían a dos entidades prestamistas públicas Freddie Mac y Fannie Mae. O las demandas pendientes en distintas jurisdicciones y tanto a título individual como colectivo, por inversiones en fondos afectados por la estafa Madoff.

5) Finalmente, estos movimientos deberían arrastrar hacia una mayor disciplina del sector financiero público. Teóricamente, el argumento dado por el gobierno español para que se justifique la adecuación de las remuneraciones de los consejeros, es la aportación realizada por el FROB. Ahora bien, es el regulador bancario, el Banco de España el que ha aprobado las intervenciones y la aportación del FROB, y por tanto conoce los salarios de todas las entidades….Siendo coherentes, esta transparencia debería extenderse por tanto, a la actividad de otras empresas que reciben préstamos de otras instituciones públicas como el ICO, o CESCE. Esperemos que el gobierno sea coherente y extienda la política de transparencia y de Responsabilidad social a estas entidades.

Como indicara Francisco Uría recientemente a propósito de las medidas de restructuración bancaria: ”el sector financiero es una gran industria nacional en términos de contribución al PIB, innovación, proyección internacional y empleo cualificado. Si se acierta con las medidas que hay que adoptar, cooperará de forma relevante a la recuperación de la economía española”. Yo añadiría en el ámbito que nos compete, algo más. Dada la enorme responsabilidad que ha tenido el sector bancario en la actual crisis financiera, el ejemplo de sus directivos es clave para recuperar la confianza de nuestra economía y la credibilidad de sus políticas de RSE.

Los bancos que se signifiquen por eso, contribuirán sin duda a recuperar la maltrecha confianza de sus consumidores, en nuestra economía y de la sociedad en general.