“No es de recibo que 40 años después del golpe militar continúen existiendo dificultades para la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Chile. La Ley de Amnistía sigue protegiendo a los violadores con inmunidad procesal, continúa habiendo largos retrasos en las actuaciones judiciales y las condenas no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas o sometidas a desaparición. Según cifras oficiales, el número de personas desaparecidas o asesinadas en Chile entre 1973 y 1990 superó las 3.000, y cerca de 40.000 personas sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos o la tortura.
El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978, exime de responsabilidad penal a todas las personas que cometieron violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Si bien algunas sentencias judiciales han eludido la aplicación de esta ley de amnistía, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
“Las autoridades chilenas deben abordar el legado de abusos graves y generalizados perpetrados en el pasado, abolir de inmediato la ley de amnistía, cuya mera existencia es una afrenta para las miles de víctimas del régimen de Pinochet y para sus familiares, y garantizar que todas las violaciones de derechos humanos se ven en tribunales ordinarios”, ha dicho Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile.
Hasta la fecha, al menos 262 personas han sido condenadas por violaciones de derechos humanos, y hay abiertos más de 1.100 procedimientos judiciales.
“Gracias a la lucha incansable de muchas de las víctimas y de sus familiares, así como de unos cuantos valientes fiscales y jueces, algunos de los responsables de estos crímenes han comparecido ante la justicia. Ya es hora de que las autoridades introduzcan todas las reformas necesarias para garantizar que jamás vuelvan a suceder violaciones de tal gravedad”, ha dicho Guadalupe Marengo.
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