El acuerdo firmado llevó a que Ecuador retirara la demanda que había presentado en 2008 ante el tribunal con sede en La Haya.

Colombia deberá pagar una indemnización de 15 millones de dólares, que se invertirán en la zona ecuatoriana afectada por las aspersiones con una mezcla del herbicida glifosato que se realizaron sobre cultivos colombianos de coca, materia prima de la cocaína. Pero aún no se ha explicado cómo ni en qué tiempo se realizarán esas inversiones.

Bogotá se compromete asimismo a no realizar fumigaciones aéreas durante un año, desde la firma del acuerdo, en una franja de 10 kilómetros “en la frontera de los departamentos de Putumayo y Nariño en (el sudoeste de) Colombia, en donde existe presencia de cultivos ilícitos, que linda con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, en (el norte de) Ecuador”.

Pero esa franja de 10 kilómetros podrá de hecho reducirse a cinco y a dos kilómetros, al cabo de dos años, según las condiciones que se explicitan.

Del mismo modo se procederá para reducir, transcurrido otro año, la zona de exclusión a una franja de dos kilómetros.

Allí radica la principal preocupación de los afectados por el glifosato.

Achicar la zona de exclusión a dos kilómetros es “algo injusto, pero el acuerdo ya se firmó y, como se hizo de gobierno a gobierno, nosotros nos quedamos cortos, pero seguimos en la lucha”, dijo a IPS el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), Daniel Alarcón.

El acuerdo entonces no implica una solución definitiva porque “seguirán fumigando cerca de nosotros”, dijo.

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