Al final de una semana intensa, el borrador del Informe y las Recomendaciones finales del Presidente-Relator del grupo de trabajo, el Embajador Guillaume Long, Representante Permanente del Ecuador en Ginebra, se aprobaron por consenso y se someterán a un proceso de consulta abierta hasta finales de febrero, y, junto con los resultados de las sesiones de 2015 y 2016, formarán la base para desarrollar el borrador para la cuarta sesión del grupo de trabajo en 2018..

Este espacio de debate ha estado liderado por la sociedad civil, que ha organizado numerosas campañas de sensibilización y protesta, aportando su solidaridad y dando una visibilidad que no suele llegar a los países desarrollados, con el control y la agenda de los grandes medios de comunicación, a la resistencia y las luchas contra las corporaciones transnacionales.

El respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas, se ha movido hasta ahora, al igual que la Responsabilidad Social Corporativa, en un espacio de declaraciones de buena voluntad, tan laxas como voluntarias e ineficaces, y con el doble estándar de su aplicación más o menos respetada en los países desarrollados y violaciones flagrantes en los países del sur.

De ahí que el movimiento activista a favor de un Tratado Vinculante demande pautas concretas y obligatorias para su implementación y monitoreo, un tratado legalmente vinculante que pueda responsabilizar a las corporaciones, poner fin a su impunidad por violaciones de los derechos humanos y los crímenes ambientales, y dar a las víctimas acceso a la justicia.

Los desequilibrios son claros. Existen ya miles de acuerdos de inversión jurídicamente vinculantes para proteger los intereses de las empresas transnacionales en el extranjero, pero no hay ningún tratado que los obligue a rendir cuentas. Del mismo modo, las delegaciones nacionales se han mostrado solícitas para presentar ante la CNUDMI, otro órgano de la ONU, la propuesta de un Tribunal Multilateral de Inversiones que podría una vez más consagrar los derechos de los inversores de forma jurídicamente vinculante, sin obligaciones. Del mismo modo, un tribunal internacional en materia de DDHH, debería tener la competencia para recibir, investigar y juzgar las denuncias contra las ETN por violaciones y abusos de los derechos humanos y ambientales. Las empresas transnacionales, incluida la garantía de reparación total e imposición de sanciones a las ETN y sus administradores. Los fallos y sanciones de este tribunal deben ser exigibles y jurídicamente vinculantes.

Del mismo modo, es irónico que las empresas se nieguen a ser legalmente responsables en un momento en que buscan obtener más derechos y protección en los acuerdos comerciales internacionales.

Así mismo, la Unión Europea ha mostrado mucha ambición en el avance de este proyecto, realizando presentaciones y campañas de prensa en todo el mundo para explicar sus propuestas. También se ha estimado que contribuiría con € 5,4 millones anuales a la operación del nuevo tribunal corporativo. ¿Por qué no invertir este tiempo, energía y dinero en el establecimiento de un tratado de la ONU?

Del mismo modo, es irónico que las empresas se nieguen a ser legalmente responsables en un momento en que buscan obtener más derechos y protección en los acuerdos comerciales internacionales.
Algunos países europeos ya lideran el cambio hacia otro modelo. Francia, con su ley sobre el deber de cuidado de las empresas matrices hacia las personas afectadas por sus subsidiarias y proveedores en el extranjero que establece la responsabilidad civil y penal para las empresas con sede en Francia en caso de violaciones de derechos humanos en el extranjero y que además, revierte la carga de la prueba, lo que hace a las empresas responsables de demostrar que han aplicado las medidas necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos.

En Alemania, el gobierno planea reexaminar su legislación sobre responsabilidad corporativa como consecuencia del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que el país desarrolló en 2016. En Suiza, la asociación Initiative Pour Des Multinationales Responsables lanzó un programa sobre responsabilidad social corporativa y el Consejo Federal planea redactar un informe sobre el acceso de las víctimas a recursos para violaciones corporativas de los derechos humanos. Otras iniciativas, abordan casos concretos: así, Australia y el Reino Unido, ya disponen de leyes contra la esclavitud moderna y el trabajo forzoso.

En otros casos, la falta de leyes adecuadas sobre la responsabilidad de las empresas matrices, las víctimas y sus representantes han tomado medidas contra las empresas por “prácticas comerciales engañosas”. El propósito ha sido denunciar la contradicción entre las declaraciones públicas de las empresas sobre sus compromisos ambientales y sociales y sus prácticas. Un caso interesante fue el de Auchan (Alcampo en su filial española). En abril de 2014, varias ONG afirmaron que Auchan había mentido a los consumidores sobre las condiciones laborales en sus fábricas en el extranjero después de que se descubrieran etiquetas para su marca de ropa “In Extenso” entre los escombros de la fábrica de Rana Plaza en Bangladesh tras la tragedia de abril de 2013. Auchan rechazó las acusaciones. En enero de 2015, los tribunales franceses desestimaron la denuncia.

En todo caso, existe un amplio espacio de actuación política y legal. Desde el acceso a un fondo para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas como proponen los abogados del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown, la Universidad Erasmus, Pels Rijcken y las Cámaras Doughty Street, hasta nuevas formas de resolución de disputas a nivel local, innovar probando nuevos modelos de consulta, mediación, arbitraje y litigación, mecanismos tecnológicos de observación del desempeño y trazabilidad de la cadena de valor, proporcionados por las políticas de transparencia empresarial (especialmente interesantes en comunidades y ubicaciones remotas), la creación de seguros de empresa al servicio de las comunidades locales, el mapeo de casos y soluciones así como de instituciones de ayuda, un canal online de denuncias a nivel global, programas de capacitación, paneles de mediación, etc.

En un complejo debate legal y político, las voces de las víctimas todavía no se escuchan con claridad y corren el riesgo de ser ahogadas. Las organizaciones de la sociedad pueden tomar la iniciativa y proponer procedimientos de protección, acceso a la justicia y reparación, pero las corporaciones deben contribuir en el diseño de procedimientos robustos de quejas a nivel corporativo, que puedan amortiguar las criticas sobre su equidad y transparencia, abandonando de una vez los instrumentos de soft law; y los estados deben eliminar las barreras institucionales para dar voz a las víctimas de violaciones de derechos humanos y activar mecanismos efectivos para la presentación de quejas y casos ante tribunales por daños más graves.

Hasta ahora, la posición de la UE ha sido decepcionante al oponerse a una cuarta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental en 2018 y la propuesta de tener sólo consultas sobre el proceso. La Unión Europea tiene un papel importante que desempeñar en las próximas negociaciones, especialmente en un momento de creciente aislacionismo y falta de liderazgo.

La retirada de la UE en la defensa de la sostenibilidad y los Derechos Humanos, se ha puesto de manifiesto tristemente en el Libro Blanco sobre escenarios para Europa en el 2025, donde sólo el cambio climático tiene una presencia testimonial en el diseño de los futuros escenarios de acción. Los marcos que se plantean en el Libro Blanco no auguran un avance en esa dirección, más bien al contrario: la crisis de valores en la UE no se relaciona con el cuestionamiento de la confianza y la legitimidad, con el aumento de la desigualdad en un mundo en constante cambio, con la retórica nacionalista y populista. La falta de peso relativo de la UE en el mundo y la desafección en el seno de la UE, dependen de forma crítica del valor y la autoridad con que sepamos defender nuestros propios principios. Europa necesita liderar este compromiso o perderemos el tren definitivamente.