Con motivo del Día Internacional de la Tierra, que se celebra hoy 22 de abril, queremos llamar la atención sobre la fuerte y creciente presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales, agrícolas o hídricos en el mundo y la lucha por su control que genera además de degradación ambiental, tensión, conflictos, violencia y desplazamientos forzosos. Las personas y comunidades que habitan zonas explotadas ven vulnerados muchos de sus derechos humanos. La mayoría de los países ricos en recursos naturales tienen los índices de pobreza más altos, los niveles de educación más bajos, y el mayor número de conflictos violentos, recurrentes y complejos. Al menos en 8 de los 15 países más violentos del mundo los recursos naturales han desempeñado un papel clave en el conflicto.

Vulneración del derecho a la educación

Uno de esos derechos vulnerados es el derecho  a la educación. De los 40 conflictos que entre 1999 y 2013 han conllevado ataques directos a la educación más de la mitad estaban vinculados con los recursos naturales. Dos tercios de los niños y niñas sin escolarizar viven en países ricos en recursos naturales cuyos presupuestos en educación son inferiores al 3% y,  en la última década, el 87% de las personas desplazadas en el mundo procedían de zonas de explotación minera y petrolera. El desplazamiento y el refugio son factores de riesgo para el abandono escolar y la pérdida de oportunidades educativas: sólo la mitad de la infancia refugiada  está escolarizada en primaria y una cuarta parte en secundaria. Una educación de calidad, fundamentada en el respeto hacia los pueblos indígenas y sus derechos y que potencie un desarrollo sostenible, acorde con la justicia socio-ambiental, es esencial para la adecuada gestión de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la construcción de la paz y el cumplimiento de los demás derechos humanos.

Situación en la Amazonía

La explotación irresponsable de los recursos naturales en muchas ocasiones afecta también a la subsistencia y medios de vida de las poblaciones locales en muchos lugares del mundo. Uno de esos lugares es la Amazonía, un territorio clave para el continente americano y para la Humanidad en su conjunto pero que sin embargo se encuentra lleno de vidas y ecosistemas heridos. Son muy habituales las prácticas mercantilistas que no tienen en cuenta las poblaciones ni la biodiversidad y donde los Estados no dan respuesta suficiente a dichas situaciones, de manera que que prima el beneficio económico de las grandes corporaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y la protección del Planeta. Entreculturas, junto al Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), trabaja desde hace más de 10 años en Alto Marañón del Perú, territorio ancestral de los pueblos indígenas Awajun y Wampis formados por unas 50.000 personas.

Derrame de crudo en Barrancabermeja, Lizama 158

 Desde la terrible época de explotación del caucho, hace más de 70 años, que causó atrocidades ecológicas y miles de muertes humanas, la historia de depredación y violencia no ha parado; sigue provocando conflictos, desastres ecológicos, violaciones de derechos humanos, pobreza y muerte. Recientemente se ha vivido en este continente un ejemplo de los riesgos que entraña la explotación de recursos naturales para las poblaciones locales con el derrame de crudo del pozo la Lizma 158 gestionado por Ecopetrol en La Fortuna de Barrancabermeja, Colombia. Los vertidos han alcanzado las aguas de Caño Lizama donde Entreculturas trabaja con la población local junto al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Dichos vertidos han dejado a su paso un panorama devastador y a diario la comunidad encuentra centenares de peces flotando entre las espesas aguas negras. Para la población local la situación es dramática puesto que viven de la pesca y se ve comprometida su seguridad alimentaria, el suministro de agua potable y la diversidad del ecosistema en el que fundamentan su estilo de vida. El riesgo de que supone la falta de agua y de alimento compromete el derecho a la educación de los niños y niñas de la comunidad. María del Carmen Muñoz Sáenz, Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del Cinep comenta que “Tal vez una de las preguntas de fondo que nos tendríamos que hacer los colombianos, a propósito de esta emergencia,  es si esta no es una alerta que indica que hay que cambiar la forma de proveernos de energía, avanzando hacia energía limpia. Eso sí, siendo conscientes de que estos cambios no se dan de un día para otro”.