Yasunidos pretendía que se sometiera a votación la extracción de crudo del subsuelo del bloque ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) impulsada por el presidente Rafael Correa tras el fracaso de un proyecto para dejar el petróleo bajo tierra a cambio de apoyo económico internacional.

Pero las firmas recolectadas por el movimiento ambientalista para promover la consulta popular no llegaron al 5% del padrón electoral, como exige el reglamento que regula la convocatoria de estas votaciones, ya que el CNE sólo declaró como válidas 359.761 de las 583.324 necesarias.

El asunto, sin embargo, no parece haber terminado con la verificación de las firmas y el correspondiente informe del CNE, ya que los ‘yasunidos’, que aseguran que presentaron más de 700.000 firmas, anuncian movilizaciones y estudian presentar recursos en instancias nacionales e internacionales, algo a lo que el órgano electoral no parece tener miedo.

Según el CNE, se hallaron autógrafos de dirigentes de Yasunidos repetidos hasta nueve veces, números de cédula incompletos, documentos de identidad sin nombre, firmas de personajes de ficción, signos musicales y otros símbolos, como ‘caritas felices’.

Paredes señala que esto “es para sentir vergüenza” y constituye “una falta de respeto al Estado, una falta de respeto a la dignidad del Consejo Nacional Electoral”, que ha anunciado que emprenderá las acciones legales pertinentes para que no se repitan irregularidades de este tipo.

Pero, si el CNE denuncia irregularidades en la presentación de las firmas, sus promotores contraatacan con una estrategia parecida y aseguran que el proceso fue irregular desde el momento en que presentaron los formularios con las firmas y se rompió la cadena de custodia de las cajas que contenían documentos.

“Hubo 38 grafólogos que calificaron 600.000 firmas en 4 días. ¡3 firmas por minuto!”, dijeron, por otra parte, los Yasunidos en su cuenta de Twitter, donde se quejaron, además, de que supuestamente se introdujeron formularios ajenos y de que personal del CNE trabajaba hasta la madrugada en el proceso, sin supervisión.

Los activistas, que denuncian también la anulación arbitraria de formularios, exigen que el CNE publique los nombres y firmas que no fueron aceptados.

Las discrepancias, pues, son profundas en este debate pero, mientras el Ejecutivo parece decidido a seguir adelante con su proyecto de extracción petrolera, todo indica que restan por escribirse nuevos capítulos en esta historia de desacuerdos entre el Gobierno y los activistas en la que el órgano electoral, dirigido por un exfuncionario del Gobierno, tiene el papel de árbitro.

canalazul24.com