La elección de Jimmy Morales como presidente de Guatemala el pasado octubre pone fin a un ciclo político que se abría en abril con el salto a la opinión pública del caso “La Línea”, en lo que se ha articulado como un episodio excepcional en la historia reciente del país. Pero una vez finalizada la campaña electoral, es el momento de plasmar las consignas y eslóganes en hechos concretos. Y es que Guatemala, que iniciará su Octava Legislatura el 14 de enero de 2016, enfrenta un futuro inmediato en la que los interrogantes pesan más que las certezas. ¿Cuáles son los desafíos del Presidente?

A pesar de ser considerada la primera economía centroamericana, no cabe duda de que la desigualdad que padece la sociedad guatemalteca es uno de los principales retos que encara el recién electo presidente. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, Guatemala es el tercer país de la región cuya población se encuentra más expuesta a la pobreza multidimensional (70,3%), solo detrás de Nicaragua (74,1%) y Honduras (70,5%). Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística guatemalteco apunta que en 2011 el 53,7 % de la población del país vivía bajo la pobreza, y un 13,3% lo hizo bajo pobreza extrema. Esta situación es especialmente grave en el ámbito rural, tal y como revela el Mapa de Pobreza 2011 publicado por este mismo organismo. Todo ello incide de forma más intensa entre la población indígena, estando un 73% de esta expuesta a la pobreza, situación particularmente grave en las regiones occidentales del país.

En contraposición a los niveles de pobreza, la mayoría de las prospecciones macroeconómicas auguran en el corto plazo un clima positivo para Guatemala, dependiente en gran medida de la evolución de su principal socio comercial, Estados Unidos. No obstante, determinados problemas estructurales dificultan en gran medida que los esfuerzos institucionales puedan estar a la altura de las problemáticas del país. Tal y como la OECD pone de relieve, Guatemala solo obtuvo ingresos tributarios equivalentes al 13% de su PIB, ocupando el último puesto de toda América Latina y el Caribe, lo cual se ha agravado durante el último año debido a, entre otras razones, a la defraudación aduanera y al descenso de la recaudación por medio del IVA. A ello se le agrega el fuerte endeudamiento producido bajo la presidencia de Pérez Molina y la aprobación de unos presupuestos para 2016 que ya han recibido las críticas tanto de ciertas fuerzas políticas como de la patronal guatemalteca o la misma UNICEF, y que de cumplirse redundarían en un saldo de deuda pública de 134.393 millones de quetzales guatemaltecos (unos 16.000 millones de euros), superior en un 7,72% al saldo de cierre de 2015. En consecuencia, a sabiendas de que estos presupuestos limitan profundamente su margen de acción, Morales enfrenta antes de formar gobierno el más urgente de sus desafíos: establecer mecanismos de dialogo con el Congreso para renegociar en su práctica totalidad los presupuestos que regirán el primer año de su legislatura, lo que a buen seguro le llevará ante la necesidad de realizar concesiones a las fuerzas políticas con mayor presencia en la cámara.

Esta falta de medios presupuestarios que enfrenta el nuevo Ejecutivo pone en riesgo el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas en Guatemala, cuestiones fundamentales no solo para atajar los acuciantes problemas de desigualdad existentes en el país, sino también la aguda criminalidad. Según fuentes gubernamentales, en Guatemala se dieron en 2014 un total de 4.998 muertes violentas, por lo que con una tasa de homicidios de 31,62 por cada 100.000 habitantes, se posiciona como uno de los países más violentos no solo de América Central, sino de todo el mundo. Al mismo tiempo, el fenómeno de la criminalidad tiene un efecto fuertemente nocivo sobre la economía del país. El Banco Mundial estima que el costo general de la violencia podría suponer un 7,7% del PIB de Guatemala, incrementándose este último en un 5,2% en caso de que las tasas de homicidio se vieran disminuidas hasta los niveles de Costa Rica. Aunque una parte considerable de la criminalidad viene vinculada a la actividad de pandillas juveniles como Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, lo cierto es que la carencia de datos empíricos acerca de la magnitud concreta de estas organizaciones dificulta enormemente cuantificar con precisión su peso en los actos de violencia que acaecen en el país. La carencia de seguridad ciudadana responde en realidad a una multiplicidad de actores de diferente naturaleza y procedencia que se encuentran estrechamente interrelacionados. Sin embargo, las declaraciones de Jimmy Morales apuntan a que la política del nuevo Gobierno se fundamentará en el fortalecimiento de la fuerza policial.

Cuestión especialmente trascendental en lo que a criminalidad se refiere es la creciente actividad de los cárteles foráneos y autóctonos en territorio guatemalteco. Situado geográficamente entre los principales productores de cocaína y Estados Unidos, el país se articula como una zona de tránsito obligado para las 400 toneladas métricas de esta droga que anualmente atraviesan Guatemala. Por ello, y tratándose de un país que no tiene una producción propia relevante, se articula como un área de interés para los cárteles, que hacen uso de las maras para las actividades de distribución y sicariato. A esto se le agrega la existencia de los denominados “Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad” formados por personal retirado o en activo de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia gubernamentales, estrechamente vinculados al narcotráfico, cuya investigación forma parte del mandato de la CICIG.

El vínculo entre estas organizaciones criminales y las fuerzas políticas guatemaltecas ha dado lugar al fenómeno de la narcopolítica en el país. De forma semejante a Estados como México o Colombia, la cooptación de miembros de la función pública por parte de los cárteles para garantizar el desarrollo impune de sus actividades y aumentar sus ganancias gracias a la asignación fraudulenta de obra pública es un fenómeno de creciente envergadura. Tal y como indica el informe de la CICIG, el crimen organizado ha ido ganando durante las últimas tres décadas un papel central en la financiación de las campañas electorales a todas sus escalas, pero especialmente en municipios de zonas fronterizas, lo que le ha permitido diversificar su cartera de inversiones y actividades incluyendo la agroindustria, el turismo, los transportes, la logística o las empresas de importación y exportación, entre otros. El mandato marcadamente político que recibió Morales el pasado 25 de octubre exige un fuerte combate contra la corrupción y las malas prácticas de buena parte del estrato político guatemalteco, apostando por una gestión gubernamental transparente que no solo le permita evitar nuevos episodios de descrédito institucional, sino que también facilite un empleo mas adecuado y eficaz de los instrumentos en manos del Ejecutivo.

Sea cual fuere la voluntad política del nuevo Gobierno ante las cuestiones aquí referidas, este comenzará la legislatura ante la necesidad patente de reforzar su credibilidad dentro y fuera del país. Y no será tarea fácil, pues pese a la aplastante victoria que cosechó en la segunda ronda de las elecciones generales, el FCN parte de una clara situación de minoría parlamentaría, siendo la quinta fuerza política del órgano legislativo con solo 11 de los 158 diputados que componen el congreso. De este modo, el gobierno de Jimmy Morales, que comenzará a ejercer sus funciones el próximo enero, se encuentra ante la necesidad de establecer una política de amplias alianzas para promover cualquier tipo de proposición legislativa. Sin embargo, la experiencia indica que la composición del órgano legislativo dista de ser estática debido a la arraigada e impune práctica del transfuguismo en Guatemala: pocos meses antes de finalizar la Séptima Legislatura, cerca del 63% de los diputados habían abandonado las bancadas para las que habían sido electos, la mayoría de ellos para integrarse en otros grupos. Así, la que había sido la tercera fuerza política con 14 diputados tras los comicios generales de 2011, Libertad Democrática, finalizaría la legislatura con 62 escaños como principal bancada del Congreso.

Sin embargo, el nuevo Gobierno no solo tendrá que deberse al debido control de las fuerzas políticas de la oposición. El intenso ciclo de movilizaciones iniciado en el mes de abril ha brindado importantes lecciones a una gran cantidad de jóvenes guatemaltecos desprovistos en su mayoría de bagaje político. Pese al clima de desmovilización de los últimos meses, todo parece indicar que los movimientos sociales jugarán un papel determinante en la fiscalización de la actividad gubernamental. Cualquier signo de complicidad con la corrupción por parte de Morales podrá ser con interpretado como un abandono de las promesas que le alzaron a la presidencia, desembocando en una nueva crisis de legitimidad institucional. Que el recién electo Presidente lleve a término la legislatura dependerá de su cautela y de su habilidad para generar consensos que conduzcan a políticas efectivas contra los muchos desafíos que enfrenta.

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