Pero sumemos un capítulo mas a la larga retahíla: La tipificación de delitos ambientales previstos en el Código Penal Federal bajo el título Vigésimo Quinto: Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental es uno de las mejores de América Latina pero lamentablemente…bueno…ud. ya sabe.

Son más de una docena de artículos –del 414 en adelante- con penas severísimas que llegan hasta los 9 años de prisión por el solo hecho de contaminar. No obstante prácticamente no existen casos judicializados ni muchos menos condenados, a pesar de lo ostensible que resultan muchos de ellos.

Veamos algunos casos muy recientes:

  1. Una fuga de combustible en una toma clandestina de ductos de Pemex. Ocurrió en la noche del 22 de agosto en el ejido Pico de Oro de Huimanguillo, Tabasco y se extendió por tres hectáreas de terreno.
  2. Un derrame de crudo ocurrido 16 de agosto en el río San Juan de Nuevo León. Nuevamente una toma clandestina en el oleoducto Madero-Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex). Hay 4.000 afectados por 4000 barriles de crudo. Súmese a ello el riesgo de que el crudo llegue al río San Juan
  3. Un derrame de 2,000 metros cúbicos de cianuro se volcaron el 10 de agosto por el trabajo que realiza la mina Proyecto Magistral, ubicada en el municipio de El Oro, en Durango. La solución cianurada estaba almacenada en la presa de la mina y una lluvia copiosa provocó el desborde que llegó al arroyo denominado La Cruz, afectando 400 metros cuadrados de suelo natural y la muerte de algunos animales que bebieron el agua según lo denuncian los preocupados vecinos.
  4. El caso del Rio Sonora: Es el peor desastre. Se produjo una falla en un contenedor de la minera Grupo México el 7 de agosto y derramó 40,000 metros cúbicos de ácidos y minerales en los ríos Bacanuchi y Sonora. Aún hoy afecta a unas 22,000 personas en siete municipios. Muchas personas intoxicadas y se suspendieron las clases en 89 escuelas ante la contingencia ambiental, afectando a 5,800 alumnos. De los cuatro casos éste es único donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal contra los responsables, la cual podría derivar en una pena de uno a nueve años de cárcel. Según la empresa la culpa es de la lluvia.

He mencionado sólo los ocurridos en este mes de Agosto que aún no termina al momento de escribir estas líneas. Y no se trata de casos complicados de investigar. Ductos clandestinos, represas mal calculadas, etc. Una vez más la impunidad garantizada desde el Estado, en América Latina. Como en su país estimado lector, como en el mio. Definitivamente tenemos que cambiar el paradigma de administración de justicia penal ambiental.

Queda en nosotros asociarnos para generar el cambio.