Los indígenas ya están siendo tratados como bolivianos de tercera, pues el gobierno no está mostrando ninguna consideración ni respeto por sus derechos más básicos (ver Declaración de los Derechos Indígenas). Esto se observa en el hostigamiento y abuso criminal a estos bolivianos, que se hace patente en Yucumo, a partir de un terrorismo de Estado de índole policíaco y sindical, negando incluso al acceso a un recurso básico y vital que es el agua, atentando así contra la vida de los indígenas y en una clara intencionalidad de genocidio. ¿De que bolivianos de segunda nos habla el señor Linera?

La primera obligación del Estado, para evitar ciudadanos de segunda o tercera, es respetar la totalidad del artículo 30 de la actual Constitución Política del Estado, sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Respecto a la “buenas intenciones” de la “vinculación de su territorio”, esto claramente significará la devastación ecológica y social de la zona, puesto que dicha vinculación implicará la proliferación de ocupaciones ilegales de tierras, masivos desbosques y le incremento del cultivo de coca y el narcotráfico.
Motivo económico: “De 100 por ciento de la riqueza del país, sólo el 2.5 por ciento lo genera el Beni, departamento que necesita vías carreteras, proyectos productivos para vincularse con el resto del país y crecer como economía”.

Es curiosa la afirmación del segundo mandatario, si consideramos las declaraciones del ministro Arce Catacora el 4 de agosto del 2011 (ANF, 4 agosto 2011) quien menciona sobre el Beni: “un departamento normalmente olvidado, donde no ha afectado para nada el tema minero ni hidrocarburífero, hubo un importante crecimiento” de 912 millones de bolivianos que aportaba en 2005, hoy aporta con 1.126 millones con un incremento del 23%. El mismo ministro afirmaba el año 2011 (Página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas): “Hay crecimientos importantes, todos los departamentos han crecido. No hay un departamento que se haya quedado rezagado”. Según la página oficial de este Ministerio, Beni creció 23%, pues en 2005 el PIB real departamental era de Bs912 millones y en 2010 se elevó a Bs1.126 millones (comparado con el de Oruro, Bs1.818 millones el 2010, que es uno de los departamentos con mayor crecimiento).

Inicialmente, las afirmaciones del señor Linera son tendenciosas y contradicen la visión del propio gobierno desde el ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Más allá de las contradicciones y el manejo discrecional de la información en la justificación dada, este razonamiento obedece a una lógica del fundamentalismo desarrollista y economicista, incongruente con el actual estado ambiental del país (que no es el mejor) ni del planeta (mucho peor), pero que es una retroacción desde los años 70, y que estaba presente en los discursos de sucesivos gobiernos liberales y dictatoriales que comenzaron a abrir extensas regiones latinoamericanas a la devastación ecológica.

Desde luego que seguramente el Beni, así como otras regiones del país, necesita carreteras, pero carreteras que además de ser ecológicas, sean inteligentes, es decir que no pongan en riesgo áreas protegidas o servicios ambientales, o que no generen conflictos sociales críticos.

Hablando de postergación al desarrollo, ¿hasta cuando la carretera San Borja-San Ignacio-Trinidad, que conecta el oriente con el occidente (La Paz), estará en el estado actual de postración, “cayéndose a pedacitos” e inhabilitada por las inundaciones mas de seis meses al año?.

En cuanto a crecimiento de la economía, desafortunadamente, la famosa carretera por el TIPNIS, hará crecer la economía informal del cultivo y la comercialización de hoja de coca y la economía ilegal de la elaboración de droga. ¿Se ha considerado este tipo de crecimiento indeseable, que actualmente ya está en plena vigencia en la zona?

Motivo Geopolítico: “Esta carretera es el último toque del desmontamiento de pretensiones divisionistas de Bolivia, esta carretera es como la sutura para unir el valle con la Amazonía, para garantizar la base material de la unidad boliviana de los cincuenta o cien años”.

Cuando precisamente las heridas del “divisionismo” prometían estarse ya cerrando, el gobierno las vuelve a abrir a su antojo, solamente para poder justificar la carretera depredadora, vista como una “sutura”. Juegos de palabras trampeadas. Sin embargo, dicho “desmontamiento” o la mencionada “sutura”, se la podría hacer, sin necesidad de partir en dos el TIPNIS, sin necesidad de debilitar tanto la imagen del gobierno y del proceso de cambio, sin necesidad de tanto sufrimiento por parte de los indígenas, sin necesidad de promover el enfrentamiento entre bolivianos, etc.

Es paradójico hablar de la “unidad boliviana” cuando lo que se está promoviendo es la polarización de sectores y el enfrentamiento entre bolivianos.

El pliego indígena “Político”: García Linera calificó de político y de plan de gobierno al pliego de 16 puntos planteado por los indígenas del TIPNIS y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), pues se buscaría beneficiar a sólo sector, en este caso a los indígenas, con demandas que paralizarían la economía nacional y afectarían en gran medida a los bolivianos.

Si bien algunos puntos de la demanda indígena podrían ser debatidos, la mayor parte de los 16 puntos, están enmarcadas en diversas normas del Estado, en el Plan de Desarrollo y la propia Constitución Política del Estado, y por tanto es una obligación del gobierno el atenderlos: garantizar que los territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria; el desarrollo normativo y el derecho a la consulta; el desarrollo productivo, la descentralización a las regiones del Oriente Chaco y Amazonia con asignación de recursos económicos, provisión de recursos económicos para la implementación en todos los territorios indígenas titulados como medio para avanzar en una “Autonomía Indígena”; la Ley de Bosques y Directrices; contemplar el Parque y Áreas protegidas; recursos económicos asignados para la construcción de la infraestructura apropiada y el funcionamiento de la Universidad Indígena Boliviana (UIB); incorporar en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios del Seguro Universal de Salud; realizar el Censo de Población y Vivienda a la brevedad posible; implementar planes de vivienda; implementar políticas de manejo, protección y conservación para resolver el problema del Río Pilcomayo; garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la comunicación a los pueblos indígenas.

Más de un 90% de las 16 demandas, no deberían tener ningún nivel de observación o discusión. Evidentemente, el pliego es político, pues se fundamenta principalmente en la nueva Constitución POLITICA del Estado.

Las exigencias del TIPNIS sugiere la paralización de la actividad hidrocarburífera que pasa por el Parque Aguaragüe, perjudica a la minería, proyectos hidroeléctricos en las regiones de reserva natural y afecta a los gobiernos departamentales y municipales beneficiados con el Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH). Recursos que sirven para pagar los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y la renta Dignidad.

Con el actual nivel de explotaciones mineras e hidrocarburíferas, se aseguran las rentas a las regiones y sectores, sin necesidad de ingresar en una espiral de megaproyectos y exploraciones petroleras de alto costo socio ambiental en áreas protegidas y tierras indígenas. Si se quiere hablar de mas ingresos, ¿porque el gobierno no toma coraje y ajusta el régimen tributario de la minería? ¿Cómo se explica que de 1.900 millones de dólares que exportó la megaminera San Cristóbal, el país solo recibió como beneficio un mísero 7,78% (148 millones de dólares), por concepto de regalías e IUE?

Las actividades petroleras en el Aguarague, al igual que en el Madidi, Pilón Lajas, TINIS, o en cualquier área protegida, significan un enorme costo ambiental y social que no se lo está dimensionando. Mas aun cuando el gobierno ha postergado la gestión ambiental y debilitado las dinámicas de prevención regulación, y control, buscando incluso flexibilizar y desvirtuar la aplicación de los instrumentos de control o la propia consulta pública. La demanda indígena no hace otra cosa que reflejar la preocupación ante la negligencia ambiental del actual gobierno.

Los megaproyectos mineros o energéticos que está impulsando el gobierno representan una enorme amenaza socio ambiental a mediano y largo plazo, algo que no ha ingresado en la lógica de los niveles actuales de decisión, en las cuales prima el monetarismo a ultranza y que minimiza o elude el análisis de riesgo ambiental, además de ser totalmente incoherentes con el discurso de protección y defensa de la Madre tierra. La demanda indígena es valiente, audaz y consecuente, y pone de manifiesto la profunda irresponsabilidad ambiental del actual proceso.

“Tengo veinte páginas de un pliego petitorio que ya es un programa de gobierno de un partido político, las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que están apoyando esta marcha tienen derecho hacer política, pero no pueden usar un sentimiento noble, esto que ha llegado a palacio de gobierno es una propuesta política”, sostuvo Linera.

Las palabras del Presidente Linera causan asombro y mueven a hacerse las siguientes preguntas: ¿Es que el pueblo, los indígenas, la sociedad civil, las ongs, no tienen derecho a hacer una propuesta política? ¿son ciudadanos de segunda? ¿hacer política es acaso privativo de la “clase política” encumbrada en la coyuntura de poder, o solo por el partido en función de gobierno? ¿es que acaso la CIDOB no tiene derecho a plantear una propuesta política? ¿es que los indígenas son ciudadanos de segunda o tercera que supuestamente no pueden posicionarse políticamente? ¿es que realmente se ha terminado la democracia y es un delito que los ciudadanos o un partido político sugieran un programa que pueden significar un cambio?

Replica recibida en relación al artículo “Carretera que destruye alianzas y territorios. Tipnis vitrina de inconsecuencias políticas” (Leer Más).