Han sido días decisivos, llenos de angustia, tensión y cólera, para hacer frente a una crisis financiera que, según el propio Bush, puede provocar una larga y dolorosa recesión. Las autoridades de regulación prohibían la venta al descubierto de acciones bancarias para evitar la especulación a la baja. El Congreso apuraba las últimas horas de su mandato y en el mundo entero crecían las críticas contra un sistema financiero desregulado que ha acumulado riesgos especulativos hasta su explosión.

Líderes religiosos y la casi totalidad de los políticos, con Sarkozy, Merkel y Lula a la cabeza, compiten en demandas de regulación, de refundación, incluso, del capitalismo mundial. No es la primera vez que lo hacen: en las últimas reuniones del G-8, Alemania y Francia pidieron regular las actividades especulativas de un sistema financiero sin control que se había convertido en un casino regentado por dirigentes con sueldos fantasiosos, asumiendo riesgos crecientes financiados por montañas de deudas. Pero los doctrinarios neoliberales norteamericanos y británicos, que todavía veían en el mercado el remedio a todos los males, rechazaron lo que consideraban viejas manías intervencionistas de la Europa continental.

Y no se hizo nada, aunque la catástrofe se veía venir. Ahora se conoce su magnitud y es tarde para evitarla. Pero hay que sentar las bases de un nuevo sistema que reconozca el fin de la ilusión de un mercado clarividente que asigna óptimamente los recursos junto con la necesidad de una intervención pública reguladora a escala global. Y de una nueva concepción del Estado, para que no sea solo el bombero de los incendios que provoca con sus políticas de abandono de lo social para ponerse al servicio de los intereses privados.


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En este septiembre negro ha muerto una concepción ideológica del papel relativo del Estado y el mercado. Ironía de la historia: ha sido el que empezó su mandato presidencial proclamando que el Estado era el problema y el mercado la solución, que ha desregulado a ultranza la actividad financiera para permitirle ser más «eficiente», el que se despide proponiendo que el Estado aporte 500.000 millones de euros para comprar activos privados de dudoso valor y evitar una quiebra general del sistema financiero.

A ellos hay que sumar los 200.000 ya gastados en otras operaciones de salvamento de bancos e instituciones hipotecarias en lo que va de año. Con lo cual estamos ya en el billón de dólares en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cifró el coste de la crisis financiera, siendo acusado de alarmista por los mismos que ahora, sin ninguna autocrítica, piden cheque y carta blanca para utilizar el Estado como solución a los problemas creados por el mercado.

Ante la gravedad de la situación, los dos candidatos han escenificado junto a Bush un acuerdo para sacar adelante su plan, en una unión sagrada frente a la crisis, como si de una nueva guerra contra el terrorismo se tratara. A fin de cuentas, lo que se pide a los contribuyentes americanos para sanear las pérdidas de sus bancos es menos de lo que les habrá costado la guerra de Irak. Pero los congresistas han limitado los poderes arbitrarios y la impunidad de sus actos que se concedían al Secretario del Tesoro, han exigido recortes en las retribuciones de los directivos de los bancos y la posibilidad de recuperar en el futuro parte de los recursos públicos aportados. Objetivos más fáciles de enunciar que de cumplir.

Más allá de la preocupación por las consecuencias de la crisis, el sentimiento dominante en Nueva York, dentro y fuera de la Asamblea General de la ONU, era el de cólera contra los responsables del desaguisado. Cólera de los contribuyentes americanos que ven cómo se salva a las grandes instituciones financieras mientras millones de familias pierden sus casas o sus empleos o ambas cosas a la vez.

Cólera de los países en desarrollo, que ven cómo las recetas económicas que en el pasado se les impusieron han conducido a una crisis que también les va a afectar negativamente, empezando por la reducción de las ayudas. En Nueva York han constatado que ningún país, africano alcanzará los Objetivos del Milenio de reducción de la pobreza y que en el 2007 la ayuda oficial al desarrollo en vez de aumentar ha disminuido.


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Cierto es que hay algunas mejoras, como en la lucha contra la malaria y el paludismo, las mayores causas de muerte en África. Pero para ganar la batalla contra la pobreza haría falta que los países ricos aportaran 70.000 millones de dólares al año y no es seguro que así sea. El fin de la euforia de los especuladores ha traído la angustia de los pueblos, pero también el nacimiento de un nuevo mundo más multipolar en el que junto a grandes riesgos se abren también nuevas oportunidades para poner la economía al servicio de los seres humanos.