“Los países con recursos limitados no deberían ser intimidados para que hagan malas políticas sanitarias”. En estos términos se expresaron tras anunciar la creación del Anti-Tobacco Trade Litigation Fund.
El objetivo de este fondo, que nace con una inversión inicial de cuatro millones de dólares (unos 3,7 millones de euros) -y que se prevé que crezca a medida que más donantes se vayan sumando a la causa-, es contrarrestar lo que los expertos en salud consideran que ha sido una estrategia de las compañías de tabaco para bloquear, a través de medidas legales, las leyes anti tabaco en los países de bajos y medios ingresos.
Uruguay, por ejemplo, ha pasado los últimos cinco años litigando con una compañía por la inclusión de advertencias sanitarias en las cajetillas de tabaco. Mientras tanto, países como Namibia, Gabón, Togo o Uganda han recibido avisos de grupos anti tabaco que denuncian que sus leyes chocan con los tratados internacionales.
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