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La pobreza podría ser evitable porque es una consecuencia previsible de legislaciones de los Estados, empresas y organismos internacionales.

Promover el acceso sin discriminación a la educación, la salud, el agua, la vivienda y garantizar la participación y la seguridad, son obligaciones de derechos humanos suscritas por los Estados, extensibles a las empresas y a los organismos multilaterales.

Para los Estados es una obligación inmediata garantizar sus derechos a todas las personas, sin discriminación. Y, sin embargo, quienes pertenecen a los sectores más desfavorecidos se enfrentan a múltiples barreras que les impiden acceder a la justicia cuando sus derechos les son negados.

La Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó por consenso, el 10 de diciembre de 2008, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pero aún así los datos son escalofriantes:

-Más de 950 millones de personas se acuestan cada noche con hambre.

-1000 millones viven en asentamientos precarios.

-Cada minuto muere una mujer por complicaciones derivadas del embarazo.

-1300 millones de personas no tienen acceso a una asistencia sanitaria básica.

– 2500 millones no tienen servicios sanitarios adecuados.

– Cada día mueren 20.000 niños y niñas.

Las personas que sufren la pobreza están atrapadas en un círculo de exclusión, violencia, inseguridad y falta de voz.

 

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