Es decir, la Administración no adelantará el dinero para la prestación del servicio, sino que sólo lo remunerará si se alcanzan los objetivos pactados.

Según esto, desde el punto de vista de los actores, o stakeholders del BIS, tenemos:

  • Una organización social que se compromete a llevar a cabo el proyecto, demostrando su valor social y el ahorro de costes para una Administración pública,
  • Una entidad u organismo público que opera como contratista del servicio, que busca una mayor eficiencia y eficacia en el logro de determinados objetivos sociales,
  • Los inversores “sociales”, que invierten capital –directamente o a través de un intermediario- esperando un retorno moderado en función de los objetivos negociados, asumiendo el riesgo de pérdida de lo invertido en caso de fracaso de la iniciativa,
  • puede existir un intermediario, que reúne el capital de los inversores, selecciona a las entidades prestatarias, y actúa como mediador y gestor en el proceso identificando objetivos y las métricas adecuadas.
  • finalmente, se puede recabar asesoramiento y evaluación independientes.

Teóricamente, la principal justificación de los BIS es el ahorro de costes para las administraciones públicas, por lo que el margen para el inversor se calculará teniendo en cuenta el ahorro y los logros sociales conseguidos. Si el proyecto no consigue los resultados fijados, el inversor se expone a no obtener rendimiento e incluso a la pérdida del capital invertido.

Desde un punto de vista formal, básicamente en el contrato se estipulan los objetivos a conseguir, la metodología de medición de impactos así como unos precios que varían en función del logro de una escala de resultados. La principal innovación que propugna este instrumento es  incentivar  la participación de inversores privados en la financiación de programas sociales mediante el pago a cambio de resultados.

Desde un punto de vista social, la lógica que los preside es que una intervención temprana o preventiva tendrá un efecto  en la reducción del gasto, al atajar situaciones sociales más agravadas o de emergencia. A su vez, debería provocar un círculo virtuoso, de tal forma que el ahorro público pueda servir para su replicabilidad y para financiar otros programas sociales.

Los BIS tienen una corta trayectoria pero ya se han empezado a financiar programas en Reino Unido, Australia, y EEUU en la atención a familias en riesgo de exclusión social, discapacitados, prevención de la criminalidad, o viviendas sociales. El primer BIS se puso en marcha en el Reino Unido en septiembre de 2010 en un programa para la disminución del índice de reincidencia de 3.000 ex presidiarios procedentes de la prisión de HMP en Peterborough.  Los actores: el Ministerio de Justicia británico y la entidad Social Finance, que captó fondos de particulares e instituciones por valor de 5 millones de libras. El objetivo a seis años, una reducción del índice de reincidencia para presos con penas de cárcel inferiores a 12 meses: si esta disminución es mayor del 7,5%, los inversores recibirán un retorno financiero proporcional al ahorro del Ministerio de Justicia británico por dicha disminución, aumentando el retorno a medida que se aumente la reducción de la reincidencia y perdiendo los inversores el capital, si la tasa es menor de 7,5%. El Estado por su parte, descontando el retorno, ahorraría recursos destinados a seguridad, funcionamiento del sistema penitenciario, judicial, rehabilitación, etc.

El carácter todavía piloto de estos programas obliga a ser cauto con sus resultados especialmente, con el telón de fondo del debate sobre una privatización o externalización de la gestión de los servicios públicos, en contextos de especial sensibilidad económica y donde los resultados sociales en ocasiones, son difíciles de medir.

Los BIS presentan ventajas y riesgos, que habrá que tener en cuenta a la hora de ponerlos en práctica en nuestro país. En primer lugar, es preciso reconocer que las posibilidades de colaboración son mayores cuando aumentan las necesidades mutuas y las limitaciones colectivas pueden crear el medioambiente propicio para que estos intereses converjan y fecunden.

–  Para las entidades públicas, los BIS permiten trasladar los riesgos financieros y de ejecución a terceros (inversores y organizaciones sociales, respectivamente) y al mismo tiempo, suponen un excelente banco de pruebas, en especial, en proyectos en fase inicial o experimental, pudiendo apropiarse de los resultados y replicar posteriormente las innovaciones sociales en otros programas y/o áreas geográficas,

– Para los inversores, los BIS combinan objetivos sociales y de rentabilidad (blended return),

– Por su parte, los proveedores de servicios sociales son remunerados independientemente de los resultados, lo que resulta muy atractivo para las ONG y empresas sociales más modestas, al mismo tiempo que fomentan colaboraciones y sinergias entre distintas organizaciones, en entornos de trabajo complejos.

No obstante, conviene tener en cuenta los riesgos a la hora de diseñar los protocolos de actuación y medición:

  • aunque el énfasis se suele centrar en la entrada de financiación privada en proyectos sociales con carácter preventivo, y en la minimización de riesgos para las administraciones públicas,este tipo de instrumentos no debe suponer una retirada de las autoridades públicas, en su calidad de guardianas del interés general. Los programas piloto tienen como público objetivo, población vulnerable y/o con grandes riesgos colaterales, lo que justifica un papel activo (ejecutor y supervisor) de las entidades públicas.
  • la existencia de indicadores de gestión en las administraciones públicas avala también el  papel intermediario que deberían ejercer entre los diversos actores, así como una posición neutral o negociadora entre la cualificación financiera del inversor y la consecución de los objetivos sociales por los proveedores de servicios.
  • un papel activo de las Administraciones evitaría o reduciría el riesgo moral, desde el momento en que niveles de objetivos más reducidos suponen una mayor garantía de éxito y por tanto, la selección de sectores con mayores posibilidades de éxito económico y no social.
  • en consecuencia, la entrada de los BIS debería hacerse de forma progresiva y en sectores donde la contabilidad y los indicadores públicos estén consolidados en aras de permitir la comparabilidad de resultados evitando el riesgo moral y comportamientos exclusivos de búsqueda de rentas por parte de los inversores.
  • en caso de programas complejos o de resultados inciertos, sería aconsejable la creación de consorcios donde diversas entidades sociales con capacidades de gestión y antecedentes diversos puedan complementarse para el logro de los resultados estipulados y evitar riesgos.
  • finalmente, la medición de los resultados alcanzados en los distintos programas debe justificar la adicionalidad de la intervención privada, en particular, al objeto de evitar solapamientos con otros programas de financiación pública.  Además, las dificultades de medición de impactos no están generalmente relacionadas con la escala del programa o proyecto, sino que dependen de otras variables: la población objetivo, los costes de transacción, la novedad,… Es más sencillo medir resultados, que el coste de oportunidad; es más sencillo medir el coste del éxito que el coste del fracaso.

El objetivo de los BIS es contribuir a cubrir necesidades sociales a través de programas preventivos, y por tanto más efectivos y menos onerosos para las arcas públicas. Estos programas deberían ahorrar dinero a los contribuyentes pero no a expensas de la reducción de la calidad, sino a través de un aumento de la eficiencia. Y este aumento de la eficiencia debe lograrse aprovechando el mayor conocimiento y experiencia por parte de los proveedores de servicios sociales. “Los BIS ni deben servir para financiar los déficits públicos ni para hacer ricos a los inversores” (McKinsey, 2012)

Esto implica que los BIS no son apropiados para todas las áreas o problemas sociales y tampoco para todos los tipos de inversores. Aquellos inversores cuyo apetito por el retorno económico sea mayor y no tengan una sensibilidad social acreditada, no son aptos para los bonos de impacto social.

Tenemos por delante un auténtico banco de pruebas para la cooperación en proyectos sociales. Los BIS sólo tendrán éxito produciendo retornos sociales y económicos si son capaces de establecer nítidamente los roles y compromisos de todas las partes. Al mismo tiempo, es necesario un proceso de gestión efectiva del proyecto que considere la evolución de todos estos intereses en un marco de cierta flexibilidad y adaptación continua a los cambios y eventualidades del proyecto. Y sobre todo, teniendo en cuenta, argumentos de interés público.

Para que instrumentos financieros como los bonos de impacto combinen verdaderamente objetivos sociales y de rentabilidad, habrán de desagregar de forma clara la proyección individual de los servicios prestados con la dimensión pública de los retornos sociales y los riesgos evitados. Caso contrario, lejos de solucionar un problema, estaremos creando otro.