junqueras-mas-efe--644x362Vayamos por partes, muchos de ustedes queridos lectores – así en genérico – habrán saltado de sus sillas al leer lo de “legalidades tomadas por los pelos”. Me dirán que la Constitución es sagrada y lo que allí está escrito es como la Biblia o el Corán y yo les responderé que solo lo es hasta que los mercados quieren. Recuerden el cambio constitucional del artículo 135, que nunca fue sometido a referéndum y que consagra que los españoles, antes de la sanidad, educación, investigación o defensa, tenemos que asegurar el pago de la deuda y de sus intereses a los especuladores, concretamente dice así: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación”. Eso, siendo de vital interés para el Pueblo, nunca se votó ni se refrendó, se impuso o mejor dicho: nos lo impusieron.

Por tanto, todo lo que diga la Constitución, es susceptible de mejora, incluso de deterioro. Otro gallo nos cantaría si ya hubiésemos enmendado el título VIII, tal vez ahora no estaríamos con el dilema catalán. Y en su artículo 149 dice que el estado tiene la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares vía referéndum; no para proponerlas en exclusividad, también para autorizarlas si lo considera oportuno. No soy jurista, pero esgrimir a todas horas la Constitución y el Tribunal constitucional, sin antes tratar de mediar e interesarse por el conflicto, es tan suicida como la postura de Artur Mas al meterse en un callejón sin salida. Lo más inteligente hubiese sido remediar el trance, no incrementarlo echando más leña al fuego.

La famosa consulta en Catalunya se encontraba ya inmersa en un laberinto político y jurídico de muy difícil solución, pero tenía la bondad de una demanda sentimental y un deseo de libertad de opinión de muchos catalanes expresado en multitud de ocasiones, como la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre y que no puede dejar de ser escuchada. Sin embargo, las urgencias y precipitaciones políticas han convertido la consulta en un amor imposible. Lo mínimo que debe pedirse a una cuestión tan importante es transparencia, pluralidad y honradez; y todo esto le ha faltado al Gobierno Catalán.

La dimisión del catedrático Joaquim Brugué como miembro de la comisión de control que tiene como misión velar por el proceso y desarrollo de la consulta soberanista del 9 de noviembre, tiene la peor de las lecturas. Brugué dice que “la consulta no ofrece condiciones democráticas” y a mí me parecen sus palabras obvias, sinceras y alarmantes. Todos lo sabíamos, incluso los más recalcitrantes partidarios del proceso. La presión a los municipios, la falta de campañas de información, la vulneración de los plazos establecidos por la propia Generalitat o el descontrol de los electores llamados a las urnas, así lo demuestran. Les pongo un ejemplo: ciudadanos de allende los mares con tres años de residencia en Cataluyna pueden votar; catalanes residentes en el extranjero puede votar y si no llegan a tiempo sus votos, se amplían los plazos y ya está; pero los catalanes vecinos de otros lugares de España, no podrán hacerlo.

Todo suena a reglas manipuladas, huérfanas de las mínimas garantías; suena a fraude. Máxime si no puede haber controles policiales, administrativos y públicos que garanticen la transparencia y bondad del escrutinio. Y lo que es colmo de la estupidez política es la insinuación de ayer de los más cercanos colaboradores del President de efectuar una teatral consulta alternativa como la que se realizó en Arenys de Munt en septiembre de 2009 y en la que solo votaron un 41% de los electores y que obtuvo un 96% de votos afirmativos. Estoy seguro de que la pregunta a la inversa en Hospitalet de Llobregat tendría porcentajes parecidos, entonces, ¿de qué sirve una consulta sin ninguna garantía y a la que solo acuden los que quieren manifestar su aceptación? Pero de estos barros no solo tiene la culpa el gobierno de Catalunya, buena parte de esa culpa la tienen los inmovilistas, los alarmistas y los separadores, que de todo hay; pero, lamentablemente, todo este panorama enturbia un proceso en que los catalanes solo pretenden ejercer un derecho y que, precisamente por eso, debe de ser impecable.

La pregunta que queda en el aire es si Mas se ha embarcado en esta aventura con el oculto deseo personal de que jamás se efectúe el sufragio, solo buscando su protagonismo político, y aquí sí que ha pecado por exceso y por defecto, porque Esquerra Republicana y la CUP siempre han tenido legítimas y aireadas pretensiones de independencia y nunca lo han ocultado. En cambio, Convergencia, siempre tibia y pactista, ha creado unas expectativas a la ciudadanía solo por objetivos de supervivencia política y eso se paga. De momento lo peor lo sufre la sociedad catalana enfrentada entre sí, tensionada y acelerada en todos los sentidos, por la utilización política por parte de su President.

En este estado de cosas la única salida es convocar elecciones en Catalunya lo antes posible, este sí sería un verdadero referéndum. Ayer mismo Mas no descartaba esa posibilidad, a pesar de sus declaraciones al “New York Times” de que la convocatoria electoral dormía en un cajón de su despacho. En unas elecciones plebiscitarias es donde los partidos que propugnan la secesión de España deben incluirlo en su programa electoral, explicando a los ciudadanos las consecuencias positivas y negativas de esta decisión; sin alegatos a sentimentalismos ni evocaciones de momentos históricos lejanos, hablándole al Pueblo con transparencia y honradez contándoles cómo sería el futuro de Catalunya fuera de España y, posiblemente, fuera de la Unión Europea. También tendrían su oportunidad los partidos deseosos de continuar con España, tanto los que están por un estado federal, como los que prefieren perpetuar el llamado estado de las Autonomías, ya caduco en mi opinión, y que a pesar de interesadas manifestaciones, dista mucho de ser justo e igualitario y con más competencias que una solución federal.

El resultado nos daría una visión real de lo que opinan los catalanes en su mayoría, sin exclusiones ni presiones, libremente. Y que no imagine Convergencia Democrática de Catalunya acudir a las elecciones en una lista conjunta con Esquerra Republicana, a los republicanos no les hace falta el partido de Mas para concentrar el voto soberanista. Lo dicho, en política los personalismos se pagan caros.

Luego, a la vista de los resultados electorales y si los partidos secesionistas obtienen una mayoría clara, mirarnos todos en el espejo y en el ejemplo del Reino Unido y en consenso con los partidos mayoritarios estatales, sin trabas y sin tensiones, preguntar a los catalanes como quieren que sea su futuro. Es muy probable que se repita el resultado escocés; porque, guste o no guste, nos unen más cosas de las que nos separan.

Analicemos lo complicado de una independencia: los pactos que habría que mantener con el estado español referentes a infraestructuras, transportes, comercio, fronteras o pensiones; también dilucidar qué parte de la deuda asume Catalunya o cuánto percibe de los fondos de la Seguridad Social. La posición jurídica de las propiedades de los ciudadanos del antiguo y nuevo estado en los territorios del vecino. Y algo muy importante: la defensa. Están muy manidas las declaraciones de Mas referentes a que la Otan asumiría la defensa de Catalunya, primero debería ser admitida en la Organización. No incluyo los temas bancarios y financieros porque para ellos no hay patrias, solo beneficios. Pero sí los empresariales. ¿Estarían dispuestas las multinacionales a seguir en Catalunya o preferirían trasladarse cien o doscientos kilómetros más al sur o más al oeste?

Por otro lado quedan las relaciones con la Unión Europea: la petición de ingreso sin que sea boicoteada por otro estado miembro; la utilización o no del Euro; establecer aranceles provisionales hasta la entrada efectiva y consensuar los temas de fronteras y los migratorios y turísticos. Y después de la admisión, en caso de producirse, teniendo en cuenta que según los propios secesionistas la riqueza en el nuevo estado crecería entre un 4% y un 5%, establecer cuál sería la aportación de Catalunya a los fondos estructurales y de cohesión europeos, dada su condición de nuevo rico. Como ven no es tan fácil como parece, pero esto no resta ni un ápice al derecho de cualquier Pueblo a manifestarse y decidir sobre su destino. Aunque una cosa sean los sentimientos y otra, la praxis.