Pero, según el momento, la latitud, la interpretación, las necesidades y las conveniencias, hoy puede ser delito lo que mañana es falta o lo que hoy está prohibido mañana puede ser condescendido. Ante las dudas que plantea una justicia voluntariamente ciega y regida por la jurisprudencia del momento que se juzga, hay una máxima  que exige al legislador la valoración de la intencionalidad de la acción.

Sin embargo lo más preocupante para la sociedad respecto a la justicia no es su génesis, sus cauces, los códigos legales o su aplicación; lo verdaderamente alarmante socialmente hablando es el propio funcionamiento de la justicia.

Un general a quien la Real Academia de la Historia define como autoritario y no totalitario y  que después de “una guerra larga de casi tres años le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores. Para ello, faltando posibles mercados, y contando con la hostilidad de Francia y de Rusia, hubo de establecer estrechos compromisos con Italia y Alemania”, según el diccionario biográfico de la propia Academia; impuso una paz injusta y una represión amparada por  jueces y fiscales adictos al golpe y aplicó a base de sentencias indignas, el terror y la crueldad.

Hoy, muchos españoles siguen reclamando conocer el lugar donde “descansan” los restos de sus parientes que tuvieron la osadía de defender a la República, estar afiliados a un sindicato, votar a la izquierda o simplemente tener opinión. Tal vez lo más reflexivo sería dejar a los muertos donde reposan, pero en todo caso deben ser sus deudos quienes decidan y por tanto la Justicia, en mayúsculas, debe apoyar sus justas reivindicaciones y sin embargo han pasado 75 años sin que nadie tuviese el valor y la serenidad de plantearlo. Esa “osadía” la tuvo Garzón extendiendo ese derecho a ambos bandos, la misma valentía que permitió mostrar al mundo las atrocidades de Pinochet y su régimen y la misma temeridad que tuvo al indagar sobre los narcos gallegos, a lo que  hizo oídos sordos, precisamente, uno de sus juzgadores cuando le presentaron el caso.

Pero Garzón ha sido condenado e inhabilitado por las escuchas sobre el caso Gürtel, es decir por un tema económico – con la pasta hemos topado – y han quedado en agua de borrajas las palabras del “bigotes” prometiendo fidelidad eterna o las de agradecimiento de alguna señora por el “exceso” de generosidad en los regalos. Había que condenar a Garzón porque el fin no justifica los medios y había que aplicar una sentencia de indiscutible valor jurídico porque el derecho de defensa es la base y la piedra angular de un proceso justo en un Estado de Derecho.

Y es cierto, por mal que nos caiga el bigotes, por mucho que nos parezca un tremendo hortera con el chaqué que llevaba en la boda de la hija de Aznar – y lo digo porque aunque no estaba invitado, pagué, como todos, parte del convite y eso me da derecho al cotilleo – todo delincuente o presunto delincuente obliga a que el  juez instructor sea un juez con garantías ya que el poder judicial se legitima por la aplicación de la ley.

Y ahora pregunto: ¿Eso siempre es así? Y me respondo: No, no lo fue durante la dictadura franquista, pero lo que es más grave, tampoco lo es hoy. En cualquier juzgado español – y lo digo por extensión, alguno estará sano y salvo – se suceden día a día presuntas irregularidades por parte de jueces y fiscales. Las propias dilaciones en las sentencias, tan habituales en toda la geografía española,  son harto reconocidas, numerosas y afectan negativamente a los encausados. El amiguismo, nos guste o no, presumo que está presente en muchos actos judiciales. Tal vez no sean conversaciones grabadas, pero los comentarios de cafetería afectan,  hipotéticamente, la toma de decisiones o a mí me lo parece. En muchos juzgados – sigo exagerando por extensión – los magistrados y abogados se conocen por diversos motes: “la loca”, “el cojo”, “el facha”… ¿Qué respeto puede haber en esas acepciones? El gran motivo por el que se ha atacado a Garzón y que recoge la máxima de que, el juez no puede ser enemigo del imputado, se dio, continuamente, durante la dictadura y mal nos pese, se sigue, presumiblemente, dando.

En un resumen rápido y a la vista de los hechos, creo firmemente, es una opinión, que al cambio político y social en España, debió seguirle un profundo cambio jurídico. Eso no fue así y ahora cargamos con las puñetas.

Una parte de la sociedad ha aceptado que la prevaricación si viene de un político, de un empresario o de un banquero tiene cierta tolerancia. Se ríen con las “ocurrencias” del defraudador de hacienda y admiran a los  grandes timadores y a los “hábiles” financieros de los paraísos fiscales. Pero son intolerantes con los que tratan de hacer justicia con la excusa de que su dedicación y entrega esconde un afán de protagonismo y que siempre es mejor dejar las cosas como están…mejor para ellos. Siempre habrá una parte de la sociedad dispuesta a montar un sindicato para tapar las culpas del pasado; siempre habrá un “celoso” juez que aspire a grandes togas sin demasiados esfuerzos; siempre existirá una Teacher para proteger a su amigo Pinochet…

Pero el tiempo, amigos lectores, todo lo pone en su sitio y es muy posible que las lanzas de algunos se les vuelvan cañas. Como decía al principio, lo que hoy es admisible a querella, mañana sea acusación tácita, lo que hoy son cuerpos no identificados en el llamado Valle de los caídos o en una cuneta, mañana tengan una lápida con nombre y con recuerdos. Por lo pronto, según las últimas novedades de Arco, al general que antes mencionaba, le han encontrado  lugar en una nevera de Coca Cola. Y disculpen la publicidad.