Biodiversidad marina de Punta Cachos. © OCEANA| Eduardo Sorensen

Ante el acuerdo suscrito la semana pasada entre la empresa MPX, dueña del proyecto Central Termoeléctrica Castilla, y uno de sus principales opositores, Oceana llamó a que la evaluación ambiental pendiente se base en los antecedentes técnicos disponibles, sin que los acuerdos entre la empresa y algunos afectados influyan en la decisión final.

La organización criticó la creciente práctica de algunas empresas de ofrecer beneficios económicos a comunidades o actores locales para que estos desistan de su oposición a determinados proyectos contaminantes.  La misma empresa MPX, de hecho, durante el año pasado suscribió un acuerdo con dos sindicatos de pescadores, en el que les ofrecían compensaciones económicas a cambio de su aprobación al proyecto Castila. 

“Estos contratos generalmente se celebran entre una gran empresa y grupos vulnerables en situación de pobreza.  Es evidente la diferencia de los poderes de negociación entre una y otra y, por lo tanto, se comenten abusos en contra de los afectados para vencer su legítimo derecho a oponerse.  Estos pactos deberían estar estrictamente regulados o incluso prohibidos cuando se ha ejercido una presión indebida sobre las comunidades”, puntualizó Muñoz. 

La construcción de la Central Termoeléctrica Castilla (2100 MW) se proyecta en el sector de Punta Cachos, a 80 kilómetros al sur-oeste de Copiapó. La central estaría emplazada a pocos kilómetros de zonas de gran biodiversidad, donde se registran poblaciones de pingüinos Humboldt, Guanay y otras aves propias del sector, además una de las pocas praderas de pasto marino que existen en Chile.  Destaca en el lugar también, la presencia de una colonia de tortugas marinas “verde”, cuya población se vería gravemente afectada por el aumento de la temperatura que provocaría el vertido de agua caliente desde la Central Castilla, pues esta haría disminuir la presencia de moluscos, crustáceos, medusas, algas y pasto marino de los cuales las tortugas se alimentan.  La tortuga verde está clasificada como “amenazada” por la IUCN y está listada dentro CITES para prohibir su comercialización.

Biodiversidad marina de Punta Cachos. © OCEANA| Eduardo Sorensen

Asimismo, Oceana ha alertado sobre los efectos negativos que tiene la emisión de grandes cantidades de CO2 y material particulado a la atmósfera, y ha hecho especial énfasis en los graves impactos que tienen las emisiones de mercurio derivadas de la combustión del carbón, ya que se trata de un metal altamente tóxico que se acumula en los recursos marinos y en las personas, pudiendo causar serios problemas neurológicos y malformaciones en fetos.

“Chile se encuentra en un momento crítico para definir cómo será su matriz energética en los próximos años. Los crecientes conflictos asociados a proyectos como Castilla hacen evidente la necesidad de contar con energías limpias enmarcadas en una planificación territorial respetuosa con el medio ambiente y con las comunidades locales. Esperamos que el Gobierno demuestre su liderazgo para impulsar cambios profundos a la política energética, rechazando proyectos altamente contaminantes como Castilla y usando, en cambio,  las condiciones naturales que tiene Chile para contar con fuentes limpias”, finalizó el director ejecutivo de Oceana.

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