Así lo revela un estudio realizado por un equipo de investigadores, liderado por el científico del Instituto Goddard de la NASA Drew Shindell, que ha determinado que la adopción de normativas similares a las de la Unión Europea (UE) en esa materia en 2015 en muchos países en desarrollo salvaría entre 120.000 y 280.000 vidas al año a partir de 2030.

Además, asegura que otros beneficios potenciales serían evitar la pérdida anual de entre 6,1 millones y 19,7 millones de toneladas de cultivos por culpa del ozono y reducir en 0,20 grados centígrados el aumento de temperatura en el hemisferio norte en el periodo 2040-2070.

El ahorro sería de hasta 2,4 billones de dólares (1,6 billones de euros) anuales en gasto sanitario a nivel mundial y de entre 1.100 millones y 4.300 millones de dólares en daños a la agricultura, según se desprende del estudio. En este sentido, casi el 50 por ciento del calentamiento global es causado por contaminantes distintos del dióxido de carbono, entre ellos los hidroclorofluorocarbonos (HFC) utilizados para la refrigeración, el metano, el ozono troposférico, el hollín y los óxidos de nitrógeno.

Asimismo, el experto explica que la idea del estudio del impacto global que podrían tener las restricciones en las emisiones a nivel local surgió en 2008 en una reunión con el organismo encargado de la calidad del aire en California (Estados Unidos). Shindell también se implicó luego en una iniciativa de las Naciones Unidas sobre el estudio del impacto que tendría la reducción del hollín y del ozono troposférico en el cambio climático.

“La mayoría de los países en desarrollo tienden a adoptar los estándares europeos, por lo que centramos nuestro análisis en aquellos países con mayor capacidad institucional y financiera para poner en práctica esas normas”, señala. Según Shindell, el país con capacidad para aplicar los estándares más estrictos en Latinoamérica es Brasil, mientras que en África la mayoría de los países sólo podrían introducir mejoras modestas.

En la investigación ha participado un equipo científico multidisciplinar con expertos en economía, agricultura y salud, que analizaron el posible impacto en esos ámbitos de una reducción de la contaminación. “Es importante tener en cuenta un amplio rango de posibles consecuencias de un cambio en la legislación, ya que no todos los que toman ese tipo de decisiones tienen en mente los mismos objetivos”, afirma el investigador.

“Cada país buscará su propio beneficio para cambiar la normativa. Los más desarrollados tendrán como prioridad evitar el cambio climático, mientras que aquellos en desarrollo tratarán de asegurar su abastecimiento de alimentos”, añade.

ABC.es

Así lo revela un estudio realizado por un equipo de investigadores, liderado por el científico del Instituto Goddard de la NASA Drew Shindell, que ha determinado que la adopción de normativas similares a las de la Unión Europea (UE) en esa materia en 2015 en muchos países en desarrollo salvaría entre 120.000 y 280.000 vidas al año a partir de 2030.

Además, asegura que otros beneficios potenciales serían evitar la pérdida anual de entre 6,1 millones y 19,7 millones de toneladas de cultivos por culpa del ozono y reducir en 0,20 grados centígrados el aumento de temperatura en el hemisferio norte en el periodo 2040-2070.

El ahorro sería de hasta 2,4 billones de dólares (1,6 billones de euros) anuales en gasto sanitario a nivel mundial y de entre 1.100 millones y 4.300 millones de dólares en daños a la agricultura, según se desprende del estudio. En este sentido, casi el 50 por ciento del calentamiento global es causado por contaminantes distintos del dióxido de carbono, entre ellos los hidroclorofluorocarbonos (HFC) utilizados para la refrigeración, el metano, el ozono troposférico, el hollín y los óxidos de nitrógeno.

Asimismo, el experto explica que la idea del estudio del impacto global que podrían tener las restricciones en las emisiones a nivel local surgió en 2008 en una reunión con el organismo encargado de la calidad del aire en California (Estados Unidos). Shindell también se implicó luego en una iniciativa de las Naciones Unidas sobre el estudio del impacto que tendría la reducción del hollín y del ozono troposférico en el cambio climático.

“La mayoría de los países en desarrollo tienden a adoptar los estándares europeos, por lo que centramos nuestro análisis en aquellos países con mayor capacidad institucional y financiera para poner en práctica esas normas”, señala. Según Shindell, el país con capacidad para aplicar los estándares más estrictos en Latinoamérica es Brasil, mientras que en África la mayoría de los países sólo podrían introducir mejoras modestas.

En la investigación ha participado un equipo científico multidisciplinar con expertos en economía, agricultura y salud, que analizaron el posible impacto en esos ámbitos de una reducción de la contaminación. “Es importante tener en cuenta un amplio rango de posibles consecuencias de un cambio en la legislación, ya que no todos los que toman ese tipo de decisiones tienen en mente los mismos objetivos”, afirma el investigador.

“Cada país buscará su propio beneficio para cambiar la normativa. Los más desarrollados tendrán como prioridad evitar el cambio climático, mientras que aquellos en desarrollo tratarán de asegurar su abastecimiento de alimentos”, añade.

ABC.es