En sentido inverso, unas normas fiscales corporativas obsoletas o asimétricas y las operaciones de planificación fiscal agresiva por parte de las grandes empresas y corporaciones multinacionales, exacerban la desigualdad de ingresos, debilitan a la sociedad, aumentan la corrupción y la dependencia de los países en desarrollo de la asistencia oficial.

Hasta ahora, los ingresos corporativos se han gravado a escala nacional, pero la operativa comercial internacional, los modelos de actividad, y las estructuras empresariales se han vuelto más sofisticados, con lo que es más fácil trasladar beneficios. Algunas empresas están aprovechando esta situación para reorientar artificialmente los beneficios a países con fiscalidad más baja y reducir al mínimo su contribución fiscal global.

“Desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa, estas operaciones han dado lugar a no pocas contradicciones entre las prácticas publicitadas por las empresas por ejemplo, en materia de reducción de emisiones o de innovación tecnológica y social (Véase el caso de IKEA o Starbucks por citar sólo unas pocas) y sus prácticas poco ortodoxas de ingeniería financiera, que acaban teniendo un saldo neto “a favor de la RSC” propiciado por el efecto halo y por campañas de marketing y relaciones públicas agresivas que trasladan sus prácticas “responsables” a áreas más amables y colaterales al negocio…por no hablar del consiguiente daño a la ciudadanía de la que beben sus beneficios.”

Y es que cuando hablamos de RSC debería ser sinónimo de Coherencia, una coherencia que respete como pilares básicos unos estándares mínimos de integridad en materia de responsabilidad fiscal, derechos laborales y creación de empleo, y un mínimo fair play en el mercado con clientes y proveedores.

La dimensión de estas prácticas fiscales es de tal magnitud que los Estados – también conminados por el malestar social de una desigual exigencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a la ciudadanía- han comenzado a exigir a nivel nacional e internacional, regímenes fiscales más adaptados a los nuevos tiempos.

Pero debemos ser conscientes que la responsabilidad fiscal y el nivel de  exigencia, como siempre en la RSC, opera aquí en muchos planos:
  • los Gobiernos se enfrentan al reto de exigir más equidad a nivel interno, pero al mismo tiempo han de responder a la presión para crear regímenes de imposición de las sociedades que resulten atractivos para los inversores multinacionales y competitivos a escala internacional. Los esfuerzos deben concitar la voluntad política de la UE, la OCDE (BEPS), el G-20 y hacer frente de forma eficaz a los territorios fiscales no cooperadores.
  • Los reguladores, han de afinar en el logro de un sistema fiscal que busque el equilibrio entre la imposición de la financiación mediante deuda respecto de la financiación mediante fondos propios, la búsqueda de soluciones equitativas para grandes empresas y para PYMES; reestablecer la relación entre la imposición y el lugar donde se ejerce la actividad económica, esto es, garantizar que los Estados miembros paguen sus impuestos sobre estos beneficios dentro de la UE, en el lugar donde desarrollan sus actividades o donde se genera valor (por ejemplo en los casos de los regímenes preferenciales o los precios de transferencia garantizando que el precio de las operaciones intragrupo corresponda a un precio de mercado comparable y que los beneficios se distribuyan de forma equitativa entre los países en que opera una empresa multinacional) y el establecimiento de una base imponible consolidada común (BICCIS) para el impuesto de sociedades.
  • Las empresas. En el último informe de las memorias de responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas del Ibex 35, se constataba que la información sobre la actividad de las empresas en paraísos fiscales, o impuestos pagados país a país, brillan por su ausencia, aunque 33 de las 35 empresas del IBEX35 tienen filiales en paraísos fiscales. Intermón Oxfam, resaltaba en recientemente que mientras que los ciudadanos, con su salario y el consumo, aportan más del 90% de lo que recauda el Estado, el nivel de evasión fiscal de España es de los más altos de Europa, y el 72% corresponde a grandes empresas y grandes fortunas. Junto a ello, la presión fiscal de las grandes empresas, es excepcionalmente baja, llegando a pagar un 3,5% sobre el total de sus resultados.
  • La ciudadanía y los grupos cívicos de presión. Porque los ciudadanos responsables deberíamos exigir unas adecuadas prácticas fiscales como base para la legitimidad o licencia para operar de las empresas y rechazarlas con nuestro poder de compra y decisión, venciendo las inercias de consumo.

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