Las tendencias apuntan a una mayor colaboración público-privada y a un mayor abanico de actores implicados, pero sobre todo a un abandono de la responsabilidad social concebida como voluntaria, a través de un clara tendencia regulatoria en distintos ámbitos geográficos, ya sea en economía circular, acciones para revertir el cambio climático, reconocimiento de derechos laborales en la cadena de valor o políticas de transparencia aplicadas a la actividad empresarial.

Del mayor o menor grado de éxito de las alianzas y de un diseño inclusivo y con una perspectiva a largo plazo de las segundas, dependerá que 2017 suponga un impulso auténtico en sostenibilidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La definición del alcance e implicaciones de la empresa en los ODS dependerá del grado de ambición de los gobiernos nacionales. Durante 2017 los países definirán sus planes nacionales adaptados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y presumiblemente las empresas enfocarán sus planes en consecuencia.

Del mismo modo, las alianzas público-privadas para el desarrollo vendrán marcadas por dos elementos adicionales:

  • la hoja de ruta que marque el Grupo Asesor del Sector Privado, integrado por líderes de grandes compañías de diversos sectores a nivel mundial.
  • El segundo elemento importante serán las innovaciones disruptivas, que determinarán el diferente grado de avance en los 17 ODS y donde estarán implicadas iniciativas lideradas por empresas sociales.

Crecimiento inclusivo para la sostenibilidad

El cumplimiento de gran parte de los ODS irá ligado sin duda, a un desarrollo económico inclusivo y a una creación de riqueza compatible con la reducción de las desigualdades a nivel global.

Las recurrentes evidencias de que la creciente desigualdad de ingresos es la causa de los males económicos y sociales, que van desde el bajo consumo hasta el malestar social y político, imponen la necesidad de abordar el bienestar económico, a través de tres vías fundamentales donde la empresa tiene un papel primordial:

  • La intensificación del esfuerzo en la reducción de las desigualdades salariales y la creación de empleo decente e inclusivo. (Puede verse el informe Agora_lab) tanto en la dimensión intra empresa como en la cadena de valor y en los esfuerzos sectoriales por reducir la desigualdad salarial. La transparencia será aquí un gran aliado.
  • Las reducciones en la desigualdad salarial no son incompatibles con una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. La implantación masiva de la tecnología en los entornos laborales, la necesidad de crear cientos de millones de puestos de trabajo para una creciente bolsa de desempleados de todo el mundo, y la escasez de oferta de empleo cualificado son desafíos que obligarán a las empresas a adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado de trabajo, introduciendo inteligencia estratégica en sus cuadros de mando y rompiendo la rigidez de las estructuras organizativas y productivas con las que han venido operando.
  • La reducción de la brecha de género y una mayor participación de la fuerza laboral y política de la mujer en el desarrollo. El Informe Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Mundial revela que los avances hacia la igualdad se han detenido y que la brecha actual, ahora de un 59 %, es la mayor desde 2008.

Pero al mismo tiempo, el convencimiento en las capacidades de la mujer como agente de cambio y desarrollo, ha propiciado que diversos organismos internacionales estén trabajando por situar la agenda de la igualdad de género en lo más alto de las prioridades empresariales: desde el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2016-2017, la iniciativa “Impacto 10x10x10” de ONU Mujeres, o el Panel de Alto Nivel sobre Empoderamiento Económico de la Mujer de la ONU.

Y cada vez son más los estados y las empresas que están apostando por una mayor igualdad de género, bien a través de iniciativas de transparencia salarial, políticas internas de promoción profesional, iniciativas de sensibilización, o analizando las diferencias de género en su cadena de valor.

Cambio climático: ¿podremos convertir las palabras en acción?

La temperatura media terrestre de la Tierra ha aumentado casi 1 ° C en los últimos 50 años como resultado de la actividad humana, y las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han crecido casi un 80% desde 1970.

El acuerdo de París de diciembre de 2015 que establece un compromiso global para mantener el calentamiento a 2 ° C y trata de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ° C es el punto de partida para que cada país implemente su propio plan de acción climático, que habrá de ser revisado en 2018 y luego cada cinco años.

Algunos países ya han empezado a tomar medidas. China anunció que planea abrir un mercado nacional de carbono este año, en principio, el primero a escala nacional. Otros países como Francia, están liderando iniciativas como los bonos verdes; Finlandia en su “Estrategia Energía y Clima para 2030 y más allá“, detalla los planes para dejar de producir energía a partir del carbón en 14 años, conseguir la producción de energía neutra en carbono para 2050 y reemplazar las fuentes tradicionales de energía con biocombustibles y energías renovables. Luxemburgo, ha lanzado el primer mercado de productos financieros verdes.

Los países más ricos también se comprometieron a entregar flujos significativos de dinero y apoyo técnico para ayudar a los países pobres a hacer frente a la adaptación al cambio climático. Será necesario respetar el compromiso de 100 000 millones de USD desde ahora hasta 2020.

En 2017 entramos pues en el año de los compromisos.

Junto a la movilización de la financiación para abordar proyectos de gran escala, la otra cara de la moneda es el compromiso de los bancos y de los inversores institucionales para cambiar su cartera de energía desde los combustibles fósiles hacia la eficiencia energética y las energías renovables. Las campañas lideradas por BANK TRACK en su campaña PARIS PLEDGE http://www.agorarsc.org/6-bancos-firman-la-promesa-de-paris-para-evitar-la-financiacion-del-carbon/, o las de inversores institucionales como CERES son buenas muestras de ello.

Otro aspecto clave será el grado de implicación empresarial.

1. Por una parte, a través de la divulgación de los riesgos climáticos por las empresas. Recientemente, un grupo de trabajo internacional encabezado por el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, emitió un conjunto de 11 recomendaciones sobre cómo las empresas de cada industria deben divulgar información sobre riesgos climáticos y gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos.

La medición de los impactos del cambio climático ayudará a identificar las empresas en las que no queremos invertir e identificar nuevas oportunidades de inversión y de empleo.

2. Por otra parte, la COP22 de Marruecos no presentó grandes novedades con respecto al Acuerdo de París, pero sí se adelantó en compromisos empresariales de lucha contra el cambio climático. Así, aumentaron las empresas que anunciaron iniciativas como la metodología de “Metas Basadas en la Ciencia”, es decir alineadas y proporcionales a los niveles de descarbonización necesarios para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados.

También han aumentado las empresas que han suscrito los criterios de liderazgo empresarial sobre el precio del carbono, estándares que permiten a las empresas establecer un precio para el carbono e informar de ello, con el apoyo del Carbon Disclosure Project (CDP).

Las ciudades sostenibles como actores globales

Las ciudades serán actores políticos y económicos cada vez más poderosos y lo serán también en la sostenibilidad, ya sea en el marco de la lucha contra el cambio climático, en la cooperación al desarrollo y la consecución de los ODS, como en la trata de seres humanos u objetivos más locales como el empleo, la educación, la sanidad o la promoción de la compra pública verde.

Una de las líneas más prometedoras de avance en la sostenibilidad serán las cláusulas sociales en la contratación pública y la acción de los gobiernos locales y autonómicos en compromisos de sostenibilidad, como los bonos sociales,  las iniciativas en contra de los paraísos fiscales , contra la trata de personas, en la Red de Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y Niñas 

Empresas sociales

La economía social y solidaria sigue creciendo http://www.agorarsc.org/temas/economia-social-temas/ y lo hará más favorecida por la contratación pública y las claúsulas sociales. Ahora bien, tiene por delante grandes retos como el aumento y la generalización de incentivos legales para aumentar su participación en la economía (tanto para acercar a los inversores a proyectos de potencial impacto como para que los distintos agentes económicos recurran a ellas) y repensar el sistema de certificaciones y controles, para acercarlo a la realidad social y que su finalidad social no se convierta en un mero papel mojado.

Innovaciones disruptivas para el desarrollo sostenible

La crisis financiera mundial reveló deficiencias significativas en el sistema financiero mundial y algunas de las vulnerabilidades que pueden resultar de tener un mercado global interconectado.

Estas vulnerabilidades se han venido traduciendo desde entonces en una creciente conciencia por gobiernos nacionales e instituciones internacionales sobre la necesidad de regular ciertas operaciones bancarias, reducir los riesgos operativos del sistema, mejorar el gobierno corporativo bancario, y otros compromisos como avanzar en una regulación más coordinada para evitar la elusión fiscal, un mayor control de las operaciones con paraísos fiscales o una regulación común del impuesto de sociedades.

A nivel empresarial, el compromiso de las instituciones financieras con la sostenibilidad, más allá de la firma de ciertos protocolos o acuerdos voluntarios globales, ha sido hasta ahora más bien testimonial. Esta situación no obstante, puede cambiar notablemente de la mano de las nuevas tecnologías aplicadas al sector.

Las instituciones financieras no sólo se están adaptando rápidamente a las oportunidades y retos de la tecnología y la competencia feroz de las fintech, sino a nuevas oportunidades que tecnologías como blockchain ofrecen para el sector.

En el estudio “Fintech y Desarrollo Sustentable: Evaluando las implicaciones”, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) hace un balance de la automatización de procesos mediante Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, blockchain y otras tecnologías.

Si bien se pone de manifiesto que esta tecnología está pendiente de desarrollo y asentamiento, se vaticina su impacto disruptivo no sólo en el sector financiero, sino en procesos industriales, se presenta también como solución a los problemas de confianza en instituciones y procesos, para la creación de registros confiables, procesos más sencillos y ahorro de costes y a través de interacciones más transparentes entre participantes a través de una red confiable y segura que distribuye el acceso a la información certificada y auditable.

Pero además se muestran otros beneficios del blockchain con implicaciones para la sostenibilidad y el desarrollo sostenible:

-El uso de tecnologías descentralizadas como solución eficiente a problemas de desarrollo: hambrunas, cambio climático, pobreza, refugiados.

-La descentralización y los registros inalterables en la industria son demostrados como base fundamental para la transparencia en los procesos, a través de un manejo eficiente y responsable de capitales.

Derechos humanos

Varias iniciativas legislativas en 2016 han servido para otorgar un estatus obligatorio a la protección de los Derechos Humanos en la cadena de valor. Como a nivel nacional como Francia, con la regulación del “deber de vigilancia” que pretende que las grandes empresas francesas adopten planes de vigilancia para asegurar el respeto a los derechos humanos a lo largo de todas sus cadenas productivas, incluyendo subsidiarias y proveedores, dentro y fuera de Francia o incluso a través de programas locales como los planes de la ciudad de Madrid.

Diversas instituciones como el Consejo de Europa, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH o incluso el propio Parlamento Europeo a través de la Resolución 2015/2315, han coincidido en la necesidad de avanzar en la implementación de los procesos de diligencia debida por las empresas para prevenir o evitar vulneraciones de derechos humanos y garantizar un acceso eficaz a la justicia para las víctimas de abusos empresariales.

Del mismo modo, el pasado mes de octubre el Grupo de trabajo Intergubernamental sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, continuó trabajando en la posibilidad de crear un tratado internacional de carácter vinculante que aborde la problemática de la empresa y los derechos humanos.

Pero sin duda, dos hechos esperanzadores marcarán un cambio de tendencia en la protección de los DDHH en la empresa: Por un lado, El pasado mes de septiembre, el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciaba un giro en su estrategia de investigación y persecución penal. Sin ampliar formalmente sus competencias jurisdiccionales, su estrategia extendía el ámbito de actuación a delitos del Estatuto de Roma agravados por la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales y la desposesión ilegal de tierras, en un movimiento estratégico aclamado por los defensores de los derechos humanos. Por otro, la decisión de un Tribunal canadiense, por primera vez en la historia, de juzgar a una empresa canadiense por abusos cometidos en el exterior.

En este contexto, los Planes Nacionales de Empresas y DDHH ya publicados[i] y los aún por desarrollar, como el español, deberán tener en cuenta un contexto de mayor exigencia legal en algunos países y la posible defensa judicial de violaciones de DDHH en la cadena de valor.

Gobierno Corporativo clave para la sostenbilidad

El gobierno corporativo avanzará en el compliance y cada vez más en la evaluación de la idoneidad de los altos cargos y la calidad de la alta dirección. Un ejemplo serán las próximas directrices del Banco Central Europeo (BCE) sobre de la “idoneidad” de los altos cargos de la banca o las recientes directrices de Gobierno corporativo en el Reino Unido.

Junto a las políticas de diversidad y de igualdad de género, el activismo ciudadano a través de una mayor publicación de datos y la promulgación de leyes de transparencia, promoverán políticas proactivas de transparencia empresarial.

Pero además asistiremos a una mayor demanda de regulación del registro de los grupos de interés, de mayores exigencias en el control de las puertas giratorias, especialmente en Latinoamérica, al socaire de los escándalos de corrupción en Argentina o Brasil, como en la UE.

El ámbito de la OCDE y comunitario está siendo especialmente sensible al fraude fiscal y la lucha contra la elusión fiscal. Así, el Parlamento europeo adelantó que tiene en estudio la creación de “listas negras” de empresas implicadas en prácticas corruptas, que no podrían acceder a contratos públicos ni fondos comunitarios, o el acuerdo para el intercambio de información tributaria entre los Estados miembros de la UE que se aplicará desde este año.

En un ámbito más global, la ISO lanzó en 2016 su norma de Compliance ISO 37001. El nuevo estándar fija requisitos para implantar un Sistema de Gestión Anti soborno en las organizaciones, ayudándoles a prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas de soborno, cumpliendo con la legislación y otros compromisos adquiridos de forma voluntaria, tanto en sus propias operaciones como es su cadena de valor.

Consolidación de la economía colaborativa y la economía circular

Economia colaborativa

El rápido crecimiento de la economía colaborativa no podrá ser refrenada por las medidas regulatorias.

La Comisión Europea acaba de publicar un nuevo informe sobre la Economía Colaborativa,More than profit: a collaborative economy with a social purpose donde evalúa que el potencial beneficio económico relacionado con un mejor uso de los recursos a través del intercambio y la colaboración en Europa asciende a 572 billones de euros. Pero más allá de los beneficios económicos, la economía colaborativa también puede ser un vehículo para lograr un triple impacto y ayudar a abordar los retos sociales.

Cuando los reguladores y gobiernos tomen conciencia de las ventajas no financieras, incluyendo las derivadas del aumento de la escala y alcance de iniciativas que abordan los desafíos sociales, y la participación de nuevas personas, activos y habilidades, y además se les preste la oportuna financiación y apoyo, se producirá una eclosión de este tipo de iniciativas.

Economía circular

Algo similar ocurrirá con la economía circular que supondrá una adaptación radical de los modelos de negocios, independientemente del sector y que necesitará ser abordada con urgencia y medidas bien estructuradas por los gobiernos no sólo para aprovechar los beneficios en sí mismos para el medioambiente sino en la creación de nuevas oportunidades de empleo. Desde incentivos fiscales, estándares ambientales y sociales obligatorios para los recursos a lo largo de toda la cadena de valor de los productos, Ratios de materiales reciclados específicos para productos y requisitos mínimos de información a través de las normativas de ecodiseño, etiquetado y precios de los productos.

Subsisten grandes asignaturas pendientes como la información al consumidor. El crecimiento contenido del consumo responsable está muy condicionado por la falta de información sobre los impactos de sostenibilidad. El etiquetado responsable es una de las asignaturas pendientes de la regulación paralizado no sólo por la presión de algunos sectores de la industria, pero también por la complejidad de su implantación.

Entretanto surgen iniciativas civiles, al amparo de la transparencia, la investigación de datos y las plataformas de colaboración ciudadana. El Triple Marcaje es una de estas iniciativas, que propone que vaya directamente en el etiquetaje, el PVP, el coste planeta y el coste del estado de bienestar. También iniciativas como la Huella Fiscal un identificador que se da gratuitamente desde la Fundación Knowcosters, tras comprobar que la información que nos envían las tiendas on line sobre su domicilio fiscal es verídica. O los comparadores de productos, como la plataforma Abouit.

Del mismo modo, otras iniciativas de rsc y sostenibilidad en las serán arboles caídos, o estrellas fugaces y recursos perdidos para las organizaciones …pero de ello hablaremos en Agora en otro artículo.

[i] Hasta la fecha ocho países europeos han aprobado Planes Nacionales de empresas y DDHH Reino Unido, Holanda, Italia, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Suecia y la última ha sido Suiza en diciembre.