Cuando llegó al banco en 2010, tuvo conocimiento de que el banco daba a los reguladores datos inflados del valor de sus posiciones de derivados. Cuando puso en conocimiento de sus colegas del banco estos hechos, le animaron a olvidarse del asunto, alegando que ya había en marcha una investigación interna. Unos meses más tarde se dirigió a uno de los abogados de la compañía, y en noviembre de 2011 fue despedido. La razón oficial: su puesto de trabajo se trasladaba a Berlín.

Posteriormente, Ben-Artzi informó a la SEC. Fue uno de los tres denunciantes que informaron a la SEC sobre el asunto. Hoy en día trabaja en la puesta en marcha BondIT Herzliya, que desarrolla la tecnología de datos para la gestión de carteras de bonos.

La SEC impuso al banco, en mayo de 2015, una multa de 55 millones de dólares por sobrevalorar su cartera de productos derivados, y no reflejar el riesgo real de sus productos. Previamente, en el año 2011, para promover la colaboración de particulares, la SEC había puesto en marcha su programa de denuncias, que contempla el pago de recompensas a personas que proporcionan información original de alta calidad” que de lugar a sanciones de más de un millón de dólares. Conforme a este programa, a Ben Artzi le hubiera correspondido cobrar unos 8,25 millones de dólares. De los tres whistleblowers que denunciaron a la SEC, es el único que ha rechazado cobrar su parte.

En un artículo publicado en el Financial Times el pasado jueves 18 de agosto, Ben Artzi considera que la SEC no ha castigado como debiera a los ejecutivos del Deutsche Bank responsables, sino que al imponer una multa general al Banco, y no a sus directivos, la SEC ha acabado castigando a los empleados y accionistas de la entidad, por lo que son ellos y los trabajadores despedidos los que están realmente pagando la sanción.

“A pesar de que necesito el dinero ahora más que nunca, no voy a unirme al saqueo de las mismas personas que me contrataron para proteger“, dijo en declaraciones al Financial Times. “Mientras tanto, los altos ejecutivos se retiraron con bonificaciones multimillonarias basadas en la tergiversación de balance del banco“. En su carta, además explica que una de las razones por las que los directivos del DB no fueron castigados fue por las puertas giratorias entre la SEC, y el propio banco.

En otros artículos hemos tratado el tema de la necesaria protección de los denunciantes anónimos y de los programas de clemencia, destacando la necesaria protección jurídica de los informantes y la influencia de la garantía de represalias en la mejora del gobierno corporativo.

También hemos abordado la existencia de incentivos o de recompensas. En muchas ocasiones, la labor del informante suele estar asociada a comportamientos oportunistas o a represalias, y lo relacionábamos con la calidad de la información aportada (¿Es más fidedigna la información cuantos menos recompensa financiera haya, por ejemplo?), pero sobre todo, con la finalidad en la divulgación de la información. Como reconoce la PIDA (Public Interest Disclosure Act) del Reino Unido, la protección de los Whistleblowers ha de basarse en la existencia de “interés público” estableciéndose varios niveles a la hora de justificar protección frente a las autoridades administrativas, a los superiores de la empresa o frente a terceros y proteger el secreto de las informaciones.

Ahora bien, lo más interesante de este caso, son dos cuestiones.

  • Una, valorar la conducta del informante en términos de cultura organizativa y calidad institucional. Por ejemplo, la cantidad y calidad de información dependerá evidentemente, del grado de protección que se le otorgue pero obviamente, del clima ético de la organización. Estas delaciones al regulador llegan, en el caso de los empleados, cuando han fallado todos los mecanismos de comunicación e investigación internas, y en caso de culturas corporativas disfuncionales y corruptas.
Construir una cultura corporativa ética tiene un recorrido muy largo, e implica mucho más que programas de compliance y canales anónimos de denuncia. Sirva esta reflexión nuevamente, a propósito de la fiebre que se está desatando sobre la implementación de los programas de cumplimiento y su relativa falta de eficacia.
  • La segunda, el hecho de que la disidencia en el cobro de la recompensa -esto es, la renuncia a incentivos económicos- pone en evidencia, las fallas de un sistema sustentado sobre el dinero.

En una interesante entrevista a TheMaker, Ben Artzi reconocía:

“Creo que hice mi deber, y creo que no soy un ladrón y que me gano la vida honestamente”.

“Es menos una cuestión de protesta y más una cuestión de que no quiero ser parte de esto. No quiero aceptar el dinero robado. Están robando a los accionistas”

“Te voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas perdí mi cartera y en una hora recibí un mensaje de texto de una mujer que la encontró y me la devolvió y no quiere aceptar una recompensa. No entiendo por qué la gente se sorprende cuando esto sucede en las finanzas “.

“En este caso también hay corrupción del sistema de justicia. No sólo los abogados traicionan a los accionistas cuando trabajaban para Deutsche, también traicionaron la democracia. En lugar de buscar la justicia persiguieron dinero.”

Pero va más allá en sus declaraciones,

“En los Estados Unidos hay conflictos sistémicos de interés, que gracias al Tribunal Supremo son legales, y no hay una supervisión real cuando los abogados se comportan de forma inadecuada, ya que se controlan a sí mismos”.

“Siempre que haya dinero en el sistema financiero y en las grandes empresas, las personas deshonestas irán allí. La ocasión hace el ladrón. Lo que no es inevitable es que la policía acepte sobornos de ese ladrón. Y ese es el problema. No que haya gente como Bernie Madoff, porque siempre habrá personas como él, sino más bien que haya un sistema de justicia que, básicamente, no funciona “.

“El dinero es silencio. Si hubiera aceptado el dinero, no habría sido capaz de criticar a la SEC. En cuanto a los denunciantes, la Dodd-Frank se supone que les protege, pero en realidad hace que caigan en manos de los abogados – que destruyen a los denunciantes a jirones”.

Y ésa es precisamente la tensión que late en la RSC. La creación de un sistema de reglas y valores donde el precio, el valor económico vaya cediendo paso a las consideraciones éticas, sociales o medioambientales.

Artículo publicado inicialmente en agorarsc.org