Tus derechos peligran, asalto global a las libertades

© Maxim Zmeyev/Reuters

La protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse,ya que las draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad planteadas acorto plazo, y que obedecen a intereses particulares, han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales, ha advertido Amnistía Internacional en la presentación de su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.

“Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los ‘valores’nacionales.”

Los derechos humanos, amenazados globalmente

Amnistía Internacional advierte de una tendencia insidiosa y progresiva al debilitamiento de los derechos humanos, fruto de la acción deliberada de gobiernos para atacar, abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudarnos a proteger nuestros derechos. “No sólo peligran nuestros derechos, sino también las leyes y el sistema que los protegen. Más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja”, ha dicho Salil Shetty.

Gobiernos que intentan eludir el escrutinio de sus historiales nacionales están socavando los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y mecanismos regionales como el Consejo de Europa y el sistema interamericano de derechos humanos. Amnistía Internacional pide a los gobiernos apoyo político y financiación plena de los sistemas existentes para hacer respetar el derecho internacional y proteger los derechos de las personas.

Los derechos humanos, amenazados nacionalmente

Amnistía Internacional ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.

Amnistía Internacional advierte igualmente sobre una tendencia preocupante en los gobiernos, que cada vez adoptan más medidas y emprenden más ataques contra activistas, profesionales de la abogacía y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

“En lugar de reconocer el papel fundamental de estas personas en la sociedad,muchos gobiernos se han propuesto acallar por completo las críticas en su país. Se han saltado sus propias leyes en sus campañas de represión contra la ciudadanía”,ha afirmado Salil Shetty.

Amnistía Internacional afirma que esto en parte se debe a la reacción de muchos gobiernos ante las nuevas amenazas para la seguridad en 2015.

“La desacertada reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional ha consistido en reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de hacer de los derechos humanos un insulto, al presentarlos como contrarios a la seguridad nacional, el orden público y los ‘valores nacionales’ han llegado incluso a violar su propia legislación de esta manera”, ha afirmado Salil Shetty.

La ONU precisa revitalización urgente

Las Naciones Unidas y sus oficinas de protección de derechos humanos y personas refugiadas se resintieron gravemente por culpa de la hostilidad y el abandono de recalcitrantes gobiernos en 2015.

“La ONU fue creada para ‘preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra’ y para ‘reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre’, pero es más vulnerable que nunca a los enormes desafíos”, ha manifestado Salil Shetty.

Muchos gobiernos han impedido a propósito que actúe la ONU para evitar atrocidades masivas o para obligar a rendir cuentas a los autores de esas atrocidades, y han desoído o despreciado sus recomendaciones destinadas a mejorarla situación nacional de los derechos humanos.

El conflicto sirio es un terrible ejemplo de las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas.

El secretario o secretaria general de la ONU entrante, que será elegido este mismo año y tomará posesión de su cargo en enero de 2017, heredará una organización que ha logrado mucho pero que necesita revitalizarse con urgencia, según Amnistía Internacional. La organización pide a los Estados miembros de la ONU y a su Consejo de Seguridad que muestren ideas nuevas y audaces para avanzar en las reformas, empezando por el proceso de elección del secretario o secretaria general.

“Los Estados miembros de la ONU tienen este año una oportunidad histórica para revitalizar la organización apoyando una candidatura fuerte al puesto de secretario o secretaria general, con el compromiso, entereza personal y visión necesarios para contrarrestar toda iniciativa de los Estados empeñados en menoscabar los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional”, ha dicho Salil Shetty.

Para ello, afirma Amnistía Internacional, el proceso de elección debe ser imparcial y transparente, y asimismo garantizar que se conoce y comprende la concepción que los candidatos y candidatas tienen de los principales desafíos a los que se enfrenta la ONU en materia de derechos humanos.

España no es una excepción

España participa también en esta tendencia de recorte de libertades y derechos. Conla entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del CódigoPenal, el pasado mes de julio, se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad deexpresión y el derecho de reunión pacífica. Se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren “falta de respeto” o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.

Durante 2015, se reformó el Código Penal en materia antiterrorista. La definición de terrorismo es tan vaga, que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión.

“Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero,acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión”, destacó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En el ámbito internacional, España ha tenido una política de doble rasero. Ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto, participando en la adopción de resoluciones como la Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, o demandando un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas. Pero por otra parte, el Gobierno ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros, han hecho a España en diferentes ámbitos. El Estado español ha alegado que no existen mecanismos procesales que obliguen a dar cumplimiento a dichas decisiones.

“España ha recibido diferentes llamadas de atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular;o porque es necesario adoptar una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.”, relató Esteban Beltrán.

Por último, los compromisos asumidos por España con la Unión Europea sobre reubicación de personas procedentes del conflicto sirio se cumplen muy lentamente.El Gobierno español se comprometió a reubicar a más de 17.000 personas de Greciae Italia, cuando sólo han llegado 18 en 2015. También se comprometió a reasentar a 854 personas procedentes de diferentes países entre 2014 y 2015, de las cuales sólo 90 llegaron a la península. Mientras tanto cientos de personas esperan hacinadas en el CETI de Melilla, en muchos casos sin la debida atención médica y psicológica.

Llamada a la acción

“Hoy el mundo se enfrenta a múltiples desafíos que, en su origen, son creados o prolongados por gobiernos que juegan a hacer política con la vida de las personas. Millones de personas refugiadas están sufriendo mientras proliferan los conflictos, y los grupos armados atacan deliberadamente a civiles, entre otros abusos graves”, ha afirmado Salil Shetty.

“Son los dirigentes mundiales quienes tienen en sus manos la posibilidad de impedir que estas crisis se vuelvan todavía más incontrolables. Los gobiernos deben parar su asalto contra nuestros derechos y reforzar las defensas que ha establecido el mundo para protegerlos.