2El pasado 13 de enero el Parlamento Europeo aprobó en Estrasburgo por amplia mayoría una norma que tuvo escasa repercusión, pero que está llamada a cambiar el panorama completo de los cultivos transgénicos en Europa. La Cámara dio luz verde a que a partir de la próxima primavera sean los Estados miembros individualmente y no la UE quien tengan la potestad de aprobar o prohibir el cultivo de transgénicos en sus territorios. En toda Europa, debido al amplio rechazo social de estos cultivos, los transgénicos están prácticamente vetados, puesto que sólo se planta un cultivo de este tipo, un maíz de Monsanto que fue aprobado hace dos décadas en 1998. Todo puede cambiar a partir de ahora.

La amplia aprobación de esta nueva norma en el Parlamento Europeo (480 votos a favor frente 159 en contra y 58 abstenciones) se produjo después de cinco años de negociaciones entre Estados y la UE para desatascar el mecanismo de aprobación europeo, que en la práctica mantenía un bloqueo a los transgénicos desde hace 17 años. Una vez entre en vigor la nueva directiva, en las próximas semanas, cada uno de los 28 Estados miembros podrá decidir por sí mismo, lo cual se antoja una oportunidad de las multinacionales de biotecnología alimentaria (sobre todo, la líder mundial Monsanto) para hacer penetrar poco a poco sus cultivos en el continente. Divide y vencerás.

Uno de los grupos políticos que rechazó rotundamente la votación en la Eurocámara fue Los Verdes. El eurodiputado francés José Bové alertó ese día de que “a corto plazo, este cambio permitirá a multinacionales como Monsanto retar prohibiciones nacionales en la Organización Mundial del Comercio o, si el TTIP se aprueba finalmente, en tribunales internacionales de arbitraje”.

El veto sobre todo francés, austríaco y alemán en Europa mantenía un bloqueo a estos cultivos en toda Europa, sin embargo, Los Verdes y ONG ecologistas europeas temen que a partir de ahora las multinacionales del sector puedan ir introduciendo sus cultivos al tener que tratar ahora a los Estados directamente en vez la UE en su conjunto. De este modo, quedan abiertas muchas más ventanas para entrar en el campo europeo.

Además de Francia y Alemania, Luxemburgo, Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia e Italia han adoptado hasta ahora medidas de salvaguardia prohibiendo el cultivo en sus territorios. Pero frente a éstos, gobiernos como Reino Unido y Holanda siempre han anunciado que les gustaría ver más variedades de estos cultivos en sus suelos, mientras que otros países agrícolamente muy destacados como España, podrían ser proclives a la entrada de transgénicos en sus suelos. Desde luego, la industria estaría muy interesada por la amplia superficie cultivable española.

Hasta ahora el proceso de aprobación de un cultivo transgénico tenía que pasar por la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (AESA), con sede en Parma, Italia. Si el cultivo en cuestión recibía el visto bueno de esta agencia, el proceso se remitía a la Comisión Europea que debía emitir un dictamen definitivo en el plazo de tres meses. La aprobación sólo llegaba en caso de mayorías cualificadas.

La AESA ha aprobado sólo ocho transgénicos, el último de ellos en 2005, sin embargo, el amplio clima de rechazo social en Europa a estos cultivos ha llevado a la Comisión a denegar la autorización de los mismos, sobre todo por el bloqueo de Francia y Alemania.

Este último transgénico aprobado por la AESA en 2005 fue la patata Amflora, desarrollada por la multinacional alemana BASF. La Comisión dio en 2010 el visto bueno para su cultivo en Europa, sin embargo, sólo dos años más tarde la compañía anunció que cancelaba su producción debido a la fuerte resistencia social contra el producto. Apenas llegaron a cultivarse algo menos de 300 hectáreas entre Alemania, Suecia y República Checa.

El maíz MON810, de Monsanto, es por lo tanto el único cultivo transgénico que se cultiva en la UE. Según las cifras oficiales europeas, habría plantadas unas 130.000 hectáreas con este maíz, el 90% de las cuales se encuentran en España (el resto en Portugal, Rumanía, Eslovaquia y República Checa). Si bien, grupos ecologistas como Amigos de la Tierra han cuestionado el dato español por provenir, según argumentan, de estimaciones. Según esta ONG, la cifra real sería de unas 70.000 hectáreas del maíz MON810 en España.

Sin duda, todas estas cifras pueden dispararse a partir de ahora y los detractores de los transgénicos esperan que las multinacionales de este sector (en especial, Monsanto) refuercen sus presiones (antes sólo enfocadas en un solo punto aunque muy potente: la UE) para ir levantando el veto país por país.

“Este nuevo esquema implica la renacionalización de la autorización de los transgénicos y un mayor poder para las multinacionales en lugar de un marco regulatorio europeo que luche por el interés general a nivel continental”, explica Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo.

“A los países que se oponen a los transgénicos se les da la zanahoria de poder optar o no a su aprobación, pero la norma aprobada por el Parlamento no logra darles una base jurídicamente fiable para hacerlo, al contrario, refuerza el poder de las multinacionales al abrir la puerta a que denuncien a los países que rechazan los transgénicos ante un tribunal de arbitraje o la Organización Mundial del Comercio”, añade Marcellesi.

Frente a esto, la eurodiputada liberal belga, Frédérique Ries, impulsora de esta medida, señaló el día de su aprobación que “Europa tiene una jungla legal y un Consejo europeo muy reacio a aprobar transgénicos, de modo que este acuerdo dará más flexibilidad y libertad a los Estados miembros”, argumentó.

Mute Schimpf, responsable de Alimentación en Amigos de la Tierra Europa, admite que la nueva norma “da una oportunidad masiva para que los gobiernos nacionales oigan la voz de sus ciudadanos y den un portazo a los cultivos biotecnológicos”, pero alerta al mismo tiempo de que este acuerdo pueda convertirse en “una carta blanca para aprobar nuevos transgénicos”.

Mientras que se materializan o no los nuevos escenarios, posturas de cada Estado miembro y temores generados por esta decisión tomada por el PE, un aspecto está más que claro, y es la postura de los ciudadanos europeos al respecto.

El último eurobarómetro sobre transgénicos muestra de forma rotunda que sólo el 18% de los europeos piensa que los transgénicos son más seguros para las futuras generaciones, frente a un 61% que opina al contrario. En España, el rechazo a los transgénicos, aunque algo menor que en Europa según esta encuesta, sigue siendo muy elevado: el 53%.

A partir de ahora, por lo tanto, los Estados, más que mirar hacia Bruselas o la AESA, tendrán que centrarse más que nunca en la opinión pública de sus respectivos países a la hora de decidir si dan luz verde o no a los transgénicos en sus territorios. La patata caliente está ahora sobre su tejado.

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