Estaban en búsqueda de un sujeto de aproximadamente 50 años, de aspecto campesino -los casos de secuestros y desapariciones forzosas son comunes en esta parte del país-.

Al llegar a San Cristóbal tomé un taxi hasta San Antonio del Táchira, Municipio Bolívar. 50 minutos más de viaje. Faltaba poco para las 9 de la noche. Me dirigía a San Antonio para cruzar la frontera hacia Colombia con el objetivo de conversar con algunas personas que viven del contrabando.

En el camino, conversaba con el conductor del taxi, él opinaba sobre la situación del país y de cómo a diario veía lo que sucedía en la frontera con respecto al tema del contrabando.

En uno de los puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana una funcionara con cara sonriente pregunto: ‘’¿llevan carne? ’’. No entendí el porqué, seguimos andando.

‘’Hay gente que compra kilos de cualquier tipo de carne, sea cerdo o res, y la vende en carnicerías en Cúcuta a un precio mayor, esa gente está desangrando al país’’, fue la explicación del chofer.

Venezuela y Colombia comparten una extensión de aproximadamente 2219 kilómetros en el límite fronterizo, por donde a diario transita un elevado número de personas. Solo en el mes de noviembre de 2017, se registraron 81.430 movimientos de viajeros en El Puesto de Control Puente Internacional Simón Bolívar, según estadísticas de Migración Colombia.

En el año 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera con Colombia como una medida eventual, para poner freno a las actividades ilícitas que allí se suscitan. Lo que ha generado una serie dificultades en las relaciones diplomáticas entre ambos países y un inevitable golpe a la economía de San Antonio.

Desde entonces, y debido a la profunda crisis económica de Venezuela, el paso ilegal de mercancía se ha incrementado. Según testimonios de habitantes de la zona los productos que allí más trafican están productos de limpieza, comida, medicinas, ropa y calzado.

Una práctica ilícita que se ha convertido en una forma de subsistir – tristemente-, para algunos y una desgracia para otro sector de la sociedad.

‘’Aquí mucha gente vive de ‘vueltas’, por cruzar carne, cigarros, o licor usted gana rápido un buen dinero’’, comentaba Jonathan Flores.

Jonathan vive en San Antonio, – luego de varios días, aceptó ser mi fuente y esperarme aquella noche en el centro de San Antonio- , según su opinión, en esa zona del país se ve la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Comentó que la mayoría de los artículos que se necesitan en Venezuela se encuentran apenas se cruza al otro lado del puente: ‘’Toda la comida que debiera ir a las principales ciudades de Venezuela se va a Colombia’’. Información que pude constatar en los comercios que se encuentran en ‘’El Corregimiento La Parada’’ (Cúcuta).

Uno de los requisitos para cruzar la frontera es poseer el Carnet de Circulación Migratorio. Este se puede obtener en locales adyacentes a la Avenida Venezuela de San Antonio.

Esa mañana- entre ruido y gente apurada-, sobresalía una voz: ‘’Carnet migratorio a 20.000’’. Hice la cola y después de 25 minutos tuve el documento en mis manos.

Pude observar atónito como miles de personas el puente Simón Bolívar al unísono, como si se tratara de una escena apocalíptica: comerciantes, familias enteras, delincuentes, contrabandistas.

Cuando llegó mi turno de pasar a Colombia aceleré  el paso y me dirigí a hablar con discreción con una persona que allí ejerce el comercio informal. Había una gran cantidad de comerciantes colombianos y venezolanos por todo el lugar.

El comercio informal es una opción para quienes se oponen al paso de estupefacientes o gasolina. Pero en otros casos, es la máscara perfecta para otro tipo de delitos.

A mi lado iba una joven de no más de 30 años, uno de los vendedores la interrumpió en su paso y le ofreció 150.000 pesos colombianos por cortarle el cabello, que posteriormente es  utilizado para la elaboración de pelucas.

Venta de comida, agua, cigarrillos, era la escena. ‘’El arroz lo tengo en 3000 pesos’’, fue la opinión de un vendedor,  al preguntarle por algunos rubros alimenticios que allí expenden.

Corrupción evidente

Según Naciones Unidas la frontera colombo-venezolana es la segunda más agitada de América, luego de la de México y Estados Unidos. El flujo de personas varía dependiendo de la situación política y económica de ambas naciones.

Después del primer aumento salarial en Venezuela del 2017, la entrada y salida por ese punto migratorio aumentó. Unos van de viaje (con o sin retorno), otros van por trabajo, mientras que otro grupo por diligencias ilícitas. Pero debido al cierre vehicular de la frontera también se han visto afectados niños tachirenses que estudian en Cúcuta, o viceversa.

Las autoridades nacionales están al tanto de los actos de corrupción que allí se presentan. Mientras se toman medidas infantiles para evitar el contrabando, los militares y efectivos policiales de los dos países amasan grandes sumas de dinero, mientras el pueblo venezolano vive la peor crisis económica de su historia.

En cada uno de los puestos de control, ‘el contrabandista’, tiene que cancelar una suma de dinero (vacuna), que permita el paso ilegal de la mercancía en cuestión. El precio varía dependiendo de la cantidad de mercancía y del número de funcionarios que dan la ‘luz verde’.

El paso ilegal de gasolina al vecino país es la actividad más lucrativa, beneficiando a una cadena de personas que van desde el despachador de combustible, hasta el funcionario que resguarda las instalaciones.

En Venezuela la gasolina es subsidiada por el gobierno, con precio de US$ 0.01 para luego ser vendida en Colombia a un precio de US$ 1.15. Lo que se traduce en un negocio muy rentable.

Por tal razón en las principales estaciones de  servicio de San Cristóbal se ven largas colas para comprar gasolina. Los usuarios suelen pasan de 5 a 10 horas (o días). Unos para sus actividades diarias, mientras que el ‘bachaquero’ (traficante ilegal) logra evitar la cola a cambio de una suma de dinero.

El ‘’bachaquero’, o ‘traficante’ se caracteriza por una suspicacia sin límites, en todo ve ganancia, todo para el (o ella), es mercancía.

Esta práctica ilegal se ha importado de la frontera a toda Venezuela. Beneficiando a un grupo de civiles (o grupos organizados),  que abusan de la clase menos pudiente de venezolanos.

‘’Es muy triste que ante nosotros ha nacido un monstruo que ahora no sabemos cómo eliminarlo’’, expreso Jonathan.

Hoy, es común ver en cualquier rincón de Venezuela a estos vendedores clandestinos, despiadados a la hora de vender. No solo gasolina, también artículos de aseo personal,  y repuestos para vehículos, entre otros.

Este fenómeno se va convertido en un callejón sin salida para la ciudadanía. Obligando al común a optar por estos productos costosos  ante la ausencia de regularización de precios  e incentivo a la producción.

Dos países y un delito

Según una publicación de un reconocido medio colombiano entre el año 2016 y mitad de 2017 el porcentaje de venezolanos capturados en la frontera por diversos delitos se incrementó.

  • Contrabando de gasolina: 150 %
  • Lesiones personales: 250 %
  • Robo a personas: 219 %
  • Tráfico de drogas: 227 %

También en el  mismo trabajo, publicado en julio del pasado año, vemos que entre las personas que cruzan la frontera por flagelos se dividen en: 43 % son colombianos, 24 % colombo-venezolano y 33 % venezolanos.

Pese a la destrucción de más de 68 trochas durante el 2016 y 2017 por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), se calcula que en la actualidad existen más de 288 que aún no han sido destruidas.

Ante este panorama de delincuencia organizada no cabe la menor duda que mientras no exista la voluntad por parte de ambos de gobiernos de desarticular estas mafias, la crisis fronteriza se agravará a niveles escandalosos.

Es responsabilidad del gobierno de Venezuela la recuperación del aparato productivo y la implementación de medidas serias que pongan fin a la corrupción a vox populi que impera en la zona, y por otra parte, es hora de que la ciudadanía – de los dos países-, tome consciencia acerca del profundo conflicto que podría generarse de no eliminar a tiempo estas prácticas.