Los bosquimanos de la RCKC fueron en gran medida autosuficientes antes de que el Gobierno los expulsara. ©Survival

En 2005, el embajador Joseph Huggins transmitió a sus superiores en Washington que los bosquimanos habían sido “abandonados en situaciones económicamente inviables, sin ninguna reflexión previa y sin apoyo posterior. La falta de imaginación que esto demuestra… me deja sin aliento”.

Concluyó diciendo: “Lo especial de la tragedia de la población dependiente de New Xade [es decir, los bosquimanos en el campo de reasentamiento] es que se podría haber evitado”. Lee el telegrama del embajador (en inglés)

El Gobierno de Botsuana expulsó por la fuerza a los bosquimanos de sus tierras ancestrales dentro de la Reserva de Caza del Kalahari Central en 2002. Los bosquimanos fueron abandonados en campos de reasentamiento del Gobierno fuera de la reserva donde proliferan el VIH/SIDA, el alcoholismo y otros problemas antes desconocidos para ellos.

Tras visitar el campo de reasentamiento de New Xade, el embajador Huggins percibió “desesperanza entre los jóvenes”. Los telegramas también revelan la frustración de Huggins con el entonces secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Botsuana, Ernest Mpofu. Después de sugerir que el Gobierno reconsiderase su enfoque en la cuestión de los bosquimanos, Huggins averiguó que Mpofu “desestimó todas sus sugerencias”, que fueron “recibidas con desdén poco disimulado”.  

Los cables también detallan las conversaciones de Huggins con un representante de una ONG local que criticó al Gobierno por “la falta de un proceso de consulta y la falta de transparencia en la toma de decisiones sobre el trato [a los bosquimanos]”. El representante, que no ha sido nombrado, también dijo a Huggins que los bosquimanos “son discriminados sistemáticamente por el [Gobierno], que los traslada lejos de cualquier lugar donde pueda haber una oportunidad de generar ingresos”, y que “creían que los planes mineros eran el motivo por el que los grupos [bosquimanos] fueron expulsados”.

Tras las expulsiones, los bosquimanos llevaron al Gobierno ante los tribunales en una batalla legal que se convirtió en la más larga y la más cara de la historia del país. En un veredicto histórico emitido en 2006, el Tribunal Supremo de Botsuana dictaminó que las expulsiones habían sido ilegales e inconstitucionales y que los bosquimanos tienen derecho a regresar a sus tierras.

Sin embargo, a pesar de la sentencia, el Gobierno ha continuado haciendo imposible la vida en la reserva para los bosquimanos. Les ha prohibido acceder a un pozo del que dependen para obtener agua y que usaban antes de que el Gobierno lo sellara en un intento por obligarlos a irse de sus tierras.

Los bosquimanos lanzaron un nuevo proceso judicial contra el Gobierno para intentar obtener acceso al pozo. Un juez del Tribunal Supremo desestimó su caso en 2010, expresando simpatía por el Gobierno. Este pasado lunes tuvo lugar la vista oral de apelación. El veredicto será emitido o el 27 o el 31 de enero.

Un día después de la celebración de la vista, Gem Diamonds anunció que el Gobierno de Botsuana les había concedido la licencia para abrir una mina de diamantes en una de las comunidades bosquimanas dentro de la reserva. Mientras el Gobierno siempre había mantenido que la concesión no era rentable, Gem Diamonds valora la mina en 3.000 millones de dólares.

El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Una vez más, se muestra que el Gobierno de Botsuana está detrás del sufrimiento innecesario, del desprecio, de la discriminación e incluso de la muerte de sus ciudadanos más necesitados, los bosquimanos. Esto no es sólo la opinión de algunos activistas pro derechos humanos y de los propios bosquimanos, sino que es un hecho sobre el que informa el Gobierno de EE.UU. No importa cuánta riqueza puedan generar para unos pocos: no se debería comprar diamantes a costa de la destrucción de estos pueblos bosquimanos”.

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