Uno de los pilares de la corrupción lo constituye, como es sabido, la financiación de los partidos políticos. Cada vez que se descubre algo sucio, los portavoces cogen un micro y se disculpan repitiendo el ya cansino mantra  que “en todos los partidos hay chorizos” pero no funciona así. La realidad es que hay, o parece haber, un flujo constante de oscuros porcentajes sobre las obras públicas y que partidos como el PP por lo visto crearon Orange Market para financiarse de forma ilegal aplicando sobrecostes tan vergonzosos como los de la visita papal. Y lo coherente es que cuando la manzana está así de podrida y el ambiente así de proclive a lo turbio, algunos gusanos lo sean más que otros y se lleven a casa  lo que puedan. Pero el grave problema me parece que no radica ahí.

El grave problema, paradójicamente, no es la financiación ilegal de los partidos políticos, sino su financiación legal gracias  a un marco legal que los partidos políticos se regalaron a sí mismos para medrar a gusto, en particular  la ley orgánica de financiación de los partidos políticos, que establece que las donaciones a los partidos están permitidas siempre que no sean  finalistas, es decir, a cambio de algo. Pero encubrir una donación finalista es extraordinariamente fácil,  porque cuando un empresario da dinero a un partido político a cambio de favores,  generalmente no va al Notario para pactar la transacción de forma solemne.

Si el título de este artículo alude al carácter pegajoso de la corrupción, no es porque se contagie (aunque de hecho es contagiosa), sino porque se adhiere a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, como baba maloliente, y no somos indiferentes a ella ni a sus efectos.

Esta corrupción  legal no puede verse, por lo menos con los ojos de la cara, pero deja una especie de huella que se puede percibir. Bajo mi punto de vista, esa huella es la respuesta a las preguntas que muchos españoles nos hacemos atónitos: ¿Por qué el gobierno no protege a los ciudadanos y los legisladores nunca resuelven los problemas? ¿Por qué los poderes públicos no defienden los intereses generales? ¿Por qué la injusticia, la mentira y las deficiencias de la vida social se eternizan sin que nadie haga nada?

Vamos con un ejemplo. Si todos los profesionales de la salud honestos y que saben lo que dicen están convencidos y escriben y publican que la ingesta de grasas vegetales hidrogenadas, es decir de grasas trans, es nociva para la salud y puede lesionar el sistema cardiovascular, y si al mismo tiempo las autoridades de Sanidad toleran la publicidad de las margarinas y otras grasas trans que dicen que como no contienen colesterol son beneficiosas para el sistema cardiovascular y que nos protegen de un infarto, es decir, si las autoridades de Sanidad son cómplices de un engaño a los ciudadanos que puede causar en sí mismo una epidemia y un una oleada de de enfermedades y de muertes ¿no será que alguna asociación de empresarios fabricantes de margarina está financiando al partido  que en cada momento controla el Ministerio de Sanidad?

Pero la ley orgánica de financiación de los partidos políticos tiene una peculiaridad extraordinaria , y es que las donaciones que reciben los partidos solamente tienen que ser revisadas por el Tribunal de Cuentas cuando sobrepasan los 30.000 € al año. De esta manera, una empresa puede estar pagándole un partido  29.999 € al año sin que éste tenga la obligación de dar ningún tipo de explicación de ello, y en España hay todavía miles de empresas con esa capacidad.  En muchos casos su tamaño es suficiente como para que 29.999 euros al año sea un gasto más que moderado.

Hace un tiempo me puse a estudiar  la posibilidad de promover una iniciativa legislativa popular para tratar de cambiar esta situación o al menos abrir las cuentas de los partidos al público en los términos del manifiesto 2012, pero en seguida me di cuenta de que era imposible porque la Constitución, de forma tan paradójica como sospechosa, prohíbe la iniciativa legislativa popular para el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales de la persona. Así que no hay nada que hacer sino continuar sometido por esas mafias que diseñaron la democracia, su Constitución y sus leyes preferentemente para reservarse privilegios que, como se ve, han quedado blindados.