El pasado día 17, el juzgado de lo social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria declaraba improcedente el despido de una administrativa para ser sustituída por un robot.

La trabajadora llevaba trece años trabajando en las oficinas centrales de la compañía como oficial de contabilidad, hasta que la firma adquirió la licencia de Jidoka, un RPA (acrónimo de Robotic Process Automation o Automatización Robótica de Procesos) para la gestión de cobros.(1)

Esta máquina, según la sentencia “realiza tareas desde las 17.15 hasta las 6.00 horas” en los días laborales, y “en los festivos trabaja 24 horas”. La adquisición de este programa motivó que la empleada y otros compañeros del departamento recibieran una carta de despido «por causas productivas». El motivo fue la «robotización de parte de las funciones administrativas que hasta el momento venían siendo desarrolladas directamente por el personal».

En su sentencia, el juez considera que automatizar para disminuir costes es igual que «reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de empresa”.

La sentencia es interesante por varias cuestiones:

  • La primera porque la automatización de tareas se está imponiendo en muchos entornos sin un debate previo sobre cuál ha de ser el alcance de la automatización y las relaciones con los trabajadores en el seno de la empresa, y especialmente sin un entorno jurídico de protección reforzada para el trabajador.

Pero además, como recuerda el magistrado, para justificar el despido en razones objetivas es necesario acudir a una causa “excepcional”, y expone que la automatización de tareas hasta ahora desarrolladas por humanos no puede considerarse algo singular, cuando todos los estudios apuntan a que “la automatización de procesos como la operada en el caso presente implicará una destrucción de empleos de al menos el 35% de la población activa” en los años venideros.

El juez razona que la automatización como causa técnica del despido objetivo implica una oposición entre los derechos sociales alcanzados por los trabajadores que se vislumbran como obstáculo para alcanzar un rendimiento empresarial más óptimo, frente a la posibilidad de que un instrumento de producción pueda efectuar ese mismo trabajo sin límite de horas, sin salario ni cotizaciones sociales.

Por tanto, recalca, la automatización, con la única excusa de reducir costes para aumentar la competitividad, significa lo mismo que “reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de empresa”.

Los empleos de nueva creación requerirán habilidades muy diferentes de los que están siendo destruidos y pueden estar localizados en otras regiones. Los trabajadores desplazados necesitarán una protección social adecuada, incluyendo prestaciones económicas y asistencia a medida para encontrar empleo pero también se necesitan cambios en la organización del trabajo dentro de las empresas y en las diferentes industrias.

  • En segundo lugar, porque implica también un debate filosófico sobre la relación hombre-máquina que va más allá de sus respectivas capacidades. ¿Debemos crear un entorno donde los robots estén al servicio de los seres humanos y por ende faciliten las tareas laborales, o al revés?

En este caso, “se pasa de que los trabajadores hagan uso de un instrumento de producción para el desempeño de su trabajo, a que el instrumento de producción haga ese trabajo por sí. Aquí no se produce un cambio en el medio o instrumento de producción, lo que se produce es la sustitución de un trabajador por un instrumento.”

  • En tercer lugar, ¿Cómo debe la transición hacia un entorno empresarial robotizado? Si el peaje que tendremos que pagar es el empleo, ¿hay que obligar al empresario a cotizar por los robots? ¿Qué tipo de empleos han de reservarse a las máquinas y cuáles a los hombres? ¿Qué tipo de compensación hay que arbitrar para una transición que no merme el bienestar de los trabajadores y que les capacite para otros empleos? ¿Cuál será la responsabilidad que asuma el empresario por las acciones de las máquinas?

El fallo establece que la cadena hotelera deberá readmitir a su empleada en un plazo de cinco días, o indemnizarla con 28.305 euros (cantidad correspondiente a 33 días de salario por año trabajado con un máximo de veinticuatro mensualidades). Además, deberá resarcir a su exempleada con 863 euros más intereses por omitir el preaviso de despido.

Pero no hay que olvidar que más allá de esta sentencia,  la implantación de este tipo de programas puede generalizarse en un futuro cercano con un efecto cascada en la

¿Asistiremos a un futuro distópico de paro tecnológico masivo, empleo precario y mayores brechas de desigualdad laboral?

Según el informe de la OCDE, El futuro del trabajo, el 14% de los actuales empleos podrían desaparecer a manos de los robots en los próximos 15 a 20 años, y otro 32% cambiarán de forma radical debido a la automatización de parte de las tareas. Una cifra que según subraya la OCDE es muy inferior a los cálculos más alarmistas. Esta cuarta revolución industrial de la mano de la robotización, ofrecerá ventajas pero en el ámbito laboral está minada de riesgos que exigen medidas urgentes para proteger a los trabajadores más vulnerables, especialmente, los profesionales con cualificaciones intermedias, los más expuestos a esta transformación.

 

(1) La sentencia no es firme, es susceptible de recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.