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En el contexto del paro nacional y las manifestaciones que se han venido celebrando desde el 28 de abril, Amnistía Internacional documentó uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, constató el uso de armas letales contra manifestantes, el uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales, y torturas y malos tratos contra manifestantes pacíficos. Esta información aparece en el informe del pasado 30 de julio: “Cali: En el epicentro de la represión”. Amnistía internacional ha puesto en marcha un acción (SOS Colombia: «Solo estamos defendiendo nuestros derechos») con la que más de 40.000 personas han pedido ya una investigación imparcial sobre estos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
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También queremos destacar la grave situación en la que se encuentran las personas defensoras de los derechos humanos y sus comunidades en Colombia, en particular quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las personas y comunidades que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, muchas veces ubicadas en zonas de alto interés económico y con gran presencia de grupos armados, están más expuestas que nunca. En muchos casos, se trata de líderes y lideresas de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas que reclaman derechos colectivos ligados al reconocimiento y la protección de sus territorios. Colombia se ha convertido en el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Según la organización colombiana INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), 310 personas defensoras y líderos sociales fueron asesinados en 2020, al igual que 12 familiares; en 2021, 115 personas defensoras y líderes sociales han sido asesinados según la misma organización.
Esta situación la denunciamos en el informe ¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia, publicado en octubre de 2020.
Uno de los casos en los que estamos trabajando en este momento es el de la defensora Jani Silva, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), que defiende los derechos y el medio ambiente de 700 familias campesinas en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en la región del Putumayo (suroeste), frente a los intentos de grupos armados y empresas multinacionales de apoderarse de su territorio. Por su trabajo, tanto Jani Silva como otros miembros de ADISPA han recibido reiteradas amenazas de muerte y se ha descubierto un plan para matarla. Jani Silva ha liderado programas de reforestación y abogado por la implementación del Acuerdo de Paz.
Amnistía Internacional ha puesto en marcha la campaña: Colombia: ¡Da la cara por quienes protegan nuestro medio ambiente», en la que se destaca el caso de Jani Silva, con la que más de 12.000 personas están pidiendo medidas eficacaces para quienes defienden los derechos de la tierra en Colombia.
Nos hemos dirigido al gobierno español con estas preocupaciones para pedirle que éstas sean trasladadas al Presidente Duque durante su visita, y para que se pongan los derechos humanos en el centro.
Adjuntamos audio con resumen de nuestras principales preocupaciones explicadas por Yolanda Vega, portavoz de Amnistía Internacional España para Colombia.