El 21 de septiembre de 2026, durante un mitin en Greensboro, Carolina del Norte, el vicepresidente JD Vance se refirió a candidatos que hablaban de la «liberación de Palestina y Puerto Rico». Dijo que aquello le hacía reír y pidió al público imaginar a los fundadores de Estados Unidos pensando en la liberación de ambos pueblos.
¿Por qué mencionó a Puerto Rico? ¿Qué entiende el Gobierno estadounidense cuando oye que puertorriqueños reclaman su liberación?
No estamos hablando de una isla que decide su estatus en igualdad de condiciones con Washington. Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de Estados Unidos, y el Congreso conserva autoridad sobre su futuro político. Para quienes cuestionamos esa relación, liberación significa poder decidir un futuro fuera del estatus territorial actual. Vance no declaró que Puerto Rico fuera una posesión; esa es nuestra lectura política de una relación en la que Washington conserva la decisión final.
Los puertorriqueños proponemos distintos destinos. El independentismo defiende la soberanía. Nuestro movimiento propone la reunificación con España como comunidad autónoma, sujeta a un proceso acordado con España y a la voluntad del pueblo puertorriqueño. Otros defienden la estadidad estadounidense. Esas diferencias merecen un debate serio, no una carcajada.
También merecen una respuesta franca del Congreso. En 2019, el entonces líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que un plan para admitir a Puerto Rico como estado no avanzaría mientras él dirigiera esa cámara. En una entrevista publicada en 2025, la congresista demócrata Nydia Velázquez afirmó que, a su juicio, Puerto Rico nunca conseguiría los votos necesarios para convertirse en estado. Velázquez pidió, además, un mecanismo para que el pueblo decidiera su futuro.
Sus palabras no constituyen una decisión definitiva del Congreso. Sí plantean una pregunta que los defensores de la estadidad tienen derecho a ver contestada: ¿está dispuesto el Congreso a ofrecer la estadidad y a cumplir el resultado si Puerto Rico vota por ella?
Si la respuesta es no, el Congreso debe decirlo claramente. Y si la estadidad no va a ser una oferta real, sostenemos que las opciones que deben competir en un referéndum vinculante son la independencia y la reunificación con España. Cada propuesta tendría que presentarse con términos claros para que el electorado pueda juzgarla.
El Congreso tiene la responsabilidad de establecer un proceso vinculante y responder a sus resultados. No puede pedirle a Puerto Rico que vote una y otra vez mientras deja sin respuesta la pregunta decisiva: ¿permitirá que el pueblo puertorriqueño elija salir de su condición territorial?
El vicepresidente puede reírse de la palabra liberación. Nosotros exigimos que se tome en serio la voz del pueblo.