Para Puerto Rico, ese momento ha llegado nuevamente.
Durante más de ciento veinticinco años, el futuro político de Puerto Rico ha permanecido como uno de los asuntos más debatidos y, al mismo tiempo, menos resueltos por el Congreso de los Estados Unidos. Elección tras elección y plebiscito tras plebiscito, funcionarios electos de ambos partidos políticos han reiterado que corresponde al pueblo de Puerto Rico decidir cuál será su futuro político.
Si ese principio realmente representa la posición del Congreso, ha llegado el momento de convertir esas palabras en hechos.
Durante la primera semana de octubre, una delegación compuesta por una creciente coalición de organizaciones cívicas puertorriqueñas, líderes comunitarios, profesionales, educadores, veteranos, empresarios y ciudadanos comprometidos de Puerto Rico y de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos viajará a Washington, D.C., para iniciar una iniciativa coordinada de gestión legislativa ante el Congreso de los Estados Unidos.
Esta delegación no representa a una sola organización, un solo partido político ni a una sola persona.
Representa el comienzo de una coalición más amplia, unida por un principio fundamental: que el pueblo de Puerto Rico merece un proceso democrático justo, informado, transparente y vinculante mediante el cual pueda determinar definitivamente su futuro político.
Durante las próximas semanas se anunciarán públicamente otras organizaciones, instituciones cívicas y líderes comunitarios que se irán incorporando a esta iniciativa, demostrando que este esfuerzo pertenece a un movimiento ciudadano mucho más amplio que cualquier organización individual.
¿Por qué nace esta coalición?
Durante generaciones, las conversaciones sobre el futuro político de Puerto Rico han comenzado casi exclusivamente con los acontecimientos de 1898, dando la impresión de que la historia política del país comenzó únicamente tras la llegada de los Estados Unidos.
Nada más lejos de la realidad.
El 25 de noviembre de 1897, Su Majestad la Reina Regente María Cristina, actuando en representación del joven Rey Alfonso XIII, firmó el Real Decreto mediante el cual se aprobó la Carta Autonómica de Puerto Rico.
A través de ese decreto, Puerto Rico obtuvo un régimen de autonomía constitucional dentro del sistema constitucional español, estableciendo un gobierno propio con un Parlamento electo por el pueblo, un Consejo de Secretarios y amplias facultades para administrar la mayoría de sus asuntos internos.
Tan solo cuatro meses después, el 27 de marzo de 1898, los puertorriqueños acudieron a las urnas para elegir por primera vez a los representantes de aquel Gobierno Autónomo.
Sin embargo, la historia tomó un rumbo distinto.
El estallido de la Guerra Hispanoamericana y, posteriormente, el Tratado de París interrumpieron aquel experimento constitucional antes de que pudiera desarrollarse plenamente.
Como consecuencia, uno de los capítulos más importantes de la historia política de Puerto Rico ha permanecido prácticamente ausente del debate público durante generaciones.
Esta coalición considera que todo puertorriqueño —independientemente de su ideología política o de la fórmula de estatus que favorezca— merece conocer este capítulo de nuestra historia.
Conocer la existencia del Gobierno Autónomo de Puerto Rico no obliga a nadie a favorecer la reunificación con España.
Tampoco obliga a abandonar las convicciones sobre la estadidad, la independencia, la libre asociación o cualquier otra alternativa política.
Simplemente significa reconocer que la historia constitucional y política de Puerto Rico no comenzó en 1898.
Antes de decidir hacia dónde queremos ir, debemos conocer de dónde venimos.
Por esa razón, uno de los principales objetivos de esta coalición será educativo.
Creemos que tanto los legisladores federales como los medios de comunicación, las instituciones educativas y el pueblo de Puerto Rico merecen tener acceso a una comprensión más completa del desarrollo constitucional de nuestra Isla antes de participar en una nueva discusión sobre su futuro político.
Esta publicación no pretende desarrollar en detalle el análisis histórico y constitucional de la coalición.
Ese trabajo será presentado próximamente en un Libro Blanco, donde se examinará con mayor profundidad la evolución constitucional de Puerto Rico, el significado jurídico de su condición territorial y las propuestas de política pública que esta coalición defenderá ante el Congreso.
Nuestro propósito aquí es otro.
Explicar por qué esta coalición ha decidido unirse y por qué entiende que la conversación nacional sobre el futuro político de Puerto Rico necesita ampliarse.
¿Por qué la reunificación con España forma parte de esta conversación?
Quizás la pregunta que más frecuentemente recibimos es la siguiente: ¿Por qué hablar hoy de reunificación con España después de más de ciento veinticinco años?
La respuesta comienza con la realidad jurídica actual de Puerto Rico.
Más de un siglo después del Tratado de París, Puerto Rico nunca ha sido incorporado como un estado de la Unión Americana.
Hasta el día de hoy continúa siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos.
Y esa diferencia jurídica no es un simple tecnicismo.
Es precisamente la base constitucional mediante la cual el Congreso continúa ejerciendo autoridad sobre Puerto Rico.
Precisamente porque Puerto Rico continúa siendo un territorio no incorporado, esta coalición entiende que el Congreso no debe limitar artificialmente las alternativas democráticas disponibles para el pueblo puertorriqueño.
Si durante décadas los funcionarios electos han afirmado que corresponde al pueblo decidir su futuro, entonces corresponde también permitir que ese pueblo pueda examinar todas las alternativas legítimas antes de emitir su voto.
La coalición no le está solicitando al Congreso que favorezca la reunificación con España.
Tampoco le está solicitando que determine cuál debe ser el futuro político de Puerto Rico.
Lo que solicita es mucho más sencillo.
Que permita al pueblo de Puerto Rico conocer todas las alternativas democráticas disponibles, evaluarlas en igualdad de condiciones y decidir libremente cuál considera mejor para las futuras generaciones.
La democracia nunca debe temerle a las opciones.
Debe confiar en el juicio de los ciudadanos.
Una Delegación con un Propósito
Esta coalición no enviará una delegación a Washington simplemente para hacerse presente.
Enviará una delegación con un propósito.
Durante su visita a la capital federal, los integrantes de la delegación solicitarán reuniones con miembros del Congreso de los Estados Unidos, senadores, asesores legislativos y, particularmente, con aquellos miembros y personal de los comités congresionales con jurisdicción sobre Puerto Rico y los asuntos territoriales.
El objetivo no es simbólico.
El objetivo es iniciar un diálogo legislativo serio.
La delegación presentará investigaciones históricas, propuestas legislativas, documentos educativos y recomendaciones de política pública encaminadas a promover un proceso más justo, informado y democrático para resolver el futuro político de Puerto Rico.
Igualmente importante será comenzar a construir relaciones permanentes con los responsables de formular la política pública federal relacionada con Puerto Rico.
Esta iniciativa no pretende ser una sola visita al Capitolio.
Pretende ser el comienzo de una conversación que continuará desarrollándose en los meses y años por venir.
A medida que más organizaciones se integren formalmente a esta coalición, la delegación continuará fortaleciéndose y ampliando la representación de distintos sectores de la sociedad puertorriqueña.
Porque esta iniciativa no pertenece a una sola organización.
Pertenece a todos aquellos que creen que Puerto Rico merece un proceso verdaderamente democrático, un pueblo plenamente informado y la oportunidad de decidir finalmente su futuro mediante un proceso vinculante.
La delegación que viajará a Washington representa apenas el comienzo.
(Continuará en la Parte II.)