Con aquel título, Vicente Blasco Ibáñez, el genial escritor valenciano de origen aragonés, nos dejó una de las mejores novelas de la literatura española. Los esfuerzos de Tonet entre el barro y las cañas de la Albufera tienen hoy, desgraciadamente, cierta analogía con los miles de Tonets y Neletas que luchan denodadamente por restablecer su vida y volver a una normalidad arrebatada por las aguas un martes 29 de octubre.
Y, afortunadamente, pueden contarlo; porque hay un indeterminado número de personas que han dejado su existencia entre las cañas, el barro y bajo un montón de nefastas circunstancias.
No es el momento de buscar responsables, pero sí de analizar lo sucedido. Una semana antes del drama, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido del peligro. Concretamente el miércoles 23, emitió hasta tres avisos especiales. Sin embargo, el Gobierno valenciano no advirtió a la población hasta el mismo martes.
Conviene aclarar, y puedo decirlo con conocimiento de causa, puesto que fui el responsable político en febrero de 1995 de crear el Centro de Emergencias de Aragón 112 –llamado por aquel entonces SOS Aragón–, que los centros de emergencias son competencia de las Comunidades Autónomas y suya la responsabilidad de prevención y actuación frente a catástrofes de todo tipo. A partir de los protocolos establecidos de antemano y de acuerdo con la gravedad y tipo de crisis, los comités responsables tendrán uno u otro director o dirigente. Pero en un caso extremo como el que nos ocupa, el garante es el propio presidente o presidenta de la comunidad afectada. Y estos, según el grado del siniestro o del desastre, pueden y deben, pedir ayuda a los servicios de su comunidad, a otras vecinas, solicitar medios estatales –por ejemplo, las Fuerzas de Seguridad del Estado o la UME– y, si fuese necesario, acudir al gobierno central. El Estado de Alarma, al que el Gobierno puede recurrir en casos muy extremos y aunque tenga potestad para ello, conviene que sea solicitado por la máxima autoridad autonómica, sí, de verdad, entendemos la idiosincrasia del Estado de las Autonomías, y aprobado por las Cortes.
Sin embargo, y al margen de protocolos y competencias y ante la magnitud del desastre, han tardado demasiado las administraciones en tomar cartas en el asunto. La pesadilla es de tal dimensión que cuesta creer la falta de coordinación y de narices que han demostrado los más altos responsables.
Si se hizo bien o mal, a tiempo a destiempo, es muy complejo de determinar porque hay muchos factores a tener en cuenta y cantidad de preguntas que quedan en el aire, pero con una sola respuesta: Debemos aprender de las calamidades para que no se repitan. Cierto es que, por fortuna, las catástrofes como la de Valencia no se repiten anualmente, pero son cíclicas y constantes y las administraciones deben ser garantes de que, cuando sucedan, los daños deben de ser los mínimos y la diligencia institucional la máxima.
Autorizar construcciones civiles en barrancos, rieras o lechos secos de ríos, parkings-ratoneras o infraestructuras poco adecuadas para una geografía determinada, sí tienen responsables claros; constructores, ayuntamientos y gobiernos autonómicos son, en ocasiones, culpables de negocio fraudulento, permisividad y cohecho criminal. La negligencia y complicidad de políticos y de algunos funcionarios en la necesaria protección y ordenación del territorio, resulta fatal cuando la calamidad acecha. La prevención, la honradez, la profesionalidad y la planificación, son vitales para minimizar los inevitables desastres naturales.
Repito que ahora es el momento de estar con el pueblo valenciano, no de echarse barro los unos a los otros y lo digo con toda la extensión del paradigma, porque reservo para otro próximo artículo lo sucedido ayer en Paiporta. Cañas y barro, muchos afectados y algunos responsables; pero, unos más que otros.