Islero no mató a Manolete

Y sí, aunque suene increíble, España llegó a desarrollar la capacidad científica y técnica necesaria para fabricar una bomba atómica. A aquel empeño lo bautizaron como Proyecto Islero. Y sí: el nombre viene de Islero, el célebre toro de Miura que en 1947 mató a Manolete en Linares.

El responsable de elegirlo fue el director técnico del proyecto, Guillermo Velarde Pinacho. Lo hizo con un humor tan negro como el uranio: estaba convencido de que aquel trabajo —complejo, peligroso y agotador— acabaría «matándolo a disgustos», igual que el astado acabó con el torero. El nombre, además, tenía su carga simbólica: evocaba fuerza letal, carácter indomable y un poder disuasorio que no necesitaba demasiadas explicaciones.

Pero empecemos por el principio. En 1948, Franco encargó al teniente coronel del Arma de Ingenieros Navales de la Armada, José María Otero de Navascués, la fundación y presidencia de la Junta de Investigaciones Atómicas. La «JIA» nació envuelta en un secretismo absoluto y camuflada bajo el Laboratorio de la Armada, una tapadera necesaria para no despertar sospechas internacionales en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Navascués no era un simple militar colocado por el Generalísimo; era un hombre excepcionalmente preparado, una de las mentes científicas más brillantes de la España del siglo XX. Dominaba varios idiomas europeos, fue número uno de su promoción en la Academia de la Armada y mantuvo una estrecha amistad —y colaboración científica— con Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física.

Antes de volcarse en la energía atómica, Navascués ya había dejado huella en otro campo: la óptica física y fisiológica. En 1942 describió y explicó científicamente el fenómeno de la «miopía nocturna»: demostró que el ojo humano se vuelve miope de forma natural en condiciones de oscuridad extrema. A partir de ese hallazgo se rediseñaron prismáticos, telescopios y periscopios, mejorando la visión nocturna militar en torno a un 66 %. Aquello le dio un prestigio internacional considerable en plena Segunda Guerra Mundial.

Completó su formación científica en Suiza y en el prestigioso Instituto de Óptica de Berlín‑Charlottenburgo. Su nivel técnico era tan alto que logró romper el aislamiento diplomático de la España de posguerra. Fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con solo 37 años, y acabó presidiendo la Sociedad Europea de Energía Atómica (1965) y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (1968). Hitos insólitos para un militar de la dictadura franquista en foros científicos internacionales dominados por democracias occidentales. En resumen: un auténtico superdotado intelectual.

Con este bagaje, Franco aprovechó su inmenso prestigio científico para encargarle la creación de la infraestructura atómica nacional. Bajo su presidencia en la «Junta de Energía Nuclear» se inauguró el primer reactor nuclear español, el de La Moncloa en 1958, y más tarde la primera central comercial del país, la José Cabrera, en Almonacid de Zorita, en 1969.

Pero decíamos al comienzo que el líder técnico del proyecto era Velarde. ¿Quién era este hombre? De ascendencia militar, Guillermo Velarde era piloto de caza y transporte, formado en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). En paralelo obtuvo el título de ingeniero aeronáutico en la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, donde destacó por una capacidad asombrosa para las matemáticas y la física.

Navascués vio aquel talento y lo incorporó a la «Junta de Energía Nuclear». Bajo el paraguas del programa estadounidense «Átomos para la Paz», Velarde fue enviado a los mejores centros de EE. UU.: estudió energía nuclear en Penn State y se especializó en física teórica de reactores en el prestigioso Laboratorio Nacional Argonne de Chicago. Su nivel era tal que la multinacional Atomics International lo contrató en California para diseñar reactores avanzados. Renunció a ese puesto en 1963, cuando Navascués lo reclamó para ponerse al frente del «Proyecto Islero».

Ambos eran científicos de prestigio mundial que se movían con naturalidad entre la élite internacional, pero su formación militar —Navascués en la Armada, Velarde en el Ejército del Aire— seguía marcando su brújula moral. Ninguno buscaba fama ni beneficio personal. Para ellos, el desarrollo de la tecnología nuclear en España era un deber patriótico de primer orden. Estaban convencidos de que la soberanía y la independencia del país dependían de no quedarse atrás en la era atómica, y soportaron la presión de la Guerra Fría sin un solo titubeo.

Reunidos, ambos científicos decidieron redactar un informe técnico ultrasecreto para responder a una sola pregunta: ¿podía España fabricar una bomba de plutonio por sus propios medios?

¿Y por qué plutonio? ¿Por qué no uranio? Pues por pura estrategia y por economía. España no tenía dinero ni infraestructura para levantar las gigantescas plantas de difusión gaseosa necesarias para enriquecer uranio. Además, el uranio enriquecido que usaban las centrales civiles españolas venía de Estados Unidos, que controlaba cada gramo con celo milimétrico.

El plutonio‑239, en cambio, no existe libre en la naturaleza: se genera de forma artificial dentro de los reactores civiles que queman uranio natural. Y lo importante: separarlo químicamente del combustible irradiado era muchísimo más barato y fácil de ocultar que un programa de enriquecimiento de uranio.

A eso se sumaba otra ventaja decisiva: una masa crítica de plutonio necesita menos cantidad de material para detonar que una de uranio. En términos técnicos y logísticos, era la vía realista para un país con recursos limitados y bajo vigilancia internacional.

Velarde tuvo que determinar —matemáticamente y sin margen de error— la cantidad exacta de plutonio‑239 de alta pureza que sería necesaria para alcanzar una masa crítica capaz de producir una explosión nuclear viable. Era un trabajo teórico de altísima complejidad, no una guía práctica, y ahí residía precisamente su valor: demostrar si España podía hacerlo, no cómo hacerlo.

Como el uranio enriquecido estaba vetado por Estados Unidos, Navascués le ordenó estudiar si era posible desviar combustible de los reactores civiles españoles para procesarlo en secreto y extraer el plutonio, siempre esquivando las inspecciones internacionales. Todo ello, de nuevo, en el terreno del análisis técnico y la planificación estratégica, no en la ejecución material.

Velarde también auditó en secreto las capacidades industriales españolas: metalurgia, ingeniería de precisión, instrumentación… Quería saber si el país, en los años sesenta, podía fabricar por sí mismo los componentes delicados que requeriría un artefacto nuclear, sin depender de compras en el extranjero que delataran el proyecto.

En su informe técnico, Guillermo Velarde concluyó que España tenía la capacidad técnica e industrial para construir un arsenal de 36 bombas atómicas de plutonio, cada una con una potencia aproximada de 20 kilotones, equivalente a la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Nagasaki en 1945. No era un plan operativo, sino una demostración de viabilidad: España podía hacerlo si quería.

Navascués presentó aquel informe a Agustín Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno, y este, a su vez, al general Franco. Ambos quedaron impresionados por la solidez técnica del proyecto. Franco autorizó continuar las investigaciones bajo el máximo secreto de Estado y asignó los primeros fondos reservados para mantener vivo el programa. Pero impuso un límite claro: nada de fabricación física, al menos por el momento. No quería provocar un choque diplomático directo con Estados Unidos.

Fue en ese preciso instante —tras la aprobación del informe— cuando el plan recibió su nombre en clave. El propio Velarde lo bautizó como «Proyecto Islero», en referencia al toro que mató a Manolete. Lo hizo anticipando, con su humor negro habitual, la avalancha de problemas y tensiones que aquel secreto de Estado iba a traerle a su vida.

Mientras tanto, Navascués inició las negociaciones con Francia para construir la central de Vandellós I. Y aquí el informe de Velarde resultó decisivo: servía como hoja de ruta técnica que justificaba la necesidad de adquirir ese reactor francés en concreto, cuya tecnología permitía obtener plutonio sin quedar bajo el férreo control norteamericano. En otras palabras, era la pieza clave que hacía viable —al menos sobre el papel— un programa nuclear autónomo.

Velarde fue blindado administrativamente. Lo nombraron director de la Sección de Física Teórica de la «Junta de Energía Nuclear», un departamento que funcionaba como tapadera impecable. De puertas afuera, el equipo investigaba aplicaciones civiles de la energía atómica; de puertas adentro, en los sótanos del complejo, se trabajaba con los cálculos del informe para avanzar en los aspectos teóricos del diseño: la metalurgia del núcleo y los sistemas de detonación, siempre en el terreno del análisis científico, nunca en la fabricación material.

Era un doble juego cuidadosamente construido: apariencia civil arriba, secreto de Estado abajo.

Y entonces ocurrió el incidente de Palomares. El 17 de enero de 1966, un bombardero estratégico estadounidense B‑52G, cargado con cuatro bombas termonucleares, colisionó a 6.000 metros de altura con un avión cisterna KC‑135 sobre el pueblo almeriense de Palomares. Las cuatro bombas atómicas que portaba cayeron en la zona.

Dos de ellas, al impactar contra el suelo, hicieron detonar sus explosivos convencionales. No hubo reacción nuclear, pero la explosión rompió las carcasas y el viento esparció una nube de plutonio radiactivo sobre campos de cultivo y viviendas. La tercera bomba cayó en el lecho de un río seco: su paracaídas funcionó y pudo recuperarse intacta en pocas horas.

La cuarta bomba cayó en aguas del Mediterráneo, y aquello desató una de las mayores operaciones de búsqueda de la U.S. Navy en tiempos de paz. Durante ochenta días, barcos, submarinos y aeronaves peinaron la zona con todos los medios disponibles en la época… sin encontrar nada.

La solución no vino de Washington, sino de un pescador local: Francisco Simó Orts, que aseguró haber visto caer un paracaídas con un objeto alargado a unas cinco millas de la costa, en un punto mucho más profundo que el que señalaban los estadounidenses. Su testimonio resultó decisivo: cambió el área de búsqueda y permitió localizar el artefacto.

Pero aquello resultaba casi ofensivo para el almirante William Guest. Tenía prohibido a la tripulación del minisubmarino «Alvin» —un equipo civil de ingenieros y científicos de la Institución Oceanográfica de Woods Hole (WHOI), no militares— perder tiempo en las coordenadas profundas señaladas por el pescador español. Para Guest, la palabra de un «simple» pescador no podía competir con el poderío tecnológico estadounidense. La sabiduría local quedó relegada frente a los mapas, los sonares y la arrogancia de Washington.

Sin embargo, el tiempo se agotaba. Y entonces el piloto del Alvin, Marvin McCamis, tomó una decisión que hoy llamaríamos una desobediencia táctica: aprovechó los márgenes de maniobra bajo el agua y se dirigió hacia el punto indicado por Francisco Simó Orts, con la acertada idea de que alguien que había echado los dientes en la mar, conocía su oficio y sabía lo que decía.

Fue allí, en esa incursión «no autorizada», donde toparon con la falda de lona del paracaídas y la silueta de la bomba B28, semienterrada en una pendiente submarina. La tecnología norteamericana no la encontró: la encontró la mirada certera de un pescador español y la valentía de un piloto que decidió fiarse de ella.

Desde entonces, a Francisco se le conoció en toda la zona como «Paco, el de la bomba».

Mientras todo esto sucedía, el régimen franquista aplicó una censura férrea para impedir que el accidente trascendiera. Había demasiado en juego: la incipiente industria turística de las costas españolas no podía verse asociada a palabras como «radiactividad» o «bombas nucleares». El silencio oficial era parte del negocio.

Por su parte, los estadounidenses tomaron el control absoluto de las zonas donde habían caído los restos. Establecieron perímetros militares, restringieron accesos y gestionaron el territorio con una mezcla de eficiencia castrense y opacidad diplomática. España y Estados Unidos coordinaron una estrategia de «falsa normalidad»: actividad militar intensa en los puntos críticos y, al mismo tiempo, una apariencia pública de tranquilidad para no levantar sospechas internacionales.

Era un equilibrio frágil: silencio en la prensa, uniformes en los caminos y un pueblo que veía más de lo que se le permitía decir.

El ejército de Estados Unidos levantó en la playa de Palomares una auténtica «ciudad de tiendas de campaña». Allí llegaron a vivir más de setecientos militares, científicos y técnicos encargados de coordinar la limpieza. Se acordonaron con rigor los puntos exactos donde habían impactado las bombas —los lugares donde explotó el explosivo convencional y se dispersó el plutonio— y también la base de operaciones instalada en la playa.

Mientras tanto, los habitantes de Palomares siguieron con su vida cotidiana. Los agricultores continuaron recolectando tomates y los pescadores salían a faenar, aunque el polvo radiactivo flotaba en el ambiente y los militares recorrían las calles con trajes de protección y contadores Geiger. La escena era tan absurda como inquietante: normalidad civil arriba, emergencia nuclear abajo.

Ni Washington ni Madrid podían permitirse que Palomares pareciera una zona de catástrofe nuclear. Permitir que la población permaneciera allí, mantener abiertos los comercios y organizar actos públicos —como el célebre baño del ministro Fraga en la playa— formaba parte de una estrategia propagandística destinada a demostrar al mundo que «no pasaba nada». La gravedad de la contaminación terrestre quedó así cuidadosamente disimulada bajo una capa de optimismo oficial.

Pero, como decimos por aquí, la ocasión la pintan calva. Aquel material esparcido por la playa representaba una oportunidad excepcional para estudiar de primera mano los efectos de un accidente nuclear, y Velarde lo entendió al instante. Había un problema: el mando estadounidense no permitiría que un alto oficial español —y menos un experto en física nuclear— se acercara a los restos. Para Washington, aquello era territorio exclusivo suyo.

El desprecio era evidente. Los norteamericanos no querían a nadie  merodeando por allí, como si la presencia de un científico local fuera una molestia menor frente al despliegue tecnológico de la superpotencia. Pero Velarde no era hombre de resignarse y se le ocurrió una idea tan simple como brillante: iría disfrazado.

Para espiar los restos sin levantar sospechas entre los cientos de militares y agentes estadounidenses desplegados en Almería, Velarde y el régimen organizaron una operación de distracción y camuflaje con varias medidas esenciales. Aunque era comandante del Ejército del Aire, tenía terminantemente prohibido vestir su uniforme: Estados Unidos jamás habría tolerado que un militar de alto rango y experto en física nuclear se paseara entre los restos de sus armas más secretas.

Así que acudió vestido de paisano, haciéndose pasar por un técnico de campo de la «Junta de Energía Nuclear». Su tapadera era impecable: medir la radiación ambiental y evaluar los riesgos para la salud pública de los agricultores de la zona. Un funcionario anodino entre muchos otros.

Y gracias a ese disfraz, Velarde pudo observar de cerca lo que nadie quería que viera.

El accidente había ocurrido en territorio español, y eso daba al régimen de Franco un derecho legal incuestionable: enviar a su propio personal técnico a monitorizar la contaminación de sus campos. Aprovechando que el ejército estadounidense estaba desbordado buscando la cuarta bomba en el mar y retirando toneladas de tierra radiactiva, Velarde se mezcló entre los equipos de limpieza y los científicos norteamericanos que tomaban muestras de suelo. Así pudo acercarse a los cráteres de impacto de las dos bombas cuyos explosivos convencionales habían detonado al chocar contra el terreno.

Obviamente, no podía sacar una cámara ni ponerse a dibujar esquemas delante de soldados estadounidenses. Pero Velarde tenía un arma que no podían requisarle: su memoria prodigiosa. Observó con una precisión casi quirúrgica la forma de los fragmentos de las carcasas, el grosor de los blindajes deformados por el impacto y la disposición interna de los componentes esparcidos. Todo lo retenía al vuelo.

Más tarde, ya a solas en su tienda de campaña o de regreso en su laboratorio de Madrid, volcaba de memoria aquellos detalles en sus cuadernos ultrasecretos. A partir de esas observaciones logró reconstruir la arquitectura conceptual del diseño termonuclear Teller‑Ulam, el secreto militar más protegido de la Guerra Fría.

Su mente estaba entrenada para ello: años antes, el propio gobierno de Estados Unidos le había permitido cursar estudios avanzados de energía nuclear en centros norteamericanos. Sin quererlo, habían formado al hombre que ahora descifraba lo que nadie debía ver.

Una vez recogidas las muestras radiactivas impregnadas de plutonio, Velarde las trasladó en absoluto secreto a la sede de la «Junta de Energía Nuclear» en la Moncloa. De cara a la embajada de Estados Unidos y a los inspectores internacionales, aquellos laboratorios realizaban únicamente análisis rutinarios de descontaminación de la tierra de Palomares. Esa era la fachada. La realidad iba por otro camino.

Toda la investigación estaba orientada a comprender el mecanismo interno de las bombas estadounidenses. Velarde había observado fragmentos del disparador convencional y la disposición geométrica de los componentes esparcidos en los cráteres. No podía fotografiar nada, pero sí memorizarlo todo. Con esas muestras físicas y sus observaciones de campo, aplicó lo que mejor sabía hacer: reconstruir mediante cálculos teóricos lo que había visto.

A partir de esos datos, y utilizando su formación en física nuclear avanzada, logró inferir la arquitectura conceptual del diseño termonuclear Teller‑Ulam, el secreto militar más protegido de la Guerra Fría. Paradójicamente, su mente estaba entrenada para ello gracias a los propios Estados Unidos, que años antes le habían permitido estudiar en sus centros más prestigiosos.

Velarde devolvía ahora ese conocimiento en forma de inteligencia estratégica.

Islero puso en jaque la hegemonía nuclear y desató una tormenta geopolítica silenciosa, pero brutal. Velarde, aplicando ingeniería inversa, comprendió que los restos de Palomares no eran simples cables retorcidos: eran el Santo Grial de la física militar. Allí estaba la clave del diseño Teller‑Ulam, el corazón de la bomba H.

Lo esencial que descubrió no era un plano ni un mecanismo concreto, sino la lógica interna del artefacto: que la verdadera fuerza de una bomba termonuclear no procede de la onda expansiva inicial, sino de la radiación generada por una primera explosión de fisión. Esa radiación, distribuida con una geometría precisa, permitía comprimir de forma uniforme el combustible de fusión antes de que la propia detonación destruyera el conjunto. Era un concepto tan elegante como devastador.

Con esa comprensión teórica, Velarde pudo imaginar un diseño en el que una bomba de fisión —del tipo de Hiroshima— actuaba únicamente como «detonador» para encender la carga termonuclear. No era un proyecto operativo, sino una demostración intelectual de que España podía entender, y por tanto reproducir sobre el papel, la arquitectura conceptual del arma más secreta de la Guerra Fría.

Islero dejaba de ser un sueño imposible para convertirse en una posibilidad estratégica real.

Cuando en Washington comprendieron lo que el comandante español había deducido en Palomares, las alarmas del Pentágono y de la CIA sonaron al máximo. Los servicios de inteligencia descubrieron que España ya no dependía de asesoramiento teórico extranjero: Velarde había resuelto por su cuenta el rompecabezas conceptual de la bomba de hidrógeno. Para la CIA fue un auténtico choque. España, un país fuera del club nuclear, había descifrado el secreto que sostenía la hegemonía estratégica de Estados Unidos.

La principal baza de Washington para frenar el «Proyecto Islero» era el suministro de combustible nuclear. Amenazaron abiertamente con cortar el envío de uranio enriquecido para las centrales civiles españolas —como la de Zorita— si Franco daba el paso de construir un arma. Era un chantaje diplomático en toda regla.

Y ahí empezó a frenarse todo. Aunque España tenía ya planos teóricos, cálculos completos y un método para obtener plutonio en el reactor del Centro de Energía Nuclear de Soria, el proyecto comenzó a morir por pura presión internacional.

El incidente de Palomares había transformado lo que hasta entonces era un plan casi académico en un proyecto con viabilidad inmediata. España no solo sabía cómo fabricar una bomba de plutonio de fisión: había logrado comprender el principio técnico de las armas termonucleares, muchísimo más potentes. Y eso, para Washington, era inaceptable.

Islero había demostrado que España podía llegar más lejos de lo que nadie imaginaba. Precisamente por eso, lo dejaron sin aire.

Pero aún no estaba todo dicho. El informe llegó hasta el presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco, y se convirtió en su principal valedor. Carrero veía en la bomba un instrumento disuasorio frente al acoso de Marruecos sobre el Sáhara Español. Con ese objetivo había aprobado la creación del Centro de Investigación Nuclear de Soria, concebido para procesar plutonio en secreto y dar al proyecto una infraestructura propia.

Entonces llegó el golpe definitivo. El 20 de diciembre de 1973, la organización terrorista ETA —responsable de graves atentados y asesinatos durante décadas— asesinó a Carrero Blanco mediante un atentado con coche bomba en Madrid. Con su muerte, el «Proyecto Islero» perdió a su único protector político de peso dentro del régimen.

Franco, ya anciano y enfermo, quedó sin margen. Temía las represalias de Estados Unidos y decidió congelar la fase operativa. Islero pasó de ser una posibilidad estratégica real a un expediente que nadie se atrevía a reactivar.

Y es que a pesar del secretismo, los servicios de inteligencia de EE. UU., ya sospechaban de los movimientos científicos de España. En 1974, un informe desclasificado de la CIA incluyó formalmente a España en la lista de países con capacidad real e inminente para fabricar armas nucleares, lo que alarmo sobremanera a las autoridades estadounidenses ante la posibilidad de una España atómica y dictatorial que operara fuera de la estructura y el control de la OTAN.

A pesar de las presiones, Franco se negó siempre a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) cuando se abrió a la firma en 1968. La postura del régimen se apoyaba en tres argumentos esenciales.

El primero era evidente: firmar el tratado obligaba a España a aceptar inspectores internacionales. Eso habría desmantelado de inmediato las investigaciones secretas de Guillermo Velarde y dejado al descubierto la existencia misma del «Proyecto Islero». Para el régimen, aquello era inasumible.

El segundo argumento era puramente geopolítico. El franquismo utilizaba la posibilidad de construir la bomba como herramienta de presión frente a Estados Unidos. Querían forzar mejores acuerdos militares y económicos, y la mera sombra de un programa nuclear español funcionaba como una moneda de cambio en las negociaciones bilaterales.

El tercer factor era Gibraltar. El Gobierno sostenía que España no podía renunciar al arma nuclear mientras el Reino Unido, potencia atómica, mantuviera una base militar en el Peñón sin ofrecer garantías específicas de defensa para España. Era un razonamiento discutible, pero políticamente eficaz dentro del discurso del régimen.

Esta postura de rechazo al TNP fue tan firme que sobrevivió a la muerte de Franco en 1975. Se mantuvo intacta durante los gobiernos de la Transición, tanto con Arias Navarro como con Adolfo Suárez, hasta que las presiones internacionales se volvieron insostenibles en los años ochenta.

Tras la muerte de Franco, los primeros gobiernos de la Transición mantuvieron la línea estratégica fijada por Carrero Blanco antes de su asesinato: no firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y seguir acumulando tecnología. Cuando Adolfo Suárez asumió la presidencia en 1976, continuó viendo la opción nuclear no como un arma destinada a usarse, sino como una moneda de cambio política. Su objetivo era claro: que Estados Unidos tratara a la nueva España democrática como un igual, no como un actor subordinado.

Mientras tanto, Guillermo Velarde y su equipo siguieron avanzando en los desarrollos teóricos. El reactor de investigación de la «Junta de Energía Nuclear» continuaba procesando material, y la central de Vandellós I —con tecnología francesa capaz de generar plutonio como subproducto— progresaba sin freno.

La inteligencia estadounidense vigilaba cada paso de la España posfranquista. En enero de 1977, la CIA redactó un informe secreto —hoy desclasificado— que encendió todas las alarmas en Washington. El documento afirmaba que España era uno de los pocos países del mundo con capacidad técnica real para desarrollar armas nucleares en el corto plazo. Incluso advertía que, si el Gobierno daba la orden, España podría disponer de un arsenal propio a principios de los años ochenta.

Para Estados Unidos, aquello convertía a España en un punto rojo en sus mapas de inteligencia.

Entonces llegó a la presidencia estadounidense Jimmy Carter, cuya política exterior giraba en torno a la no proliferación nuclear. Para él no era solo un asunto estratégico, sino un dilema moral. Y actuó en consecuencia.

Impulsó en el Congreso la Ley de No Proliferación Nuclear de 1978, que prohibía exportar tecnología y combustible nuclear a cualquier país que no aceptara inspecciones internacionales totales. Era un torpedo directo a la línea de flotación de Islero.

Carter también suspendió el desarrollo comercial del plutonio en Estados Unidos y presionó al resto del mundo para que hiciera lo mismo, temiendo que se desviara hacia programas militares. Esta política afectó de lleno a la tecnología utilizada en Vandellós I.

Todo ello estaba motivado por la prueba nuclear india de 1974, el ensayo «Smiling Buddha», donde se usó tecnología civil para fabricar una bomba. Washington se juró que ningún otro país —aliado, neutral o incómodo— repetiría esa jugada. Y la España de la Transición, con su ambición tecnológica y su negativa a firmar el TNP, era un caso especialmente inquietante.

Tras el cerco impuesto por Jimmy Carter, el destino del proyecto nuclear español quedó sellado por la geopolítica de los años ochenta. El plan militar se desdobló en tres actos definitivos que lo transformaron en un programa puramente civil y científico.

El primer acto fue inmediato: con el proyecto militar congelado por falta de uranio, España buscó una alternativa para garantizar su seguridad estratégica. La respuesta llegó en mayo de 1982, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo‑Sotelo, cuando España ingresó formalmente en la OTAN. Aquel paso supuso un cambio doctrinal profundo.

Al alinearse con el bloque occidental, el estamento militar español asumió que ya no necesitaba un arsenal disuasorio propio. El gran temor de Carrero Blanco —una agresión desde el norte de África— quedaba, al menos sobre el papel, cubierto por el «paraguas nuclear» de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La defensa nacional pasaba a estar respaldada por las potencias atómicas de la Alianza.

Islero, que había nacido como un proyecto de autonomía estratégica, empezaba a diluirse en la arquitectura colectiva de la Guerra Fría

La histórica victoria del PSOE el 28 de octubre de 1982, por mayoría absoluta, confirmó la madurez de la Transición tras el intento de golpe del 23‑F. Bajo el lema «Por el cambio», los socialistas prometían modernizar la economía, sanear las instituciones y abrir definitivamente el país a Europa. El resultado fue el más alto de la democracia española hasta entonces.

Pero nada era tan sencillo. El PSOE llegaba al poder con una postura ambigua y hostil hacia la Alianza Atlántica —su lema inicial era «OTAN, de entrada No»—, reflejo de un clima social profundamente receloso del militarismo y de la Guerra Fría. Sin embargo, una vez en el Gobierno, Felipe González comprendió que la integración plena en Europa exigía un alineamiento militar claro con Occidente. España no podía aspirar a entrar en el núcleo político y económico europeo mientras se mantenía al margen de la arquitectura defensiva del continente.

La conclusión era inevitable: para evitar el aislamiento internacional, España debía permanecer en la OTAN, aunque ello obligara al PSOE a rectificar públicamente su posición inicial. Para Felipe González, el reto era mayúsculo. Había hecho campaña con un mensaje crítico hacia la Alianza y ahora debía convencer a un país mayoritariamente pacifista y anti‑OTAN de votar «sí» a la permanencia.

El Gobierno socialista planteó la consulta como un dilema de estabilidad. Argumentó que salir de la OTAN provocaría el aislamiento internacional, un golpe a la economía y un deterioro de las relaciones con la Comunidad Económica Europea, justo cuando España acababa de ingresar en ella.

Para calmar a la izquierda y a los sectores pacifistas, el PSOE diseñó una papeleta con tres condiciones estrictas, impresas directamente en ella:

• No integración militar — España no entraría en la estructura militar integrada.
• Prohibición nuclear — No se podrían instalar, almacenar ni introducir armas nucleares en territorio español.
• Reducción de bases — Se reduciría progresivamente la presencia militar estadounidense en España.

La derecha de Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga, tradicionalmente pro‑OTAN, pidió la «abstención» para forzar una derrota de González y provocar su caída. La izquierda radical —que más tarde formaría Izquierda Unida— pidió el «no».

Contra muchos pronósticos, el 12 de marzo de 1986 el «sí» ganó con un 52,5 % de los votos. España quedó blindada dentro de Occidente, pero también quedó cerrada por ley cualquier aspiración atómica. El país renunciaba definitivamente a la vía militar y consolidaba un programa nuclear exclusivamente civil.

Esto fue el fin del «Proyecto Islero». Tras el referéndum de 1986 y la permanencia en la OTAN, Felipe González ordenó un desmantelamiento silencioso para cumplir con las condiciones de la futura firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, rubricado finalmente en noviembre de 1987. Los planos teóricos de la bomba H elaborados por Guillermo Velarde, junto con toda la documentación derivada de la ingeniería inversa de Palomares, pasaron a los archivos de acceso restringido del Ministerio de Defensa bajo la Ley de Secretos Oficiales, donde siguen clasificados.

Todo ello se hizo a pesar del malestar de amplios sectores de las Fuerzas Armadas, todavía muy influidos por la cultura franquista y aún digiriendo el fracaso del 23‑F. Para los oficiales más nacionalistas, el final de Islero era una cesión intolerable ante Washington. Muchos seguían convencidos de que la bomba de Velarde era la única garantía real para defender Ceuta, Melilla y Canarias frente a Marruecos sin depender del permiso de terceros.

La tensión se resolvió con la reforma profunda impulsada por el ministro de Defensa Narcís Serra: reducción del número de oficiales, profesionalización de los mandos y sometimiento del estamento militar a un control civil y democrático estricto. Fue una cirugía institucional que desactivó los últimos ecos del viejo ejército del régimen.

A cambio de renunciar al sueño nuclear y a la autonomía estratégica total, los militares recibieron algo que llevaban décadas reclamando: modernización real. España adquirió los cazas F‑18 estadounidenses, renovó la Armada y comenzó a participar en misiones internacionales de paz, lo que permitió homologar al ejército español con los estándares europeos y, de paso, apagar los ruidos de sables.

Islero quedaba enterrado, pero el país ganaba estabilidad, reconocimiento exterior y un ejército moderno.

El fin formal del proyecto quedó registrado en una serie de actas e informes internos del Ministerio de Defensa entre 1986 y 1987. En ellos se certificó ante las potencias aliadas la destrucción de los prototipos teóricos y la reconversión total de las líneas de investigación hacia fines estrictamente pacíficos. España renunciaba para siempre a ser una potencia nuclear a cambio de su homologación política plena en Europa.

Pero aquello no significó el fin de Guillermo Velarde. Con la cancelación definitiva del Proyecto, el comandante y físico nuclear abandonó por completo el ámbito militar y se volcó en la comunidad académica civil. Su transición marcó el nacimiento de una nueva etapa científica en España.

En 1981, previendo ya el final del programa militar, Velarde fundó en la Universidad Politécnica de Madrid el Instituto de Fusión Nuclear (DENIM). Allí volcó todo su conocimiento sobre la compresión de isótopos —la intuición conceptual que había adquirido al descifrar el mecanismo Teller‑Ulam en Palomares— para investigar la fusión por confinamiento inercial, una vía destinada a producir energía limpia e inagotable.

Su objetivo dejó de ser la disuasión militar y pasó a ser el diseño de reactores comerciales capaces de generar electricidad sin emisiones. Ese giro lo convirtió en una eminencia mundial, reconocido con premios internacionales como el Edward Teller Award en 1997 y colaborando abiertamente con los mismos laboratorios estadounidenses que, décadas antes, lo habían vigilado con recelo.

Velarde cerró Islero, pero abrió una puerta mucho más grande: la de la ciencia española en el mundo.

Las consecuencias de la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear fueron inmediatas. España obtuvo la aceptación plena de sus socios europeos. Ante la comunidad internacional, dejó de ser vista como una dictadura militar latente —capaz de desarrollar armas de destrucción masiva— y pasó a considerarse una democracia occidental predecible y moderna. La renuncia al arma nuclear se convirtió en la llave de su legitimidad exterior.

Es cierto que el país perdió la posibilidad de disponer de una disuasión propia e independiente. Los mandos militares tuvieron que asumir que la defensa del territorio —especialmente Ceuta, Melilla y Canarias ante posibles tensiones en el norte de África— quedaba vinculada a las alianzas internacionales. Pero la OTAN cubría esa necesidad bajo su «paraguas nuclear», que garantizaba protección estratégica sin necesidad de un arsenal propio.

La firma del tratado trajo también un beneficio práctico: el suministro indefinido de uranio enriquecido para las centrales nucleares españolas, garantizado por Estados Unidos. Esto evitó un colapso energético y permitió que plantas como Almaraz, Ascó o Cofrentes funcionaran a pleno rendimiento, sosteniendo el crecimiento económico de los años ochenta y noventa.

Al mismo tiempo, la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) —nacida con presupuestos militares y planes secretos— se transformó en el actual CIEMAT, un organismo plenamente civil. Los científicos españoles pasaron de investigar cómo detonar armas nucleares a liderar proyectos internacionales en energías renovables, fusión nuclear civil y medicina oncológica. Fue un giro histórico: del secreto militar a la ciencia abierta.

No, España no llegó a construir la bomba, pero durante un instante improbable de su historia estuvo a la altura de los grandes. Un país considerado atrasado, aislado diplomáticamente y aún encadenado a una dictadura envejecida logró dar un salto que nadie esperaba.

No, Islero no mató a Manolete; Islero fue el intento de una España pobre y periférica por medirse con las potencias que dominaban el átomo.

Y lo consiguió gracias a dos hombres excepcionales.

Por un lado, José María Otero de Navascués, el visionario: un científico de talla internacional, políglota, respetado en Europa, capaz de romper el aislamiento del régimen y de abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Fue él quien entendió que España debía dominar la física nuclear si quería dejar de ser un país menor. Su ambición intelectual fue el motor inicial de todo.

Por otro, Guillermo Velarde Pinacho, el ejecutor brillante: un físico con una memoria prodigiosa, capaz de descifrar en Palomares lo que solo conocían cinco potencias. Su talento convirtió un país sin industria avanzada en un actor capaz de comprender —y reproducir sobre el papel— el secreto mejor guardado de la Guerra Fría.

Entre ambos, levantaron un proyecto que, por un momento, situó a España en la élite científica mundial. No hubo bomba, pero sí hubo algo más valioso: la demostración de que, incluso en las circunstancias más adversas, España podía aspirar a mucho más de lo que su tiempo le permitía.

Ese es el legado real de Islero: no el arma que nunca se construyó, sino el salto intelectual de un país que se sabía menor y aun así se atrevió a alzar la mirada hacia quienes marcaban el pulso del mundo, como quien, en mitad de una noche oscura, levanta la vista y decide caminar hacia la luz.