ISRAEL
La organización ha documentado los casos de 27 personas palestinas —5 mujeres, 21 hombres y un niño de 14 años— que permanecieron detenidas en relación con esta ley durante periodos de hasta cuatro meses y medio sin acceso a asistencia letrada ni contacto alguno con sus familias. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que, durante su detención en régimen de incomunicación —que en algunos casos constituyó desaparición forzada—, las fuerzas militares, de inteligencia y policiales israelíes las sometieron a tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Ley de Combatientes Ilegítimos otorga al ejército israelí amplias facultades para detener a cualquier persona de Gaza de quien sospeche que participa en hostilidades contra Israel o que representa una amenaza para la seguridad del Estado por periodos renovables indefinidamente sin tener que presentar pruebas para justificar las acusaciones.
“Si bien el derecho internacional humanitario permite la detención de personas por razones de seguridad imperativas en situaciones de ocupación, debe haber salvaguardias para evitar la detención indefinida o arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Esta ley omite flagrantemente estas salvaguardas: Facilita la tortura generalizada y, en algunas circunstancias, institucionaliza la desaparición forzada”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Nuestra documentación ilustra cómo las autoridades israelíes están utilizando la Ley de Combatientes Ilegítimos para detener arbitrariamente a civiles palestinos y palestinas de Gaza y arrojarlos a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso. Las autoridades israelíes deben derogar inmediatamente esta ley y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en virtud de ella.”
Nuestra documentación ilustra cómo las autoridades israelíes están utilizando la Ley de Combatientes Ilegítimos para detener arbitrariamente a civiles palestinos y palestinas de Gaza y arrojarlos a un agujero negro virtual durante periodos prolongados sin presentar ninguna prueba de que representen una amenaza para la seguridad y sin el mínimo debido proceso.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide que todas las personas detenidas en aplicación de la Ley de Combatientes Ilegítimos, incluidos los presuntos miembros de grupos armados, reciban un trato humano y tengan acceso a asistencia letrada y a organismos internacionales de supervisión como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional deben ser juzgados de conformidad con las normas internacionales de imparcialidad procesal, y todas las personas civiles detenidas arbitrariamente sin cargos ni juicio deben ser puestas en libertad de forma inmediata.
El Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí (IPS) confirmó a la ONG israelí Hamoked que, a fecha 1 de julio de 2024, había 1.402 personas palestinas detenidas en virtud de la Ley de Combatientes Ilegítimos. Esta cifra excluye a las personas detenidas durante un periodo inicial de 45 días sin una orden formal.
Entre febrero y junio de 2024, Amnistía Internacional ha documentado 31 casos de detención en régimen de incomunicación y ha encontrado pruebas creíbles del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos. La organización llevó a cabo entrevistas con 27 personas detenidas ya en libertad, todas ellas civiles arrestadas en la Franja de Gaza ocupada. También entrevistó a 4 familiares de personas civiles que llevan detenidas hasta 7 meses cuyo paradero aún no han revelado las autoridades israelíes y a un abogado y una abogada que han conseguido reunirse recientemente con personas detenidas.
El ejército israelí capturó a las personas detenidas en lugares de toda Gaza, como la ciudad de Gaza, Yabalia, Beit Lahiya y Jan Yunis, arrestándolas en escuelas que albergaban a personas desplazadas internamente y durante redadas en viviendas, hospitales y puestos de control recién instalados. Luego las trasladaron a Israel y las mantuvieron recluidas durante periodos de entre 2 semanas y un máximo de 140 días en centros de detención militares o administrados por el IPS.
Entre las personas afectadas había profesionales de la medicina a quienes detuvieron en el hospital por negarse a abandonar a sus pacientes; madres separadas de sus bebés mientras intentaban cruzar el llamado “corredor seguro” desde el norte de Gaza hacia el sur; defensores y defensoras de los derechos humanos; trabajadores y trabajadoras de la ONU; periodistas y otras personas civiles.
Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que habían sido sometidas a tortura y otros malos tratos.
Detención de personas palestinas de Gaza en aplicación de la ley
“La tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, son crímenes de guerra. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe investigar de forma independiente estas denuncias. Esto es crucial debido a la inacción documentada de la judicatura israelí a la hora de investigar de manera creíble las denuncias de tortura presentadas por personas palestinas en el pasado. Las autoridades israelíes también deben permitir el acceso inmediato y sin restricciones a todos los lugares de detención a entidades de observación independientes, acceso que se deniega desde el 7 de octubre”, ha afirmado Agnès Callamard.
La Ley de Detención de Combatientes Ilegítimos, promulgada en 2002, se invocó por primera vez en cinco años tras los terribles atentados perpetrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre en el sur de Israel.
El ejército israelí invocó inicialmente la Ley para detener a presuntos participantes en los atentados del 7 de octubre, pero poco después amplió su uso para detener en masa sin cargos ni juicio a personas palestinas de Gaza. La ausencia del debido proceso hace que se haya detenido en virtud de esta ley tanto a personas civiles como a quienes participan directamente en las hostilidades.
Durante los primeros 45 días de detención, el ejército no tiene la obligación de emitir una orden de detención. La Ley niega a las personas detenidas el acceso a asistencia letrada durante un máximo de 90 días, lo que codifica la detención en régimen de incomunicación que, a su vez, facilita la tortura y otros malos tratos.
Las personas detenidas deben ser llevadas ante una autoridad judicial en un plazo máximo de 75 días desde su detención para que ésta sea objeto de revisión judicial, pero los miembros de la judicatura suele refrendar la orden de detención en simulacros de actuaciones judiciales.
La Ley no estipula un tiempo máximo de detención y permite que los servicios de seguridad mantengan detenidas a las personas en virtud de órdenes renovables indefinidamente.
La ley reformada facilita la detención en régimen de incomunicación
La Ley de Combatientes Ilegítimos se promulgó originalmente en 2002 para permitir la detención prolongada sin cargos ni juicio de dos nacionales libaneses que no estaban bajo jurisdicción israelí. Desde su “retirada” unilateral de la Franja de Gaza ocupada en 2005, Israel utiliza esta ley para recluir a las personas de Gaza a las que considera una amenaza para la seguridad nacional durante periodos renovables indefinidamente.
En diciembre de 2023, las autoridades israelíes aprobaron una reforma temporal de la Ley que ampliaba el tiempo que el ejército puede mantener detenida a una persona palestina sin una orden de detención, que pasó de 96 horas iniciales (prorrogables hasta 7 días) a un máximo de 45 días. También aumentaba de 14 a 75 días el periodo máximo que la persona detenida puede estar privada de libertad antes de comparecer ante una autoridad judicial que revise la orden de detención, y ampliaba el tiempo que ésta puede estar recluida sin asistencia letrada de 21 días a un máximo de 6 meses, luego reducido a 3 meses. Esta reforma se renovó de nuevo en abril de 2024.
Las pruebas que justifican la detención no se facilitan ni a la persona detenida ni a la persona profesional de la abogacía que la asiste. Esto significa que muchas de las personas detenidas permanecen recluidas durante meses sin la más mínima idea de por qué están detenidas —lo que es una violación del derecho internacional—, completamente aisladas de su familia y seres queridos, y sin medios para impugnar los motivos de su detención.
Dos detenidos contaron a Amnistía Internacional que habían sido llevados ante un juez en dos ocasiones para una audiencia virtual y que en ninguna de ellas habían podido hablar ni hacer preguntas. En su lugar, se les comunicó sin más que su detención había sido renovada otros 45 días. Nunca se les informó de los fundamentos jurídicos de su detención ni de las pruebas que se habían presentado en su contra para justificarla.
Tras una petición presentada ante el Tribunal Supremo israelí por Hamoked en favor de un detenido, técnico de rayos X, procedente de Jan Yunis, el Estado informó al Tribunal en mayo de 2024 de que los abogados pueden solicitar visitar a las personas de Gaza detenidas 90 días después de su detención. Desde entonces, sólo se ha aprobado un número muy limitado de solicitudes de este tipo.
Además de negarles el acceso a asistencia letrada, también se aísla a las personas detenidas de sus familias. Las familias describieron a Amnistía Internacional la agonía de estar separadas de sus seres queridos y vivir con el temor constante de descubrir que habían muerto en prisión.
Alaa Muhanna, cuyo esposo, Ahmad Muhanna, director del hospital Al Awda, fue detenido durante una redada en el hospital el 17 de diciembre de 2023, contó a Amnistía Internacional que la única y escasa información que tiene sobre él es la que recibe de otros presos excarcelados: “Les aseguro a los niños que Ahmad está bien, que regresará pronto, pero vivir esta guerra, el desplazamiento constante, los bombardeos y también tener que luchar para saber dónde está tu esposo, no escuchar su voz, es como una guerra dentro de la guerra”.
Un trabajador de la salud liberado contó a Amnistía Internacional que no saber si su familia en Gaza estaba viva o muerta mientras él estaba detenido era “incluso peor que la tortura y el hambre”.
Tortura y otros malos tratos
Los extensos periodos de detención en régimen de incomunicación facilitan la tortura al eliminar toda supervisión del estado físico de las personas detenidas y la comunicación con ellas.
Las 27 personas detenidas liberadas a las que entrevistó Amnistía Internacional coincidieron en afirmar que habían sido sometidas a tortura al menos en una ocasión durante su arresto. La organización observó marcas y hematomas compatibles con tortura en al menos una mujer y siete hombres detenidos, entrevistados en persona, y también revisó los informes médicos de dos personas que corroboraban sus relatos de tortura.
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha verificado y geolocalizado al menos cinco vídeos de detenciones masivas, en algunos de los cuales se había filmado a detenidos en ropa interior tras ser arrestados en el norte de Gaza y en Jan Yunis. La desnudez pública forzada durante periodos prolongados viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos, y constituye violencia sexual.
Los recluidos en el famoso campo de detención militar de Sde Teiman, cerca de Beersheba, en el sur de Israel, dijeron que habían permanecido con los ojos vendados y esposados todo el tiempo que estuvieron detenidos allí. Contaron que los habían obligado a permanecer en posturas en tensión durante horas y que les habían impedido hablar entre ellos o levantar la cabeza. Estos relatos son compatibles con las conclusiones de otras organizaciones de derechos humanos y organismos de la ONU, así como con numerosos informes basados en relatos de denunciantes y detenidos liberados.
Un detenido que fue liberado en junio después de 27 días recluido en un cuartel con al menos otras 120 personas contó a Amnistía Internacional que los militares los golpeaban o los enviaban a ser atacados por perros sólo por hablar con otro preso, levantar la cabeza o cambiar de postura.
Said Maarouf, pediatra de 57 años detenido por el ejército israelí durante una redada en el hospital bautista Al Ahli, en la ciudad de Gaza, en diciembre de 2023, y recluido durante 45 días en el campo militar de Sde Teiman, contó a Amnistía Internacional que los guardias lo habían mantenido todo el tiempo que estuvo detenido con los ojos vendados y esposado, y que le habían privado de comida, golpeado repetidamente y obligado a permanecer de rodillas durante largos periodos.
En otro caso, el ejército israelí arrestó a un niño de 14 años en su casa en Yabalia, en el norte de Gaza, el 1 de enero de 2024. El niño estuvo recluido 24 días en el centro de detención militar de Sde Teiman con al menos 100 detenidos adultos en un barracón. Contó a Amnistía Internacional que los interrogadores militares lo habían sometido a tortura, incluidas patadas y puñetazos en el cuello y la cabeza. Dijo también que lo habían quemado repetidamente con colillas de cigarrillo. Cuando Amnistía Internacional lo entrevistó el 3 de febrero de 2024 en la escuela donde estaba refugiado con otras familias desplazadas, se veían en el cuerpo marcas de quemaduras de cigarrillos y hematomas. Durante el tiempo que estuvo recluido, no se le permitió llamar a su familia ni ver a un abogado, y permaneció con los ojos vendados y esposado.
El 5 de junio, en respuesta a una petición de organizaciones israelíes de derechos humanos que exigían el cierre del campo militar de Sde Teiman, las autoridades israelíes anunciaron planes para mejorar las condiciones de reclusión y limitar el número de detenidos, pero más de un mes después, poco parece haber cambiado.
El abogado Khaled Mahajna pudo entrar excepcionalmente en Sde Teiman el 19 de junio y contó a Amnistía Internacional que su cliente, el periodista Mohammed Arab, le había dicho que estaba recluido junto con al menos 100 personas en el mismo barracón en condiciones inhumanas y que los detenidos no habían visto ninguna mejora en las últimas dos semanas. También dijo que llevaba detenido en Sde Teiman más de 100 días sin saber siquiera por qué.
El ejército israelí confirmó a Haaretz el 3 de junio que está investigando las muertes bajo custodia en Israel de 40 personas detenidas, 36 de las cuales habían muerto o sido asesinadas en el centro de detención militar en Sde Teiman. Todavía no se han presentado actas de acusación formal. Esta cifra no incluye a las personas detenidas que murieron o fueron asesinadas mientras estaban bajo custodia del Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel.
Mujeres detenidas
Entre las personas detenidas entrevistadas por Amnistía Internacional había 5 mujeres, todas las cuales estuvieron detenidas en régimen de incomunicación más de 50 días. Primero fueron recluidas en un campo de detención sólo para mujeres en el centro de detención militar de Anatot, en un asentamiento ilegal israelí cerca de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, y luego en la prisión de mujeres de Damon, en el norte de Israel, controlado por el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel. Ninguna de las cinco fue informada de los fundamentos de derecho de su detención ni fue llevada ante una autoridad judicial. Todas dijeron que las habían golpeado mientras se las trasladaba a un centro de detención.
Una de ellas, arrestada el 6 de diciembre en su casa, dijo que la habían separado de sus dos hijos —una niña de cuatro años y un bebé de nueve meses— y que la habían recluido inicialmente junto a cientos de hombres. La acusaron de pertenecer a Hamás, la golpearon, la obligaron a quitarse el velo y la fotografiaron sin él. También describió el tormento de ser sometida al simulacro de ejecución de su esposo:
“Al tercer día de detención, nos metieron en una zanja y empezaron a arrojar arena. Un soldado hizo dos disparos al aire y dijo que habían ejecutado a mi esposo y yo me derrumbé y le rogué que me matara a mí también para aliviarme de la pesadilla”, dijo.
Al tercer día de detención, nos metieron en una zanja y empezaron a arrojar arena. Un soldado hizo dos disparos al aire y dijo que habían ejecutado a mi esposo y yo me derrumbé y le rogué que me matara a mí también para aliviarme de la pesadilla.
Mujer exdetenida
“Estaba todo el tiempo aterrorizada y asustada por mis hijos”. Otra detenida liberada contó a Amnistía Internacional que sus reiteradas peticiones de información sobre sus hijos fueron ignoradas por los guardias penitenciarios, a los que había oído reírse y burlarse de ella.
Contó a Amnistía Internacional que después de tres semanas en la prisión de Damon le dijeron que iban a ponerla en libertad. La esposaron, le vendaron los ojos, le pusieron grilletes en los pies y la llevaron a otro lugar. Al llegar allí, en lugar de liberarla, los guardias le desgarraron la ropa con un cuchillo enorme y la sometieron a un violento registro corporal desnuda. Luego fue devuelta a Anatot, donde estuvo 18 días más.
Contó a Amnistía que los guardias de la prisión la amenazaron diciéndole: “Te vamos a hacer lo que Hamás nos ha hecho a nosotros, te secuestraremos y te violaremos”. Nunca se la informó del motivo de su detención.
Ella y otras detenidas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que las dejaron cerca del cruce de Kerem Shalom con Karem Abu Salem y que tuvieron que caminar más de media hora hasta llegar a un punto del CICR para personas presas liberadas. Todas las detenidas dijeron que nunca les devolvieron todas sus pertenencias o la mayoría de ellas, incluidos sus teléfonos, joyas y dinero.
HAMAS
En las últimas semanas, decenas de miles de personas han salido a las calles en todo Israel para exigir que las autoridades israelíes accedan a un acuerdo de alto el fuego y negocien la liberación de los rehenes. Hoy, las familias de los rehenes continúan su marcha desde Tel Aviv a Jerusalén para pedir la liberación de sus seres queridos y exigir al gobierno israelí que acceda a un acuerdo de alto el fuego mientras se reanudan las negociaciones esta semana.
Se cree que Hamás y otros grupos armados mantienen a unas 116 personas como rehenes o cautivas en Gaza desde el 7 de octubre, incluidas 43 cuyas muertes fueron confirmadas por las autoridades israelíes. Se cree que al menos 79 de las personas que permanecen cautivas son civiles. Según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos de Israel, hasta el 18 de mayo se habían recibido señales de vida de 33 rehenes. Durante el cautiverio, a los rehenes se les ha negado el acceso a observadores independientes, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que evaluaran su salud o las condiciones de detención.
“La toma de rehenes es un crimen de guerra. Las personas que siguen vivas llevan más de nueve meses como rehenes, lejos de sus seres queridos. No hay nada que justifique que se les inflija ese trauma y esa angustia ni ellas ni a sus familias”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images
“Desde octubre, Amnistía Internacional ha pedido de forma reiterada que Hamás y otros grupos armados dejen en libertad de forma inmediata y sin condiciones a todos los rehenes civiles. Todas las personas cautivas deben recibir un trato humano y protección frente a la tortura y otros malos tratos. Además, se les debe dar acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja, de acuerdo con el derecho internacional. Las personas enfermas y heridas debe recibir atención médica.”
La toma de rehenes es un crimen de guerra. Las personas que siguen vivas llevan más de nueve meses como rehenes, lejos de sus seres queridos.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas
A pesar de la adopción, el 10 de junio, de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato de todas las partes, las negociaciones sobre un posible acuerdo para liberar más rehenes israelíes y prisioneros palestinos no han arrojado hasta ahora ningún resultado positivo.
En medio de los incesantes bombardeos y operaciones terrestres de Israel en Gaza, los peligros para los civiles, ya sea la población palestina o los rehenes, continúan acrecentándose.
“La brutal agresión de Israel a Gaza ha provocado la muerte de más de 38.000 personas palestinas, causando una de las peores catástrofes humanitarias que el mundo haya visto. La crisis en curso también sigue poniendo en peligro la vida de los rehenes israelíes en Gaza. Es urgente que todas las partes se avengan a un alto el fuego, a fin de aliviar el sufrimiento masivo, evitar más pérdidas de vidas y garantizar la protección de todos los civiles”, manifestó Erika Guevara-Rosas.
Ha habido varios incidentes en los que Hamás y otros grupos armados han retenido rehenes en edificios residenciales situados en zonas civiles abarrotadas, poniendo en peligro también la vida de la población civil de Gaza e incumpliendo su obligación de tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil que está bajo su control de los efectos de los ataques.
Según el Ministerio de Salud palestino, una operación mortífera llevada a cabo el 8 de junio por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Al Nuseirat para liberar a cuatro rehenes causó la muerte de más de 270 palestinos. En una operación de rescate previa para liberar a dos rehenes retenidos en Rafá el 12 de febrero murieron alrededor de 100 personas.
El 3 de junio, las autoridades israelíes anunciaron la muerte de cuatro rehenes israelíes en Gaza. Uno de ellos era Yoram Metzger, de 80 años, que había sido tomado como rehén junto con su esposa Tami Metzger, de 78 años, del kibutz Nir Oz el 7 de octubre. Tami Metzger fue liberada en noviembre. Ayala Metzger, su nuera, contó a Amnistía Internacional que la frustraba el hecho de que las autoridades israelíes no hubieran conseguido la liberación de los rehenes:
“Nuestro gobierno actual abandonó a los rehenes; no le interesa liberarlos, no hace ningún esfuerzo real para lograrlo. Lo que se necesita primero es tomar la decisión de parar la guerra. [El cadáver de] Yoram aún está en Gaza, no sabemos exactamente qué le pasó, pero ha sido declarado muerto. Junto a él están muchos de mis conocidos, que todavía están vivos. Queremos empezar a vivir y reconstruir… pero no podemos”.
Añadió que Tami, que fue liberada en noviembre, todavía no puede dormir por la noche: “Sigue preocupada por las personas que estaban con ella en los túneles y de las que no sabemos nada. Es difícil, es difícil seguir con esto. Es difícil protestar… la gente está cansada”.
Las pruebas en vídeo verificadas por Amnistía Internacional indican que algunos rehenes sufrieron lesiones y abusos durante su cautiverio. Hersh Goldberg-Polin fue tomado como rehén cerca de la sede del partido Nova. En vídeos verificados se ve a combatientes de Hamás cargándolo en un camión y conduciéndolo a él y otras personas hacia Gaza, mientras que su brazo izquierdo sangra profusamente tras haber sido cortado por debajo del codo. En un video publicado por Hamás el 24 de abril de 2024 se ve a Hersh —identificado por su familia— después de ser operado del brazo amputado.
Los rehenes han sido recluidos en condiciones extremas y preocupa que algunos puedan haber sido sometidos a tortura y otras formas de abuso durante el cautiverio.
Según profesionales médicos israelíes, los rehenes retornados habían sufrido abusos físicos y psicológicos en Gaza. También dijeron que algunos rehenes denunciaban haber sido golpeados, obligados a presenciar o participar en actos violentos, sometidos a violencia sexual, incluida la desnudez forzada y la agresión sexual, confinados en aislamiento o en total oscuridad, y privados de satisfacer necesidades básicas como la alimentación y el sueño, lo que tenía consecuencias graves y a largo plazo para la salud mental y física. Los rehenes liberados también dijeron que, en algunos casos, se separaba intencionalmente a los distintos miembros de una familia.
Amit Soussana, secuestrada en el kibutz Kfar Azza y liberada en noviembre de 2023, describió en una grabación audiovisual que durante tres de las semanas que estuvo recluida en Gaza había estado encadenada. Dijo que el hombre que la vigilaba entraba en su habitación, se sentaba en su cama, le hacía preguntas sobre su vida sexual y, en una ocasión, la obligó a realizar un acto sexual con él a punta de pistola.
Algunos familiares de rehenes con los que habló Amnistía Internacional dijeron que no habían recibido ninguna información sobre sus seres queridos desaparecidos desde hacía casi nueve meses.
Tres familiares de Nathalie Smith, de la familia Kipnis del kibutz Beeri, fueron asesinados, y siete fueron tomados como rehenes el 7 de octubre. Seis fueron liberados en noviembre, pero uno de ellos, Tal Shoham, sigue cautivo.
“El hecho de que los rehenes todavía estén allí es una herida abierta. No podemos llorar a los muertos o comenzar a sanar”, dijo.
La tía de Gil Dickman, Kineret Gat, fue asesinada en el kibutz Beeri durante el ataque del 7 de octubre. Sus dos primas Carmel y Yarden Roman-Gat fueron tomadas como rehenes. Yarden Roman-Gat fue liberada en el acuerdo sobre la liberación de rehenes de noviembre de 2023. Carmel Roman-Gat, de 40 años, sigue recluida en Gaza. Dickman teme por su bienestar físico y mental, y manifestó escepticismo con respecto a las iniciativas del Estado para lograr la devolución de los rehenes.
“Nuestras vidas se detuvieron por completo, comenzó algo nuevo, una película de terror cuyo punto de partida era una gran impotencia”, dijo, y agregó que aún no era capaz de procesar el dolor ni de hacer el duelo. “No podemos hacerlo porque lo más urgente es luchar por la vida de quien todavía se puede salvar, sabiendo que en cualquier momento podríamos recibir la horrible noticia.”
Añadió que presenciar la destrucción que ha sufrido la población palestina en Gaza lo hace sentir “muy mal”:
“Del otro lado hay seres humanos, a los que considero víctimas del círculo de violencia, al igual que Carmel y mi familia… En última instancia, el terror y la violencia lastiman a personas que desean vivir una vida pacífica”.
“La única forma efectiva de poner fin a la catástrofe humanitaria, las muertes en masa y la destrucción que hemos presenciado en los últimos nueve meses es un alto el fuego inmediato y sostenido por todas las partes. Pero tanto si se llega a un acuerdo como si no, Hamás y otros grupos armados deben garantizar la liberación inmediata de todos los rehenes civiles, e Israel debe facilitar la entrada y distribución en Gaza, sin impedimentos, de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.