Asimismo, estos nuevos marcos operativos de la UE brindan la ocasión no sólo de continuar con las buenas prácticas adoptadas por las Presidencias anteriores, sino de institucionalizarlas convirtiéndolas en normas europeas. Por ejemplo, mantener el principio de transparencia en el trabajo de la Presidencia hace a la UE más accesible a la opinión pública y proporciona un mecanismo de rendición de cuentas. Las consultas generalizadas con las organizaciones de la sociedad civil y el acceso a la información son elementos fundamentales de este proceso. Estas prácticas han demostrado ser esenciales para una interacción constructiva. Al elevarlas al rango de normas del sistema, se dejaría un valioso legado.
En este momento crucial del proceso europeo, la UE debe basarse en su valor fundamental, que es además uno de sus principios fundacionales: el respeto y la protección de los derechos humanos. Los cambios institucionales de esta etapa no están exentos de riesgos. En ocasiones se percibe que otras cuestiones apremiantes, como la recesión económica, el cambio climático, los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo, compiten en prioridad con los derechos humanos. Esta elección es artificial porque las medidas sostenibles necesarias para resolver todos estos problemas emanan de los principios de derechos humanos. La no discriminación, el respeto al debido proceso, el acceso a los derechos y la rendición de cuentas forman parte de la solución.
El liderazgo de derechos humanos de la UE en la esfera internacional ha de reflejarse en sus políticas internas: tiene que haber coherencia. La rendición de cuentas en el seno de la UE consiste en garantizar una protección efectiva de los derechos humanos en todas sus políticas, sin discriminación. La nueva comisaria de Derechos Fundamentales deberá coordinar y supervisar la evaluación del impacto de todas las políticas internas de la UE en los derechos humanos.
Amnistía Internacional formula a la Presidencia española varias recomendaciones susceptibles de ser aplicadas en un periodo de seis meses. Los instrumentos y mecanismos ya existen: lo que se necesita es voluntad política. La organización valorará el éxito de esta Presidencia de la UE en función del esfuerzo que haga por generar, aprovechar y encauzar este caudal político.
Medir la voluntad política entraña retos, pero no es imposible. Proponemos indicadores del progreso alcanzado en cada una de las recomendaciones. Amnistía Internacional invita a la Presidencia española a hacer un seguimiento conjunto de los avances en el cumplimiento de estas recomendaciones: contrastar la consecución de los objetivos con estos indicadores sería en sí mismo un elemento esencial del éxito de la Presidencia española en el ámbito de los derechos humanos.
Más allá de estos retos institucionales, la Presidencia española deberá tener en cuenta que los derechos humanos afectan a personas reales. Emprender acciones sobre casos individuales es una forma concreta de poner en práctica el compromiso de la UE de proteger los derechos humanos. Amnistía Internacional presenta 10 casos de personas que han sufrido o están sufriendo violaciones y abusos de derechos humanos en distintas partes del mundo: tanto dentro como fuera de la UE.
La Presidencia de la UE tiene, en especial, la obligación de liderar y coordinar las acciones que puede emprender la Unión, en tanto que institución de valores con responsabilidad compartida, para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, proteger a las personas de futuras amenazas y abordar debidamente las violaciones cometidas en el pasado. Amnistía Internacional pide a la Presidencia española que use todos los medios que estén a su alcance –desde la presión política al más alto nivel a los instrumentos de trabajo sobre el terreno destinados a la protección de los derechos humanos– para tratar cada uno de los casos individuales que se presentan.
Nicolas Beger-Director Oficia AI ante la UE y Esteban Beltrán Director AI España
Resumen de las Recomendaciones de AI a la UE
- Participar activamente en los 10 casos propuestos, planteándolos siempre que surja la ocasión y ejerciendo presión para que se produzcan avances concretos en los próximos seis meses. Formar equipos en las embajadas y delegaciones de cada uno de los países señalados para que trabajen a fondo en la resolución de los mismos.
- Aplicar las recomendaciones pertinentes formuladas en el informe del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en el periodo 2004-2008 con el fin de reforzar la capacidad del Consejo de abordar los problemas de derechos humanos existentes en el seno de la UE.
- Garantizar que el ámbito de competencias del Programa de Estocolmo incluye no sólo a la ciudadanía
de la UE sino también a todas las personas que se ven afectadas por las políticas de la UE. Promover medidas y acciones concretas para proteger los derechos de las personas “sospechosas” en los procedimientos penales. - Adoptar una respuesta coordinada y sistemática a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el Plan de Acción del Programa de Estocolmo. Garantizar que se establecen en el ámbito de la UE y de los Estados miembros los procedimientos adecuados para identificar, proteger y ofrecer indemnización a las personas objeto de trata, de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.
- Alcanzar un acuerdo político sobre la Directiva relativa a la igualdad de trato propuesta por la Comisión Europea en julio de 2008, de modo que el nivel de protección contra la discriminación por motivos de religión, creencia, edad, discapacidad u orientación sexual sea similar al existente en virtud de la Directiva de 2000 sobre igualdad racial.
- Pedir que se ponga fin a los desalojos forzosos en la UE y que se respete el debido proceso en los
desalojos que se efectúen en los Estados miembros. Reflejar la prioridad política de la inclusión de la comunidad romaní en la Segunda Cumbre Europea sobre la Comunidad Romaní, condenando los ataques racistas y la apología del odio contra la población romaní y tomando medidas concretas para abordar la exclusión. - Lograr una mayor armonización de las leyes y prácticas de asilo, conforme a las normas de protección internacional. Cerrar la brecha entre la ley y la práctica mediante herramientas de vigilancia que permitan y fomenten la contribución de los grupos de interés pertinentes. Velar por que las políticas sobre inmigración irregular se centren en luchar contra las redes criminales, los tratantes o traficantes y los empleadores que se aprovechan de los inmigrantes irregulares, a la vez que se protege a estos últimos de la explotación y los abusos. Tales políticas deberán rechazar toda medida que afiance la criminalización y la discriminación de los inmigrantes irregulares. Garantizar que el respeto por los derechos humanos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo es un requisito previo para la cooperación sobre inmigración con terceros países de origen o de tránsito.
- Incluir en la agenda política de la UE el asunto de la complicidad de algunos Estados miembros en el programa de entregas y detención secreta de la CIA, y abordar las siguientes cuestiones: la dilig
encia debida en las investigaciones, el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos, la reparación a las víctimas y la prevención de los abusos en el futuro. Exhortar a los Estados miembros a que cumplan las resoluciones del Parlamento Europeo de 2007 y 2009, que los instan a emprender investigaciones plenas, imparciales y efectivas sobre las acusaciones de complicidad en las entregas de personas para someterlas a tortura y sobre la existencia de centros de detención secreta en territorio europeo. - Garantizar que, en el legado que transmita en julio de 2010, la lucha contra la tortura a través de las Directrices es una obligación esencial de la UE en sus relaciones exteriores, y no el mero complemento optativo de otros compromisos de derechos humanos. Proporcionar más información a la sociedad civil sobre las medidas adoptadas, por ejemplo, sobre casos individuales en los que se hayan emprendido iniciativas. Promover la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura por todos los Estados miembros de la UE. Adoptar una posición firme en el conjunto de la UE contra el uso de “garantías diplomáticas” destinadas a facilitar el traslado de personas a países en los que corren peligro de sufrir tortura.
- Demostrar que la abolición universal de la pena capital mediante la aplicación coherente de las Normas Mínimas sobre la Pena de Muerte es una prioridad de la Presidencia en las relaciones bilaterales, y planificar con antelación la próxima Asamblea General de la ONU.
- Aprovechar la Cumbre entre la UE y los países de América Latina y el Caribe para debatir las tendencias regionales en las violaciones de derechos humanos, como los desalojos forzosos, la discriminación en el acceso a los servicios (en particular la atención de la salud) y la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, de su derecho a la libertad de expresión.
- Traducir en acciones concretas la atención prevista en la política exterior hacia el África Subsahariana, por ejemplo centrándose en casos individuales de defensores y defensoras de los derechos humanos mediante grupos temáticos de misiones y delegaciones de la UE, a la vez que se construye un foro de diálogo UE-UA de derechos humanos para un debate franco.
- Entablar consultas más significativas con ONG sobre la elaboración de indicadores transparentes para futuras rondas del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China. Garantizar que todo debate sobre el futuro del embargo de armas impuesto a China, en cualquier contexto, se basa firmemente en valorar si se ha impartido justicia a las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos que motivaron el embargo, como la masacre de la plaza de Tiananmen.
- Aprovechar el diálogo con Estados Unidos, incluida la Cumbre UE-Estados Unidos de mayo de 2010, para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes en la “guerra contra el terror”.
- Animar y ayudar con más coherencia a los países vecinos de la UE a emprender las reformas necesarias de derechos humanos. Exponer explícitamente qué expectativas de derechos humanos tiene la UE de los países candidatos o candidatos potenciales a todos los niveles, cumplir el compromiso de la UE de enjuiciar crímenes de guerra y de abordar los problemas del pasado, y considerar este compromiso como un elemento definitorio de las relaciones con los países de los Balcanes occidentales.
- Confirmar que los derechos humanos son un elemento central de la relación con Rusia y de una
estrategia reorientada sobre Asia Central. Ejercer una labor de liderazgo defendiendo la primacía del derecho internacional y la necesidad de abordar todas las violaciones con una clara rendición de cuentas en Oriente Medio. - Liderar un enfoque dinámico en la UE para mejorar el trabajo y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos, incluido su sistema de Procedimientos Especiales. Seguir apoyando activamente el examen periódico universal, incorporando las recomendaciones derivadas del examen a todas las relaciones exteriores de la UE y demostrando buenas prácticas cuando España sea sometida a examen. Garantizar que la UE sigue impulsando en primera línea la aprobación de normas internacionales lo más completas posible para controlar el comercio de armas, incluida la Regla de Oro.
- Liderar una revisión de los ODM basada en un enfoque de derechos humanos para preparar la Cumbre de la ONU que tendrá lugar en septiembre de 2010.
Síguenos en las redes sociales: