Un mes antes de lo previsto (los datos se publican en junio y en diciembre), y aprovechando un fin de semana largo en parte del Estado, se publicaron los datos de lista de espera correspondientes a 31 de diciembre de 2021, los peores de las últimas dos décadas: 706.640 personas esperan una intervención quirúrgica y, 2.809.150 la primera cita con el especialista.
Sin embargo, con ser escandalosos, estos datos no recogen mas que una parte de la realidad debido a la cirugía estética que la Administración aplica. En diferentes ocasiones hemos explicado la poca fiabilidad de los datos oficiales:
- En 2020, el “milagro Covid-19” permitió, en 6 meses con un sistema sanitario colapsado, reducir en 1 millón el número de personas a la espera de la primera consulta con el especialista (se pasó de 2,5 millones a 1,5 millones).
- La no inclusión de todos los procesos y/o especialidades. Así, solo se publican los datos de 10 de 49 especialidades existentes (Así especialidades de elevada demanda como alergia, neumología, neurología, endocrino, geriatría, hematología, oncología, reumatología, rehabilitación… no figuran.).
- Las múltiples trabas para alargar o bloquear el acceso a la asistencia, lo que impide la entrada en la lista de espera.
- La no difusión de la lista de espera para pruebas diagnósticas, en contra de lo establecido en el propio Real Decreto 65/2003, con lo cual esas esperas no existen.
- El “limbo diagnóstico” que media desde la indicación de una prueba diagnóstica por el especialista hasta su realización efectiva, que podría desembocar en la indicación de una intervención quirúrgica.
- La expulsión de la lista de espera estructural de aquellos pacientes que se niegan a ser intervenidos en un centro privado, que pasan a formar parte de una “listas de espera no estructural”, cuyos datos no se publican (aquí).
- El cierre de agendas cuando los responsables lo consideran oportuno, para impedir que las listas sigan creciendo (aquí, aquí, aquí).
- La salida de la lista cuando el paciente ha recibido la notificación, aunque su cita sea dentro de un año.
- Las presiones a los médicos de familia para que no deriven pacientes al especialista, con el objetivo de demorar la llegada del paciente a la asistencia especializada.
- La expulsión de la lista por haber acudido a un servicio de urgencias.
- La existencia de listas ocultas (aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí) en todas las Comunidades Autónomas, independientemente de quien gobierne.
- Las listas de dos velocidades, saltándose la lista de espera a los que acceden a pagar por la intervención.
Por tanto, independientemente del maquillaje aplicado, el Sistema Nacional de Salud camina hacia su conversión en un sistema de beneficencia (responsabilidad de todos los grupos políticos al mantener las leyes que lo permiten), para mayor gloria de los seguros privados, que ya suman 13 millones de pólizas (el 20% de la población, aunque hay comunidades con casi el 40 %). Estamos asistiendo a una pugna entre los grupos sanitarios privados por extenderse por todo el Estado. Así, el grupo líder Quirón Salud (grupo Fresenius) dispone ya del 13 % de las camas privadas, habiendo crecido durante la pandemia un 22 %.
Sin embargo, la privada ya está reproduciendo los problemas de la pública: en muchos hospitales privados se están produciendo demoras de 6 meses para acceder a una consulta. La supuesta “solución privada” es falsa por motivos obvios: la sanidad privada no tiene capacidad para suplir a la sanidad pública; nunca va a asumir lo “no rentable económicamente”; en los próximos años se producirá una jubilación masiva de sanitarios (por ejemplo, el 46% de los médicos de la red pública tiene 50 o más años y el 21,1% tiene 60 o más años), que afectará tanto al sistema público como al privado, etc.
Ante esta situación no cabe más que una solución, ahora más que nunca: www.recuperatusanidad.org