Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso.
En respuesta a la convocatoria de organizaciones sociales de todo Perú de nuevas movilizaciones en Lima, Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes.
El actuar violento y represivo de las Fuerzas de Seguridad colombianas, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ha dejado cientos de víctimas de traumas oculares, aseguraron Amnistía Internacional, Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes en un nuevo informe.
En un nuevo informe Amnistía Internacional afirma que, si de verdad quieren poner fin a la impunidad imperante de la que se benefician las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos de la región deben abordar esa cuestión como problema estructural, aplicando protocolos adecuados de investigación, sometiendo a escrutinio la actuación de los altos mandos y trabajando con la sociedad civil para instaurar mecanismos efectivos e independientes de rendición de cuentas.