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Nada me parece más apropiado frente a esta reunión del G20 que se hace en Buenos Aires, que recordar la Canción del gran cantautor Juan Manuel Serrat.

Se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares. Se llama “lawfare” e implica usar el sistema judicial contra el enemigo en una especie de guerra judicial. No hay casualidades, esto es parte de la política de dominación para América Latina impulsada por los EE.UU. y sus agencias.

Record de detenidos, sobrepoblación, torturas y muertes, como consecuencia de la política de mano dura.

Hay personas que marcan la historia y vida de los pueblos.

En el marco de Feria del Libro de Buenos Aires y del día internacional de los trabajadores, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) junto a la Editorial Octubre, Boitempo y la UMET, realizaron una jornada internacional en solidaridad con el pueblo de Brasil, con la democracia y con el Presidente Lula Da Silva, que se encuentra sufriendo una prisión política.

Una vez más el gobierno recurre a la violencia para silenciar los reclamos sociales en general y de los pueblos originarios en particular.

En los últimos meses y en particular a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto de una acción represiva del estado nacional contra la comunidad mapuche de Cushamen, se ha desatado una campaña contraria a los pueblos originarios y en particular al reclamo por el reconocimiento de sus tierras.

El Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, expresó así su repudio a la reciente visita a la Argentina del Primer Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu.

En base a las pruebas que constan en la investigación judicial, la Fiscalía Federal de Esquel solicitó que se cambie la carátula de la causa Santiago Maldonado a desaparición forzada. La decisión del Ministerio Público Fiscal reconoce que la principal hipótesis de la investigación apunta a la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago tras la represión del 1 de agosto a la lof de Cushamen.

El gobierno inició hace unos meses una campaña de desarmar la política de DDHH. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad.