En diversos territorios se expresan las luchas contra un modelo de exclusión y empobrecimiento de las grandes mayorías populares que a diferencia de otras etapas históricas del capitalismo, que también tuvieron su cuota de depredación, hoy se nos presenta bajo formas de saqueo y destrucción de la naturaleza inéditos.

En esas luchas, que compartimos con los movimientos campesinos y pueblos originarios evaluamos las acciones para enfrentar desalojos impulsados por grandes empresas que apañadas sea por el estado nacional o provincial, aparecen con títulos de tierras mal habidos justificando así desalojos frecuentemente vía intimidaciones y violencia institucional estatal o ejercida por ejércitos privados financiados por hacendados o empresas.

Asistimos en América Latina a una restauración neoliberal, con políticas de ajuste, privatizaciones, entrega de bienes comunes que son acompañados por una financierización de rapiña y sometimiento de los pueblos pobres vía endeudamiento, acompañados de una creciente violencia institucional frente a quienes se oponen a esos procesos de depredación y extranjerización de nuestros territorios.

Pese a las buenas intenciones acordadas en las Naciones Unidas, para alcanzar las metas del milenio para un desarrollo sostenible en el 2030, ya sabemos que serán incumplidas mientras se mantenga el actual modelo de agronegocios y el control de todas las fases de comercialización de las grandes transnacionales que operan en el mercado de alimentos.

Asistimos a una crisis que sólo preanuncia mayores peligros y capacidades destructivas.

El sometimiento de los estados nacionales a los grupos financieros, la concentración de ingresos, la pérdida de representación de los sistemas políticos, incapaces de procesar alternativas públicas que permitan encarar estrategias de bienestar para el conjunto de nuestros pueblos.

Las transformaciones operadas en los sistemas agroalimentarios revelan la expansión fenomenal del agronegocio, que en nuestro país se manifiesta en monocultivo sojero; la concentración de las explotaciones agropecuarias y la destrucción de gran parte de las economías agrícolas familiares principales productores de alimentos para nuestro pueblo.

Se registra la pérdida de los cinturones verdes fruti hortícolas periurbanos otrora generadores de mano de obra y proveedores de alimentos frescos a escala local y regional, ante el avance de la frontera sojera y de la especulación inmobiliaria.

Las consecuencias de estos procesos son la desocupación, migraciones a las villas miserias y asentamientos de grandes urbes en todo el país. Se redujo la producción de alimentos básicos destinados al consumo popular y con ello se ha perdido diversidad y soberanía alimentaria, se han encarecido los precios y la calidad de los alimentos de consumo popular masivo con el consiguiente impacto en los bolsillos de nuestro pueblo.

En diversas provincias vinculadas a economías regionales, se ha avanzado en un salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, se destruyen e incendian montes y bosques nativos, se avanza expulsando a miles de campesinos, pequeños productores y trabajadores del campo, así como de los pueblos originarios desalojados de sus tierras ancestrales,

Se elimina la biodiversidad y se modifican los ciclos agrícolas, abriendo paso al modelo del agronegocio dominado en Argentina por el monocultivo de la soja transgénica, y que implica el uso creciente de mayores cantidades de agrotóxicos y con un deficiente control en su aplicación y que impacta directamente la salud de nuestros pueblos..

Crecientemente se registran como consecuencia de este modelo de agronegocio, la aparición de malezas e insectos resistentes a los agroquímicos, que para conjurarlos terminan aplicando peores insecticidas que en forma geométrica volverán a reproducir el fenómeno.

El modelo presenta crecientes costos, saturación de suelos, mayor dependencia de agrotóxicos, mayor endeudamiento de los productores que participan de esos paquetes tecnológicos. En suma, en el largo plazo el modelo resulta inviable y demanda una replanteo urgente para implementar otras opciones productivas.

Frente a un modelo que apunta a la rentabilidad en la producción de commodites y no considera la autonomía alimentaria de los pueblos, debemos presentar otras alternativas que reconozcan a los actores que tradicionalmente han provisto de alimentos a la humanidad. Donde ocupan un lugar preponderante las culturas campesinas y la agricultura familiar.

Las resistencias y gestación de alternativas

Como han venido planteando los Movimientos Campesinos a nivel mundial, existen alternativas para resolver el problema del hambre.

Hace pocos años en América Latina, parecía avanzar un proyecto de integración de la Patria Grande, predominaban gobiernos progresistas que impulsaron importantes mejoras ende distribución de ingresos y en las condiciones de vida de nuestros pueblos.
La disputa por la implementación de políticas públicas para impulsar otras alternativas, dependen de la capacidad de los pueblos de consolidar otras institucionalidades.

En nuestro país se había logrado una institucionalización parcial de una política pública de promoción de la Agricultura Familiar, que logró traducirse en una Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura. La información provistas por los trabajadores de estas áreas, registran alrededor de 150000 núcleos de la Agricultura Familiar registrados en un universo mayor de 250000 Agricultores Familiares. Son esas producciónes las que proveen gran parte de los alimentos que consume nuestra población. Se estima que el 70% proviene del sector de la Agricultura Familiar de las Economías Regionales.

Hoy, en nuestro país, las políticas de ajuste acordadas con el Fondo Monetario Internacional ha reducido de categoría a ministerios y generando olas de despidos públicos y privados.

El ex Ministerio de Agricultura se encuentra a cargo de representantes de los grandes productores terratenientes, que han avanzado en un proceso de destrucción de políticas públicas como la agricultura familiar, desmantelando la mayor parte del trabajo de extensión que se venía realizando y despidiendo trabajadores del sector.. . Persiste sin reglamentación y se incumple con la aplicación de la Ley 27118 de Reparacion histórica de la Agricultura Familiar.

Se han eliminado derechos como el Monotributo Social Agropecuario., (MSA) único instrumento que tenía el sector de la Agricultura Familiar, para contar con aportes jubilatorio, obra social, y formalización de su economía.

En estos días el gobierno nacional vía el parlamento, aspira modificar la ley nacional de semillas para favorecer a las empresas transnacionales, como Monsanto-Bayer. Pretenden terminar con el “uso propio” de las semillas, esto es el tradicional derecho de los agricultores de guardar parte de su cosecha para poderla reutilizar en el siguiente ciclo sin tener que pagar por esto ningún tipo de regalías. Se favorece en el proyecto una mayor incidencia de las ´cámaras y asociaciones empresarias de las empresas semilleras en la fiscalización y sanción para quienes no paguen regalías.

A los exponentes del agronegocio no les interesan las políticas públicas que avancen en la integración rural y la equidad.

El Hambre es un crimen y los modelos predatorios y las empresas que los impulsan son responsables de Ecocidio.

Frente al actual ofensiva de políticas neoliberales diversas formas de resistencias se multiplican y se consolidan a lo largo y ancho del país. La organización es parte de la resistencia y la llave para asegurar una alimentación soberana para nuestros pueblos.

Las luchas de los movimientos campesinos por el acceso a la tierra, el desarrollo de políticas públicas de promoción de la agricultura familiar, las experiencias crecientes en alternativas agroecológicas, los intercambios de saberes populares como son el desarrollo de ferias de semillas, el accionar en defensa de la biodiversidad nos muestran un camino en creciente desarrollo.

Frente a semejantes desafíos, la propuesta de impulsar políticas de Soberanía Alimentaria, procura empoderar a nuestros pueblos para asegurar que la tierra se disponga en función del bien común, donde campesinos, campesinas, productores de la agricultura familiar, pueblos originarios y trabajadores puedan producir y consumir sus propios alimentos.

Las Naciones Unidas nos hablan de la necesidad de alcanzar la seguridad alimentaria, tras el noble objetivo de asegurar el pan en la mesa de los hogares que padecen hambre y desnutrición, nos hablan de la necesidad de incrementar la productividad y con esta se nos cuelan por la ventana, los modelos de la agricultura industrial y sus paquetes tecnológicos que resultan altamente depredadores el medio ambiente y para nada aseguran resolver el hambre de los pueblos.

“La crisis económica y financiera que enfrenta Argentina tendrá un impacto directo en el derecho a la alimentación de la población”, advirtió la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver.

Por eso hablamos sobre la urgencia de encarar transiciones desde el modelo de los agronegocios, hacia otras formas de producción agroecológicos, donde la Agricultura Familiar sea el sujeto que sustente Soberanía Alimentaria. Esta será la base para enfrentar el flagelo del hambre y para alcanzar sociedades justas.