Las protestas policiales de fin de año constituyeron una extorsión que buscó transmitir el mensaje: “o nos hacen caso o se viene el caos social”. Ningún poder político, portador del mandato popular, puede someterse a la insubordinación violenta de una fuerza policial, en especial de sectores que contienen mafias responsables de la inseguridad, por su complicidad con el delito organizado.

Estos hechos demostraron que una de las mayores deudas de la democracia es la ausencia de una reforma policial integral bajo gobierno político en reemplazo de su actual autogobierno, y que permita a los efectivos de bajo rango canales de comunicación de reclamos salariales y denuncias de actos de corrupción para combatir los circuitos de recaudación ilegales.

El kirchnerismo ha logrado muchos avances en materia de memoria, verdad y justicia sobre la última sangrienta dictadura, tomando el reclamo popular de décadas que veníamos realizando. Sin embargo, lamentablemente, sigue acotando los derechos humanos al período de 1976 hasta 1983, mientras incumple algunos en el presente y se contradice con nombramientos como el de Milani.

Se necesita una reforma urgente del sistema penitenciario para que terminen las torturas y las muertes de presos. Desde la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que presido, hacemos controles en las cárceles bonaerenses y constatamos cómo persisten resabios de las dictaduras en carne viva entre sus pasillos.

También hay que crear más policías judiciales. La Justicia no debe delegar esa actividad en la policía, porque favorece su impunidad y el armado de causas a jóvenes para que puedan tapar sus negocios y delitos.

La ley para democratizar los medios de comunicación constituye un gran avance de la democracia y siempre la hemos apoyado. Sin embargo, no se puede simplificar la realidad diciendo que hay corpos “malas” y hay corpos “buenas”. Ninguna “corpo” va a favorecer la democratización de la palabra, ni la soberanía económica, ni la justicia social. Lamentablemente, este Gobierno y algunos gobiernos provinciales están reprimiendo a los argentinos que nos oponemos a Chevron, a Monsanto y a la Barrick Gold, entre otras, porque se llevan nuestros recursos destruyendo el medio ambiente y dañando la salud de las actuales y futuras generaciones. No se puede confundir desarrollo con explotación y saqueo.

En este sentido el Gobierno debe terminar el relevamiento territorial de los pueblos originarios, cuyos plazos legales se agotaron, para que puedan ejercer su derecho a la tierra reconocido nacional e internacionalmente.

El 2014 nos encuentra con un Papa argentino y nos sigue resultando difícil creerlo. En los encuentros que tuve con él me transmitió la necesidad de seguir trabajando por la Verdad, Justicia y Reparación del daño hecho por las dictaduras, que demarca un gesto frente a quienes añoran impunidades pasadas (incluso dentro del Episcopado Argentino). Así como la necesidad del ecumenismo para combatir el flagelo de la pobreza y la necesidad de proteger el medio ambiente, tal como lo planteaba San Francisco de Asís.

Pero también nos encuentra con un continente latinoamericano con el cual profundizar una inédita y fundamental política de unidad regional a través de la Unasur, la Celac y el Mercosur, para comenzar a pensar en un banco del sur y un tribunal arbitral propio para salir del Ciadi y defender nuestros estados de las demandas de las empresas multinacionales.

Los países del ALBA nos sirven de ejemplo de cómo mejorar nuestra actual democracia delegativa en una democracia más participativa, soberana, igualitaria y creativa.

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