La región de América Latina y el Caribe enfrenta mucha incertidumbre en el 2025, por los numerosos cambios políticos en el mundo, el impacto de las guerras en curso, la creciente ola de crimen y violencia en sus países y las cada vez mayores dificultades fiscales y de gestión de la deuda.
Es evidente que el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, tiene derecho a expresar sus opiniones respecto a la colonización de Hispanoamérica a partir de 1492.
En ocasión de la visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la Argentina, Amnistía Internacional llamó a las autoridades de ambos Estados a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos que sus países han adquirido.
Ante las nuevas manifestaciones de la presidenta electa, Clara Sheinbaum, estos días se ha reavivado la polémica sobre la carta enviada en su día por el presidente mexicano, Andrés López Obrador al monarca español, en la que reclamaba a éste la necesidad de pedir perdón por la actitud de los españoles en la conquista.
En respuesta a los incendios sin precedentes que azotan a Suramérica, con varios millones de hectáreas ardiendo en la cuenca del Amazonas y en otras partes del continente, Amnistía Internacional ha publicado una carta abierta dirigida a las presidencias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Bueno, claramente es un intento de EEUU de sabotear nuestra soberanía por lo de la Reforma Judicial.
En Latinoamérica, cientos de miles de personas han desaparecido debido a conflictos armados pasados y presentes, al crimen organizado y a crímenes de derecho internacional perpetrados por autoridades. De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en México, alrededor de 116,000 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas.
El partido del presidente está desesperado y no tiene límites.
Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso.
El consorcio de periodistas que hizo la investigación de los «Panamá Papers» defendió su labor, después de que la justicia panameña absolviera a 28 imputados por blanqueo de capitales relacionados con el extinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo en 2016.
