Borobia, en la provincia de Soria, es uno de esos lugares que se deben visitar. Si tiene suerte, tal vez le acompañen a las faldas de la sierra de Tablado, podrá ver sus parajes que traen sosiego y calma. Tal vez entonces le cuenten que todo está en peligro.
La empresa bilbaína Magnesitas y Dolomías de Borobia – no se dejen engañar por el nombre, la empresa es bilbaína y el patronímico añadido es por aquello de las subvenciones – tiene en proyecto la explotación de una mina de magnesitas de ocho kilómetros de extensión, a cielo abierto.
La Magnesita MgCO3, es un carbonato de calcita rico en magnesio que se emplea para la fabricación de ladrillos refractarios y revestimiento y para la elaboración de pasta de papel y aglutinante de suelos.
El proyecto tendría severas consecuencias medioambientales, no sólo para la población soriana, sino también para 35 municipios aragoneses de la cuenca fluvial del Jalón.
Toda la comarca aragonesa del Aranda se vería afectada junto con los nacimientos de los ríos Manubles, Isuela y Aranda. También afectaría a fuentes y manantiales y al agua de boca de Borobia, Pomer, Calcena, Beratón y Ólvega y destruiría un acuífero irrecuperable.
Según el Instituto Aragonés de Antropología, el impacto visual, sonoro y contaminante de la explotación a cielo abierto – con las obligadas explosiones en este tipo de extracciones -, aniquilaría las tierras y el agua de Borobia y su entorno.
La génesis del asunto arranca de la Propuesta del Servicio Técnico de Industria y Energía del gobierno de Castilla y León, que aparece en su Boletín Oficial de 7 de junio de 2005 y que autoriza a la empresa minera vasca Magnesitas y Dolomías – aquí sin patronímico – para que pueda hacer los sondeos oportunos, lo que significa – ya que todas las propiedades afectadas son particulares –, las consiguientes expropiaciones.
Afortunadamente para hombres y paisajes, los habitantes de los pueblos afectados se movilizaron presentando las oportunas alegaciones. La Plataforma en Defensa del Agua y la Tierra, lleva recogidas más de 8.000 firmas entre los vecinos de las provincias de Zaragoza y Soria. La batalla continua porque la lucha será larga.
No obstante, si como digo al principio, recorren la bella sierra de Tablada y el nacimiento del Manubles, podrán ver un edificio de tejado rojo abandonado al sol primaveral, bajo la sonriente mirada del padre Moncayo. Es la antigua mina de hierro, la Gandalia, precursora en la misma zona de un intento de negocio que no cuajó. Bajo los terrenos cercanos a la desolada mina se esconden restos de Lindano, un insecticida organoclorado, relativamente volátil y persistente, que había que enterrar en alguna parte. Anotemos que por su estabilidad química puede migrar a largas distancias a través del aire en forma de vapores o adherido a las partículas del suelo o sedimentos. Este hecho contribuye a su dispersión y transportación atmosférica en todo el mundo.
Así son los negocios, si no funciona la mina de hierro se ceden sus terrenos para cementerio químico; sí después de explotar toda la Magnesita que guarda el subsuelo de Borobia, hay que largarse dejando aguas contaminadas, acuíferos devastados y tierras yermas, pues se hace, que los paisajes no cotizan en bolsa.
La energía más contaminante
La organización ecologista WWF/Adena ha publicado el ránking de las centrales energéticas más contaminantes de Europa. En el ‘top 30’ hay plantas alemanas, inglesas y una española, As Pontes, que ocupa el noveno lugar de la triste clasificación.
Las 30 plantas que aparecen en la lista son centrales de carbono, y muchas de ellas de lignito, un combustible especialmente contaminante y que produce elevadas emisiones de dióxido de carbono. Este tipo de emisiones están consideradas internacionalmente como las responsables del
cambio climatico y sus devastadores efectos sobre el clima y las especies del planeta, por lo que desde la organización reclaman a las autoridades europeas medias para reducir la emisión de CO2 de estas plantas e inversiones en centrales más limpias y eficientes.
En el informe anual elaborado por la ONG se otorga este año el nefando título de central más contaminante de Europa a la planta de Agios Dimitrios y Kardia, en Grecia, seguida por Niederaußem (Alemania). En el año 2006, las 30 plantas que tienen el dudoso honor de integrar la lista emitieron 393 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale al 10% de las emisiones totales de la Unión Europea.
Para elaborar el listado, WWF utiliza los datos del registro de emisiones de la Unión Europea. Los países más ‘sucios’ son Alemania y el Reino Unido, con diez centrales cada uno incluidas en la lista, seguidos por Polonia (cuatro plantas). En cuanto a las empresas propietarias de las centrales, más de la mitad de las treinta están operadas por las compañías RWE (Alemania), Vattenfall (Suecia), EDF (Francia) y EON (Alemania). RWE y Vattenfall son además dos de las empresas más contaminantes de la Unión Europea.
“Los hechos son claros: el sector eléctrico necesita ‘jubilar’ las plantas de carbón lo antes posible”, señaló Stephan Singer, director del área de clima y energía de la organización. “Debemos mejorar en muchos aspectos para lograr alcanzar el objetivo impuesto por la UE de reducir un 30% las emisiones antes de 2020”, apuntó.
“No podemos tolerar un sector eléctrico en el que los más sucios son también los más ricos”, denunció Singer. “La Unión Europea debe tomar medidas para que sólo las empresas que apuestas por centrales ‘limpias’ son las que reciben compensaciones económicas”, destacó.
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Cumbre internacional sobre el clima en Bangkok
Todavía el coste de frenar el
cambio climatico puede salir barato. El 0,12% del PIB mundial bastaría para frenar el
cambio climatico. Las emisiones de CO2 deberían reducirse antes del 2015 para evitar consecuencias catastróficas
Todavía hay medios de sobras para luchar contra el calentamiento planetario con un coste moderado, pero debe comenzar de inmediato porque, de lo contrario, los gastos económicos se dispararán, según subraya el informe de conclusiones de la tercera reunión de este año del IPCC, el grupo de especialistas en clima a las órdenes de la ONU. En la conferencia de Bangkok (Tailandia) del pasado mes de mayo, con representantes de los 150 países participantes, estuvo consagrada a las medidas necesarias para mitigar y adaptarse al
cambio climatico. El IPCC, propone que las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero (GEI) toquen techo en el 2015 y, a partir de entonces, empiecen a reducirse.
La inversión es asumible
Reducir la producción de GEI para que las temperaturas medias de la Tierra aumenten un máximo de 2,4 grados, que es la delgada línea que separa lo posible de lo catastrófico, le costaría a la economía mundial un 0,12% del PIB anual en las próximas tres décadas. La concentración de dióxido de carbono (CO2), que hoy en día es de 379 partes por millón (ppm), llegaría a un tope de 450 ppm en el 2020 (535 ppm si se incluyen también el metano, el óxido de nitrógeno y otros GEI). Cuanto más se demoren las medidas paliativas, más se dispararán los costes, más aumentarán los perjuicios y más tardará en mitigarse el problema.
El futuro en nuestras manos
Las emisiones de GEI en numerosos países europeos, como Alemania, Francia y Gran Bretaña, han tocado techo en los últimos años, pero el IPCC asume que seguirán aumentando durante décadas en los países del Tercer Mundo como lógico resultado de su desarrollo económico. China, por ejemplo, se ha convertido en el segundo emisor mundial de CO2 detrás de EEUU, pero cada ciudadano chino emite menos de la mitad que cualquier europeo y una quinta parte que un estadounidense. El informe del IPCC invita a los países ricos a hacer un esfuerzo suplementario por este motivo.
Las medidas propuestas
Entre las medidas paliativas propuestas por el IPCC destacan las relativas a los combustibles fósiles. Se pide que se dejen de subvencionar las industrias extractoras -como el carbón- e imponer tasas por su uso: cuanto más elevado sea el precio de una tonelada emitida de CO2, más posibilidades habrá de que los productores y consumidores apuesten por tecnologías más limpias.
El informe también propugna impulsar mediante subvenciones o tarifas eléctricas la producción de energías renovables para que puedan competir con las derivadas de los combustibles fósiles. Si el precio de una tonelada de CO2 emitida fuera de entre 20 y 100 dólares, dice el IPCC, las energías limpias podrían suministrar el 35% de la electricidad mundial en el año 2030.
El informe está repleto de ideas en materia de ahorro y eficiencia. Así, propugna aumentar los impuestos en la compra de automóviles -especialmente los más contaminantes- y fomentar los híbridos, el transporte público y la bicicleta. En cuanto al ámbito doméstico, afirma que mejorar por ley los sistemas de aislamiento y calefacción y los materiales de construcción, entre otros aspectos, podría reducir el 30% de las emisiones de CO2 en el sector de la vivienda. Asimismo, propone medidas de reforestación en todo el mundo, el uso de biomasa y biocombustibles y el abandono de la incineración de basuras.
El IPCC no descarta el uso de energía nuclear, pero recuerda los problemas derivados de la seguridad y los residuos. Según los cálculos del informe, pasará de representar un 16% de la energía mundial al 18% en el 2030. “No recomendamos su uso, solo la examinamos”, insisten los redactores del informe.
La ONU propone gravar el consumo energético en función de los niveles de contaminación
Los dos últimos informes del IPCC (Panel Intergubernamental por el
cambio climatico de las Naciones Unidas) expresan con claridad la realidad del
cambio climatico y ocurre en buena medida como consecuencia de las actividades humanas. Anticipan un futuro cercano plagado de nuevas amenazas, un porvenir en que las catástrofes ambientales se volverán habituales propias de un planeta en crisis.
En respuesta a esta situación existe una campaña creciente fomentada desde el sector corporativo y los Estados, que intentan ganar simpatías y posiciones a favor de los biocombustibles (cultivos energéticos), con la creencia de que los biocombustibles son la medicina y que además aseguraría empleo, alentaría las producciones y que ayudaría a conservar el medio ambiente.
No obstante, desde hace bastante tiempo, en los países productores de la materia prima para biocombustibles (soja argentina y brasileña, palma aceitera de Indonesia y Malasia, etc.) organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando los estragos que la actual agricultura industrial y los cultivos energéticos están provocando: deforestación, despoblamiento del campo, pérdida de
biodiversidad, contaminación de las cuencas hídricas, creciente hacinamiento en las ciudades, hambre e indigencia.
Referente a lo expuesto, el sector de las Naciones Unidas dedicado a la energía, emitió el 9 de mayo un documento denunciando los nuevos riesgos a que nos arrastra someter la agricultura al servicio de los combustibles. Al parecer los técnicos y los científicos aún no consiguen ponerse de acuerdo sobre los posibles impactos y las consecuencias sociales y ambientales de una producción masiva de carburantes provenientes de la agricultura.
