La importancia del análisis de la intensidad energética

La gestión de la demanda de energía se revela cada vez más como un elemento fundamental de la política energética de un país. La reducción de la demanda permite avanzar, de la forma más económica posible, hacia los objetivos de reducción del coste de aprovisionamiento de energía, de minimización del impacto ambiental, y de incremento de la seguridad energética. Así lo reconocen la Agencia Internacional de la Energía o la Unión Europea. En particular, la Unión Europea pretende que la eficiencia energética juegue un papel fundamental en el escenario energético europeo, lo que relaciona explícitamente con sus objetivos en materia de cambio climático. En el caso español, esta reducción de la demanda de energía se considera desde muchos ámbitos como la clave para alcanzar los acuerdos internacionales en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), tanto a nivel internacional, en el marco de los acuerdos de Naciones Unidas, como a nivel europeo con las recientes directivas de control de emisiones de CO2. Puesto que el sector energético es uno de los principales responsables de estas emisiones, la reducción del consumo energético será esencial para lograr los objetivos propuestos. Por otro lado, en España, el 80% de la energía primaria utilizada es importada, cantidad que aumenta hasta el 99% en el caso del petróleo crudo y el gas. La gestión de la demanda también es esencial para alcanzar los objetivos de energías renovables impuestos por la Comisión Europea. Dado que los objetivos se miden como porcentaje de energía final, una reducción de su volumen facilita la consecución de éstos. Una buena gestión de la demanda de energía tiene además otros beneficios económicos para un país, por ejemplo en términos de competitividad o bienestar social. Todo lo anterior contrasta con el elevado aumento de la demanda energética en España durante los últimos años (cuyas razones se analizan en el informe) especialmente a partir de 1995 y con una cierta ralentización a partir de 2007, tal como se muestra en el Gráfico 1. En un contexto como éste, la reducción de demanda puede conseguirse por dos vías: reduciendo las actividades consumidoras de energía en términos absolutos, o aumentando la eficiencia en el uso de la energía por parte de las distintas actividades. Este segundo caso es el que se suele considerar más deseable porque no exige la reducción de la actividad económica, aunque puede no lograr reducciones absolutas. En términos macroeconómicos, la forma habitual de medir la eficiencia energética es a través de la intensidad energética (IE). Este indicador refleja la relación entre consumo energético y el volumen de la actividad económica y se calcula como el cociente entre el consumo energético y el producto interior bruto (PIB). Por tanto, es el inverso de la eficiencia energética, siendo necesario disminuir la intensidad para mejorar la eficiencia energética. Si se pretende reducir la demanda energética en términos absolutos, las mejoras en la intensidad energética deben ser mayores que los aumentos en el PIB (Gráfico 2).  

Conclusiones y recomendaciones

El análisis presentado en este informe sobre la evolución de la intensidad energética y sus factores explicativos ofrece interesantes pistas sobre las posibles políticas públicas que pueden aplicarse para actuar sobre el crecimiento de la demanda energética. Políticas que, en un sentido más amplio, han de interpretarse como medio para conseguir los objetivos de aumento de la seguridad energética, reducción de emisiones contaminantes, o disminución de la factura energética. El informe identifica como principales responsables de la evolución negativa de la IE española (así como de su posterior mejora desde 2006):

  • La estructura económica, en particular la construcción de viviendas e infraestructuras
  • La demanda residencial (incluido el transporte privado)
  • El mix de generación eléctrica
  • Los precios energéticos

Otros factores, como la climatología o la hidraulicidad, quedan evidentemente fuera del alcance de las políticas públicas. No obstante, en la medida en que el cambio climático puede tener consecuencias negativas sobre estos aspectos en España, habrá razones que justifiquen la intervención pública en este campo. El estudio no ha sido capaz de identificar efectos de deslocalización mediante el comercio internacional, ni síntomas claros de saturación en el consumo residencial, que puedan contribuir a explicar la evolución de la IE. Tampoco se observa en España que la contribución del consumo residencial baje al aumentar la renta, aunque sí se observa un aumento del transporte y una bajada del consumo energético de la industria. Estos factores determinan las políticas a aplicar para reducir la demanda de energía en España, siendo especialmente recomendable:

  • Dirigir la actividad económica hacia actividades de alto valor añadido y bajo consumo energético
  • Focalizar las políticas de ahorro y eficiencia energética en el sector residencial y en el transporte, por su gran incidencia en la IE española
  • Continuar en la senda actual de incremento de las energías renovables, y de sustitución del carbón por el gas en la generación eléctrica
  • Utilizar los precios energéticos como instrumento de control de la demanda.

Es recomendable poner un énfasis especial en dos de estas acciones y de forma combinada: el ahorro y la eficiencia en el sector residencial y del transporte, y la utilización de los precios energéticos. Las políticas de ahorro y eficiencia en el sector residencial y en el transporte son complejas. La dispersión y pequeño tamaño de los agentes, la poca influencia del análisis económico en la toma de decisiones, o la complejidad tecnológica, hacen que habitualmente el potencial de ahorro en estos sectores no se haya podido aprovechar adecuadamente. Puesto que las campañas de concienciación o educación solo rinden frutos en el medio y largo plazos, son necesarias políticas más agresivas para la reducción de la demanda en estos sectores. No obstante, éstas han de evitar en lo posible un efecto rebote que reduciría la efectividad de las mismas. Una posible solución para afrontar esta complejidad puede estar en la combinación de instrumentos. Por una parte, mediante la utilización de los precios energéticos como señales de largo plazo para los consumidores y también para evitar el efecto rebote. Los precios han tenido en estos últimos años, de hecho, una clara influencia en el consumo. Por otra, mediante códigos de edificación o equipamiento que permiten atajar muchos de los problemas de decisión en los consumidores. Y finalmente, mediante un desarrollo tecnológico, especialmente en el transporte, que permita ofrecer soluciones de ahorro y eficiencia a un coste razonable. Estas actuaciones, como ya se ha comentado, deben estar acompañadas de un aumento de la penetración de energías limpias en el mix eléctrico, especialmente teniendo en cuenta la cada vez mayor contribución de la electricidad al suministro energético, y de una dirección adecuada de la estructura económica del país. Finalmente cabe resaltar que la evolución positiva de la intensidad energética, experimentada en España en los últimos años, no debe invitar a la complacencia. Todavía hay un importante camino por recorrer para aproximarnos a los niveles europeos. En todo caso, esta evolución nos muestra que un cambio en la tendencia de la demanda de energía es posible si se aplican las políticas adecuadas. Este informe ha pretendido contribuir a la identificación de las mismas. Ahora es necesaria la voluntad política, junto a un buen diseño regulatorio, para ponerlas en práctica.

Acceso al informe completo, elaborado por María Mendiluce, con la colaboración de Pedro Linares, basado en su tesis doctoral “La intensidad energética en España. Claves para entender su evolución”, dirigida por Ignacio Pérez Arriaga y Carlos Ocaña.

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