Las elecciones presidenciales Brasil en 2014 fueron sin lugar a dudas un plebiscito para la gestión del Partido de los Trabajadores. La campaña electoral se trató de una clara demostración de los supuestos dos modelos de país que se enfrentaban. Por un lado el continuismo del PT, que tras 12 años en el poder (ocho de Luiz Inacio Lula da Silva y cuatro de Dilma Rousseff) prometía una rol activo del Estado, con políticas fiscales expansivas y una visión económica heterodoxa. En la vereda de enfrente, el PSDB de Aécio Neves se posicionaba como una fuerza de centro-derecha, más rigurosa que los primeros en mantener las cuentas públicas en orden, en la profesionalización del Estado y el incentivo a la actividad privada. La defensa del PSDB de un Estado equilibrado fiscalmente fue utilizada por Dilma Rousseff para atacar a Aecio durante los diversos debates preelectorales. La candidata oficial apuntaba a que la vuelta del PSDB al Gobierno significaría un regreso a las medidas de ajuste, abriendo inclusive un interrogante sobre la continuidad de las políticas sociales en caso el PT abandonara el poder.
Hoy, ya entrado el año 2015 y observando las primeras decisiones adoptadas por Dilma Rousseff en su flamante segundo mandato, se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que el debate electoral no fue una honesta representación de la realidad. La primera gran medida de la reelecta mandataria fue designar a Joaquim Levy como reemplazante de Guido Mantega al frente del Ministerio de Hacienda. Levy, doctorado en la Universidad de Chicago es un cuadro económico que si bien fue recibido con beneplácito por los mercados no necesariamente respondía a los lineamientos propuesto por Dilma en la campaña. El líder opositor Aécio Neves fue categórico en definir la designación de Levy. El Tucano sostuvo: “Es como llamar al jefe de la KGB para dirigir la CIA”.
La nueva conducción económica ha impulsado un paquete de ajustes que busca corregir los desequilibrios macroeconómicos que afectan al país. Solo a modo de ejemplo vale la pena repasar algunos números. En 2014 la suma de los estados municipales, estaduales y federales arrojaron un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros), lo que representa el peor resultado en los últimos 13 años. El Ejecutivo ha tomado nota de esta luz roja y trabaja para evitar que las cuentas continúen deteriorándose. Las medidas adoptadas en lo que va del año podrían resumirse en recortes de gastos y aumentos de impuestos. La calificación de deuda brasileña ha sido revisada a la baja en más de una oportunidad por consultoras internacionales y el temor a que los bonos soberanos abandonen la categoría “Investment Grade” no ha hecho más que acelerar la velocidad en la aplicación de los ajustes.
En la batalla por el crecimiento el Gobierno de Rousseff ha optado también por la ortodoxia económica. La expansión del PBI se encuentra estancada, con expectativas de contracción para 2015 de -0,5% y con una inflación en aumento, la cual podría superar el 7,5% en el corriente año. La tasa de interés de referencia del Banco Central (SELIC) ha subido sistemáticamente llegando hasta el 12,5% actual, mostrando el interés de la entidad monetaria en contener la inflación sobre la voluntad de reactivar el crecimiento.
Otra corrección hecha por Rousseff ha sido la autorización de aumentos en los precios de la energía, un sector que venía reclamando desde hace un buen tiempo mejores márgenes de rentabilidad para la financiación de obras. Para sorpresa de muchos, las cuentas de luz comenzaron a llegar en los hogares brasileños con incrementos de hasta el 40%, superando las expectativas más pesimistas. El Gobierno atrasó la concesión de los permisos de aumento hasta después de las elecciones, algo que sin dudas no fue bien recibido por los votantes del PT.
El escándalo de Petrobras
Si bien no se trata de un tema de estricta política económica, el delicado presente por el que atraviesa Petrobras no deja de afectar las finanzas locales. A medida que avanzan las investigaciones por el escándalo de corrupción conocido como “Operación Lava Jato” la situación de la mayor empresa brasileña no hace más que empeorar. Desvíos de dinero y pagos de sobreprecios que alcanzan tanto a directivos de Petrobras como a empresas prestadoras de servicios, políticos del PT y de otras fuerzas aliadas al Gobierno. La magnitud del sistema de corrupción descubierto en el seno de la estatal sumado a la caída internacional del precio del petróleo acabaron por derrumbar las acciones de la compañía. El valor de mercado de Petrobras es el mismo hoy que hace 10 años. Rousseff pidió la renuncia de la Presidente de la empresa, Graça Foster, quien es ahora investigada por la justicia. Para colmo de males, su sustituto en la máxima conducción de la empresa, Aldemir Bendine, no fue bien recibido por el mercado por no ser considerado un hombre especialista en el sector. El escándalo trasciende inclusive las fronteras nacionales. En los últimos años Petrobras captó multimillonarios recursos en la bolsa de Wall Street y los inversores estadounidenses han puesto la lupa en los números de la compañía. Dentro de EE UU ya existe una demanda judicial que busca que la empresa indemnice a los inversores, ya que estos basaron su decisión de compra de acciones en balances inflados. Se trata de una crisis en desarrollo que dista mucho de encontrar una resolución. El futuro de la emblemática empresa, protagonista del boom económico experimentado por el país entre 2003 y 2010, es hoy un gran interrogante.
El contexto internacional tampoco ayuda a la mayor de las economías de América Latina. La caída global de los precios de las materias primas afecta a todos los países emergentes y Brasil no es la excepción. Desde México hasta Turquía y Suráfrica. Todas estas naciones han visto devaluadas sus monedas. La depreciación del signo monetario local ha aportado algo de oxígeno a los exportadores brasileños pero, por otro lado, ha incrementado las presiones inflacionarias. Al mismo tiempo Argentina, socio de Brasil en el Mercosur y principal destino de las exportaciones industriales brasileñas se encuentra en una situación económica difícil, habiendo disminuido sustancialmente la demanda de bienes importados desde Brasil. Considerando la estructura arancelaria del Mercosur y la limitada competitividad de la industria brasileña no es fácil para los productores locales colocar los bienes que ya no demanda Argentina en otros mercados. Escenario complejo más aún en un momento en el que el propio mercado local, en las puertas de la recesión técnica, no tiene capacidad de absorber esta producción.
Este delicado escenario lentamente comienza a afectar el clima social. 2015 comenzó con huelgas y manifestaciones de carácter sectorial pero a medida que transcurren los primeros meses del año el volumen en la movilizaciones aumenta. Protestas tanto espontáneas como organizadas en la redes sociales cobran fuerza y auguran un segundo mandato en donde Rousseff deberá impulsar reformas económicas impopulares con la población en las calles. En caso la inflación continúe acelerándose y presionando el bolsillo de la clase media la tensión con este sector, el más activo y organizado, se recrudecerá. Los abultados recursos destinados a las obras de infraestructura de los Juegos Olímpicos Rio 2016 podrían eventualmente alimentar este descontento, tal cual sucediera en el período anterior al Mundial 2014.
Las prioridades de Dilma Rousseff para este segundo período en el Palacio do Planalto son claras. Estabilización de los números macroeconómicos, aún cuando esta política pueda limitar la expansión del PBI. Esto puede ser considerado acertado o equivocado dependiendo del observador, pero sin dudas no es lo que la Presidente le prometió a su electorado, es, en efecto, todo lo contrario. Mantener la estructura de alianzas políticas en el Parlamento no será una tarea sencilla para el Ejecutivo en este contexto. Las diferencias con los partidos aliados tanto por la ortodoxia del nuevo programa económico como por la amplitud en el escándalo de Petrobras lentamente salen a flote. Los últimos sondeos de opinión han mostrado una merma de 19% en la popularidad de Rousseff, cayendo su aprobación hasta el 23%. Sin duda un dato negativo en momentos en donde la cohesión de partidos aliados comienza a resquebrajarse.
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