Reaccionando preliminarmente a la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la resolución de primera instancia que declaró que el indulto otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017 no tiene efectos jurídicos, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Esta decisión representa un cierre esperado para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, por las cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Ello, tras las heridas que innecesariamente reabrió el indulto que le fue otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017. Asimismo, la decisión reconoce la lucha histórica de dichas familias, quienes llevan décadas defendiendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”.

“La Sala Penal Especial parece haber sido clara al establecer que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Señala la misma que es necesario que se establezca un régimen propio, por vía legal, para que el indulto de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el humanitario, sea revisado por un órgano judicial, y que además no permita que las decisiones judiciales queden sin sustento”.

“Finalmente, la Sala Penal Especial determinó que su análisis de incompatibilidad del indulto con las obligaciones internacionales del Estado peruano se realizó siguiendo las pautas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde Amnistía Internacional celebramos este cierre para las víctimas y continuaremos alertas y en solidaridad con ellas”.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, dijo:

“La decisión de la Corte Suprema pone fin a un injusto episodio iniciado tras el indulto otorgado a Alberto Fujimori. Hemos sido testigos de la valentía y coraje de las víctimas y sus familias en su lucha incansable por recuperar sus derechos a la justicia, verdad y reparación. Ellas nos inspiran a alzar la voz contra la impunidad y exigir al Estado hacer prevalecer la justicia por encima de cualquier otro interés.”