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Amnistía Internacional lamenta profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32) a causa del impacto de un disparo de arma de fuego, de acuerdo con el Ministerio Público, en el contexto de las movilizaciones sociales desarrolladas el pasado día 15 en Lima. Instamos a las autoridades a llevar a cabo investigaciones céleres e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional expresa su rechazo y preocupación por la reciente aprobación del dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por poner en riesgo el espacio cívico en Perú y restringir indebidamente los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia.

Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas civiles y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso.

En respuesta a la convocatoria de organizaciones sociales de todo Perú de nuevas movilizaciones en Lima, Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes.

«La prisión de Pedro Castillo es ilegal en un país sin Estado de derecho». El 10 de mayo el abogado argentino Guido Croxatto, coordinador del equipo jurídico que defiende al ex presidente peruano Pedro Castillo, golpeó a la puerta de las Naciones Unidas en Ginebra. La maratón jurídica-política a favor de su defendido lo lleva a recorrer buena parte de América Latina y varias capitales europea.

A pesar de los reiterados llamados que toda la comunidad internacional ha realizado a las autoridades peruanas de parar de una vez los ataques generalizados con marcado sesgo racista contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinas, seguimos viendo cómo la represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente.

Un nuevo proyecto de ley que se debate en el Congreso peruano podría exterminar a los pueblos indígenas no contactados del país, según alertan organizaciones indígenas y expertos que lo han bautizado como el “Proyecto de Ley Genocida”.

«No vamos a abandonar la resistencia». Lourdes Huanca, dirigente campesina y feminista.

Las autoridades peruanas deben cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país, dijo Amnistía Internacional hoy, tras la muerte de 18 personas, incluyendo un policía en Juliaca, Puno, entre ayer y la madrugada de hoy.

Reaccionando preliminarmente a la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la resolución de primera instancia que declaró que …