Se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los gobiernos y frentes políticos progresistas y populares. Se llama “lawfare” e implica usar el sistema judicial contra el enemigo en una especie de guerra judicial. No hay casualidades, esto es parte de la política de dominación para América Latina impulsada por los EE.UU. y sus agencias.
Colombia enfrenta una grave crisis de derechos humanos como consecuencia de los reiterados asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos, ante la mirada impávida de las autoridades.
El presidente Trump ha firmado hoy una orden ejecutiva en la que ordena que los niños y niñas permanezcan bajo custodia, al igual que sus progenitores, mientras se procesan sus solicitudes de asilo.
Un nuevo ataque en contra de una masiva manifestación convocada por las madres de quienes han perdido la vida como consecuencia de la violenta represión estatal en Nicaragua muestra la sistemática política de “disparar a matar” del gobierno del Presidente Ortega.
Las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas.
Las imágenes de Gaza son terriblemente preocupantes y es fundamental que, mientras la violencia sigue aumentando sin control, las autoridades israelíes controlen a su ejército y eviten que sigan perdiéndose vidas humanas y siga creciendo el número de heridos graves.
El fin del mandato de Raúl Castro como presidente de Cuba, hoy 19 de abril, representa una oportunidad histórica para revisar la situación de los derechos humanos en el país.
El gobierno colombiano debe reconocer el aumento en el nivel de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y comunidades aún afectadas por el conflicto, así como tomar medidas urgentes para protegerlas.
Las autoridades migratorias mexicanas obligan de manera habitual a regresar a sus países a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan y, en muchos casos, violando al hacerlo el derecho internacional e interno. Así lo manifiesta Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Nueva aportación de Mercedes desde España. En defensa de quienes viven con una actitud solidaria y de compromiso hacia la sociedad.
