México: El ‘Tren Maya’ debe contar con consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas que pudieran ser afectados.

Las personas condenadas a muerte deben ser tratadas con humanidad y dignidad y recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

Testimonio de Aleida Quintana, activista incansable por los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Su texto nos acerca a esta grave problemática que vive México, desde una perspectiva de género.

Amnistía Internacional estará presente hoy en una audiencia en la que se revisará si el “indulto humanitario” otorgado al ex presidente Alberto Fujimori el año pasado viola las obligaciones del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Amnistía Internacional seguirá en calidad de observador el juicio de ocho personas acusadas del asesinato en 2016 de la defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres, que comienza hoy lunes 17 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

Ante el acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, por el que se plantea una modificación de la Ley de Memoria Histórica para establecer el procedimiento para la exhumación de los restos de Francisco Franco, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España manifiesta:

La madrugada del 5 de enero de 2018, Patricia Gualinga estaba en su casa de Puyo, una población de la amazonía ecuatoriana, cuando oyó una conmoción fuera. Un hombre profería amenazas y tiraba piedras contra la vivienda.

La retahíla xenófoba –plagada de mentiras y medias verdades– contra las personas inmigrantes es larga, abrumadora, agotadora: “Hay demasiados inmigrantes, nos quitan el trabajo, acaparan las ayudas sociales, las subvenciones, las urgencias, bajan el nivel educativo, aumentan la violencia machista, prefieren vivir en guetos, se casan con españoles/as solo para obtener los papeles, sus comercios no pagan impuestos ni respetan los horarios…”.

Colombia enfrenta una grave crisis de derechos humanos como consecuencia de los reiterados asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos, ante la mirada impávida de las autoridades.

La Procuraduría General de la República (PGR) no debe procesar a las siete personas defensoras de derechos humanos que están bajo investigación por el delito de “oposición a la ejecución de obras públicas” en el pueblo de Cuetzalan, a menos de que haya pruebas contundentes en su contra, dijo Amnistía Internacional hoy.