Hace unos quince días apareció un artículo en el periódico «Heraldo de Aragón» sobre unas manifestaciones a Europa Press de una auto proclamada “Plataforma no hablamos catalán (NHC)”, en las que se acusaba a una fábrica de galletas de Santa Coloma de Farners, en Girona, de manipular la Historia. La última manipulación catalana, lo titulaban.
Durante estos meses del caluroso verano de 2015 ha aumentado, de forma considerable, el número de migrantes que desde las costas africanas o desde Oriente Medio pretenden llegar a Europa, hasta tal punto que según fuentes oficiales como Frontex, Acnur o la Organización Mundial para las Migraciones, consideran que su número se ha multiplicado por cuatro respecto a los datos del año anterior. Estamos ante un importante drama humano que no tiene parangón desde el final de la 2ª Guerra Mundial.
Ya pasó durante el conflicto que desangró África Occidental a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, cuando los ‘señores de la guerra’ luchaban en Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry para controlar los yacimientos de diamantes, utilizando los bosques y su madera como moneda de cambio.
Oxfam ha alertado, tres meses después del terremoto que sacudió Nepal, de que las mujeres viven con temor a sufrir abusos debido a la falta de seguridad y privacidad en los refugios provisionales.
Todos debemos prestar atención a los debates republicanos en los EE.UU. para alzar a tiempo la voz y, si es preciso, el grito ante la posibilidad de que los máximos representantes de los mercados, de la fuerza, de la hegemonía, de la insolidaridad… vuelvan a ocupar la Casa Blanca.
La Corte Penal Internacional (CPI) está lejos de ser el organismo global diseñado para perseguir a responsables de crímenes contra la humanidad, como prometió durante su establecimiento en 1998. La incapacidad de La Haya para castigar a genocidas se ilustra con el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien se ha paseado por África a pesar de que enfrenta una orden de arresto internacional desde hace seis años.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) a la opinión pública:
El pasado 9 de julio Greenpeace publicó un informe donde recreamos el verano que no nos gustaría que ocurriera. Un verano como el de 1994, con cientos de miles de hectáreas quemadas, espacios naturales de valor afectados, cuantiosos daños materiales y pérdida de vidas humanas.
El derecho a la vivienda viene protegido por nuestra Norma Constitucional cuando dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias (…) para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
El caso del Valle del Polochic es un claro ejemplo de acaparamiento de tierras, una tendencia cada vez más extendida en toda Latinoamérica que da lugar a desalojos, violaciones de los derechos humanos y destrucción de la forma de vida de comunidades indígenas y campesinas. Un estudio realizado por Oxfam alerta sobre la grave situación de desnutrición entre las familias de Polochic, principalmente niñas/os, y apunta riesgo de crisis humanitaria si no se toman las medidas necesarias.
